SANTIAGO GONZÁLEZ, EL MUNDO – 13/03/15
· Si el terrorista Plazaola se encontraba en libertad sin condición ni medida cautelar, tiene razón el ministro del Interior al sostener que no podía establecerse un dispositivo de vigilancia policial porque tenía plena libertad de movimientos y habría sido ilegal limitársela o vigilarle. Vivimos en un Estado de Derecho y los únicos que llaman a nuestra puerta a las tantas son, o bien el cartero (dos veces) o el lechero, que es de natural menos insistente y le basta con una.
O sea, que no cabe imaginar que la Policía controle a nadie, aunque se esté esperando la resolución judicial que lo lleve a prisión. O que, en otro orden de cosas, graben por propia iniciativa conversaciones de los vicepresidentes autonómicos. El ministro del Interior se pone muy enfático con estas cosas, recuerden cuando justificó la excarcelación de Bolinaga porque, si no, habría incurrido en prevaricación. Ésta es una falacia inspirada por Rubalcaba, que explicó lo de Iñaki de Juana por razones de humanidad y por razones legales, confundiendo lo que la ley nos permite hacer con aquello que nos obliga a hacer.
Lo que pasa con este asunto es que la responsabilidad principal no es del Ministerio, aunque también pueda caberle alguna. Hay precedentes. El 15 de mayo de 2013 un millar de batasunos se agruparon en un muro popular en Ondarroa para impedir a la Ertzaintza la detención de Urtza Alkorta, en busca y captura por una condena a cinco años ratificada por el Supremo. Después de un par de días, 300 ertzainas rompieron el muro y detuvieron a Alkorta, así como a varios protectores que, año y medio más tarde, eran condenados a un año de prisión.
Comparado con el de Ondarroa, el muro popular de Oñate, medio centenar de voluntariosos abertzales, era la sencilla barda de un corral. Es rigurosamente impresentable que, apenas aprobada la resolución por el Tribunal Supremo, la noticia se filtrara a los medios al filo del mediodía. He aquí una condición necesaria que el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha prometido investigar. Luego está lo de los tiempos. Cómo es posible que la orden del Supremo tardara cuatro horas en llegar a la Audiencia y las Fuerzas de Seguridad del Estado no recibieran la orden de detención hasta las nueve menos cuarto, y que, para más ludibrio, la secretaria judicial no estuviera en Bergara y hubiera que ir a buscarla a Vitoria, por lo que la Policía no pudo entrar en casa del terrorista hasta pasadas las once de la noche.
Ya no estaba, claro, y se desconoce su paradero. Podría estar en Francia, pero también podría haberse ocultado en otra vivienda del inmueble. El juez no dio permiso para registrar otros pisos y el ministro Fernández no permitiría la menor licencia a las FSE, a ver si se creen que esto es Hawai 5-0.
En todo caso, y por si el terrorista se hubiera abierto en algún coche desde el garaje del edificio, sugiero al ministro, con el debido respeto, un truco perfectamente legal para otra vez: control de alcoholemia en cada extremo de la calle, so pretexto de que «me han dicho que en este pueblo bebéis mucho».
SANTIAGO GONZÁLEZ, EL MUNDO – 13/03/15