JOAQUIM COLL – EL PAIS – 28/07/16
· El objetivo del separatismo catalán es forzar la realidad hasta adaptarla a sus deseos.
Sorprende mucho que, en los últimos meses, sobre todo fuera de Cataluña, se considere que el proceso secesionista haya perdido gravedad. No se sabe qué tipo de análisis permite llegar a la conclusión de que ahora mismo es posible sacar a los partidos soberanistas del limbo para que sean actores útiles en la formación de nuevas mayorías parlamentarias, como dejó caer Pedro Sánchez en una reunión a puerta cerrada del grupo socialista.
El guante fue recogido poco después por el portavoz del PP, Rafael Hernando, que desveló el pacto “secreto” que se había producido para la elección de la nueva mesa del Congreso. No solo se mostró a favor de conceder grupo parlamentario a la nueva CDC, sino que sugirió el posible retorno de los convergentes a los principios constitucionales. ¿De qué otra forma podían los populares olvidar tan pronto sus afirmaciones contrarias a cualquier tipo de negociación con fuerzas que no respetan la soberanía nacional si no fuera cierta esa posibilidad?
Por tanto, hemos de concluir que PP y PSOE consideraban hace solo unos días que la tensión secesionista en Cataluña estaba remitiendo hacia playas más tranquilas. Y eso permitía empezar a tratar de forma diferente a los convergentes, cuya fama de tenue fe separatista y de estar dispuestos a sostener la gobernabilidad sigue siendo asombrosamente alta en determinados círculos de poder madrileños.
Para mayor paradoja, eso sucedía la misma semana que el Tribunal Constitucional estimaba, por unanimidad, el incidente de ejecución presentado por el Gobierno contra la creación de la comisión del Proceso Constituyente del Parlamento catalán, por considerar que desarrolla la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015, anulada en su totalidad. Dicha comisión había acelerado sus trabajos y se disponía a votar las conclusiones que habían pactado JxSí y la CUP en el pleno de esta semana.
El oportuno y rotundo aviso del TC sirvió para que la mesa de la cámara catalana decidiera no incluir en el orden del día esa votación, pero solo como una forma de traspasar su responsabilidad al Parlamento. Finalmente, la presidenta Carme Forcadell, haciendo caso omiso de su obligación de impedir la tramitación de esas conclusiones, admitió ayer la petición de los dos grupos independentistas amparándose en el reglamento. Se trata de un gesto de rebeldía que podría acarrear graves consecuencias para la segunda autoridad catalana.
El independentismo está obligado a intentar imponer un relato plebiscitario.
La lectura atenta de los 11 puntos de la comisión del Proceso Constituyente no deja lugar a dudas: se anuncia un golpe al sistema democrático. Pese a su falta de legitimidad, el separatismo está decidido a ir hasta el final. El objetivo es forzar la realidad hasta adaptarla a sus deseos. El camino que va a intentar recorrer está trazado: aprobación de las leyes de desconexión, que no serían susceptibles de “control, suspensión o impugnación” por ningún tribunal, se afirma en el punto 7 de las conclusiones; y de un “mecanismo unilateral para activar la convocatoria de una asamblea constituyente”.
A partir de ahí, las decisiones del nuevo poder serían de “obligado cumplimiento para cualquier persona física o jurídica”, mientras se elabora y vota la Constitución catalana. No hay duda de que se trata de una fantasía absolutista, cuyo intento de materialización supondría un auténtico salto en el vacío, tal como criticó con dureza el dirigente de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, partidario de impulsar un debate ciudadano para repensarlo todo, pero contrario a la vía predeterminada y unilateral de las conclusiones. La buena nueva es que la retórica constituyente de los socios de Pablo Iglesias en Cataluña no está confluyendo con el separatismo, pues ambos grupos han entrado en línea de colisión en la lucha por la hegemonía. Y ello pese a que el resultado del 26-J supuso la derrota del referéndum legal propuesta por En Comú Podem.
Sabemos que en 2017 habrá nuevas elecciones y que el independentismo, aunque agotado y dividido, está obligado a intentar imponer de nuevo un relato plebiscitario, ahora en forma de convocatoria constituyente. Puede que Carles Puigdemont sucumba a la idea de celebrar entretanto un referéndum unilateral, propuesta que apoya un importante sector del secesionismo, incluida la ANC. Podría así blindarse el apoyo de la CUP en la moción de confianza que debe superar en septiembre. Sea como sea, sabemos que el choque con la legalidad constitucional es inevitable. Convendría que PSOE y PP dejaran atrás las ganas de engañarse para afrontar ya ese escenario con todas sus consecuencias.
Joaquim Coll es historiador y vicepresidente de Societat Civil Catalana.