EL CORREO 03/10/14
La decisión marco europea del 27 de noviembre de 2008, que ahora se está asumiendo en España, se encuentra en vigor en Francia desde agosto de 2013. Desde entonces las autoridades francesas han manifestado a sus homólogas españolas su plena disposición a utilizar el nuevo instrumento tanto en asuntos de terrorismo como de delincuencia común.
En el debate parlamentario, la diputada socialista Colette Capdevielle hizo valer que, «en mi calidad de electa del País Vasco, soy especialmente sensible a este nuevo texto pues la cuestión del acercamiento de los presos a su lugar de vida es recurrente y está justificada por el mantenimiento de lazos familiares, sociales y culturales». «La toma en consideración de este aspecto es fundamental para prevenir la reincidencia, humanizar las condiciones de detención y dar un sentido positivo a la ejecución de la pena», añadió la política, que predica en las altas esferas del socialismo gobernante en París la causa del acercamiento de los reclusos.
El Ejecutivo francés quiere evitar, en todo caso, una escenificación masiva de movimientos colectivos que pudieran desvirtuar un avance suplementario en la conformación del espacio judicial europeo. París pretende atenerse a un cumplimiento estricto de la legislación como ha hecho con la aplicación del Convenio Europeo sobre Traslado de Personas Condenadas, la anterior vía explorada en estos supuestos.
Hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983 y ratificado un par de años después por los Estados español y francés, este acuerdo exige el consentimiento expreso de la persona afectada. «Aunque lo lógico en una perspectiva de reinserción es que un preso quiera cumplir la pena en su país de origen, lo curioso es que con tantos etarras en Francia casi nunca pedían el traslado a España», comentan fuentes judiciales galas.
Entre las contadas excepciones que se acogieron a esta vía voluntaria de repatriación figuran los exdirigentes Juan Carlos Iglesias Chouza, ‘Gadafi’, y Xabier García Gaztelu, ‘Txapote’, trasladados en septiembre de 2005 y diciembre de 2007, respectivamente. También se ampararon en el convenio de Estrasburgo Julia Moreno Makuso, Manex Zubiaga Bravo y Asier Arzalluz Goñi.