EUROPA PRESS 24/03/14
Al eximir a la banda de su responsabilidad
· Señala que los procesos que abocan a la impunidad total o parcial de quienes violan los Derechos Humanos no han pacificado ningún conflicto
Las propuestas de los mediadores no sirven
«Tales ‘mediadores’ han invocado siempre la existencia de una serie de pautas, de reglas universalmente aplicables a todo ‘proceso de paz'», pero «han pasado por alto, deliberadamente, las realidades que hacen excepcional el terrorismo de ETA», ha señalado. Esas especificidades son, según la fundación, que España es «una democracia consolidada»; que la respuesta de la sociedad al terrorismo «no ha sido nunca violenta», por lo que no se puede hablar de un «conflicto civil»; y que «la única violación sistemática de Derechos Humanos en España» es la que ha cometido ETA con su acción criminal. Pero estos factores son «ignorados constantemente» por los miembros de la CIV, que «persiguen una ‘mediación’ totalmente dañiña para los intereses de la sociedad, a la que se desea forzar a una negociación con quienes violan sistemáticamente los Derechos Humanos», ha lamentado. A su juicio, el diálogo que reivindican los mediadores «oculta la verdadera realidad en torno al terrorismo» y pretende «eximir a ETA de sus responsabilidades». En este sentido, ha advertido de que la facilitación de procesos que «abocan a la total o parcial impunidad de notorios violadores de Derechos Humanos no ha pacificado de forma auténtica ningún conflicto en ninguna parte del mundo».
ETA sólo puede ser derrotada
Por eso, en los debates que se desarrollen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Fundación para la Libertad insistirá en la idea de que el final de ETA «solo puede ser uno», que es «la derrota de los terroristas y la victoria del Estado de Derecho», y en que «están de más todas las recetas» que proponen los mediadores para el País Vasco porque son remedios pensados para «lugares donde el Estado ha desaparecido». También advertirá de que ETA pretende someter a la sociedad y al Estado a «un último chantaje» que consiste en «posponer su desaparición, condicionándola a la obtención de determinadas concesiones» que, si se produjeran, llevarían a los terroristas a «descubrir la rentabilidad de mantenerse en activo». Así, la fundación explicará la importancia de exigir el respeto al ordenamiento jurídico en la derrota del terrorismo, de manera que «la democracia quede fortalecida y no en entredicho» ante la «propaganda» de la banda y sus aliados, y de que no haya «impunidad» para los criminales.