La prudencia y la discreción son dos de las virtudes por lo general más apreciadas entre quienes desarrollan su actividad profesional en el ámbito de la Justicia. Estas, junto al mayor grado de independencia posible, debieran ser también propiedades exigibles a aquellos que aspiran a ocupar puestos de grave responsabilidad, que señalan víctimas y victimarios, evalúan la gravedad de hechos presuntamente delictivos y fijan los criterios a partir de los cuales aplicar las medidas de reparación a los que los han sufrido.

Si hablamos, además, del “derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra y la Dictadura”, la selección de los “expertos” encargados de tan digno cometido debiera ser el resultado de un muy exigente examen de idoneidad que descarte la imprudencia, el protagonismo excesivo y la notoria parcialidad en quienes han de manejar materia tan sensible y, por desgracia, tan frívolamente utilizada hasta ahora como instrumento de polarización. Salvo que lo que se pretenda sea precisamente eso, extender aún más la contienda social.

El Gobierno despejaba cualquier duda sobre sus intenciones cuando el pasado miércoles supimos que Baltasar Garzón era el elegido para presidir la pretenciosamente denominada “Comisión de la Verdad”, cuya tarea consiste, según la nota oficial, en “sistematizar el conocimiento existente y profundizar en aquellos aspectos menos investigados de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura”. Si es ya revelador que entre los veinte elegidos para tan delicada y compleja tarea no haya ni uno solo de los historiadores que más información reciente han aportado sobre la violencia desplegada por unos y otros, antes, durante y después de la guerra, lo que resulta definitivo para desconfiar de las intenciones finales de la iniciativa es el nombre de su presidente.

¿No había otra persona más discreta, prudente e imparcial, con mayor prestigio académico, jurídico y científico, para presidir este órgano de dudosa utilidad? ¿No había, incluso entre el resto de componentes de la comisión, una persona cuyo currículo no contribuyera a acrecentar la sospecha de que estamos ante una nueva maniobra de confrontación política, de apuntalamiento del muro? ¿No había un perfil de trayectoria menos reñida con el respeto a la coherencia, a la lealtad, al rigor profesional y a la verdad que el de Garzón?

¿Tú crees que Baltasar es un buen juez?

En Pasos perdidos. Confesiones en carne viva (Temas de Hoy), otro exjuez, Javier Gómez de Liaño, compañero durante años de Garzón en la Audiencia Nacional, reproduce una conversación, noviembre de 1998, con la fiscal María Dolores de Prado:

-¿Tú crees que Baltasar es un buen juez?

-Verás, a mí me parece que Baltasar podía haber sido un buen juez de haberse dedicado a ser juez, que es a lo que todos aspiramos o debemos aspirar, y si se hubiese dedicado a estudiar, pero da la impresión de que no ha querido ni lo uno ni lo otro o que lo ha querido pero no ha podido por ser superior a sus fuerzas.

La charla de la pareja traía cuenta de lo acaecido un año u medio atrás. Estamos en los primeros días de marzo de 1997. A Gómez de Liaño le había tocado en suerte instruir el llamado caso Sogecable, un asunto jurídicamente complejo que llevó a que el editor y el director de El País, Jesús Polanco y Juan Luis Cebrián, visitaran muy a su pesar la Audiencia Nacional. Gómez de Liaño reproduce en el libro este intercambio de pareceres con Garzón:

-Javier, ¿a qué esperas?

-Baltasar, ¿a qué te refieres?

-¡Joder, pues que Polanco y Cebrián tenían que estar ya en la cárcel!

-¡Calma Baltasar! Primero habrá que saber qué ha pasado.

-¡Coño! ¿Qué va a haber pasado? Pues que se han quedado con más de veinte mil millones.

El 5 de julio, Cebrián recusaba a Gómez de Liaño. Este abrió trámite y dejó en manos de su sustituto, Baltasar Garzón, la decisión sobre el incidente procesal planteado por el periodista. “Estaba seguro -escribe Liaño- de que la recusación no podía prosperar. La ley y la jurisprudencia eran claras y a las primeras de cambio el fiscal pidió que se desestimase por infundada, se condenase a costas al recusante y se le impusiera una multa de 100.000 pesetas por temeridad y mala fe” (págs. 285-286). Mais, ¡oh surprise!

Estrella de la televisión

Unos meses después. Septiembre de 1997: en un auto Garzón admite la recusación y acusa a Gómez de Liaño, a los fiscales Gordillo y Márquez de Prado, al magistrado Joaquín Navarro y al abogado Antonio García-Trevijano, con las consecuencias conocidas, de formar una “trama para abrir el caso Sogecable, mantenerlo artificialmente y perjudicar al grupo Prisa”. ¿Qué pasó entre marzo y septiembre de aquel año? Una parte, solo una parte, la cuenta Liaño en su libro, un relato que desnuda como ningún otro que yo conozca al presidente de la “Comisión de la verdad”, y por eso lo traigo aquí.

De Garzón se podrían contar episodios menos conocidos, pero bastan los que, como el anterior, ya forman parte de su polémica biografía para cuestionar su idoneidad. Los que le han tratado hablan de un juez «resultadista» cuya “elasticidad” de criterio jurídico, en sus comienzos en la Audiencia Nacional, desplazaba a un segundo plano en no pocas ocasiones las garantías procesales, y cuyo turno de guardia, también alguna que otra vez, esperaban pacientemente las Fuerzas de Seguridad para judicializar según qué asuntos. No era el único, también es verdad.

Un juez al que un día la Policía decidió convertir en una estrella de la televisión subiéndolo en un helicóptero para que fuera la cara visible de la lucha contra la droga en Galicia. Una estrella encumbrada por la serie “Fariña”, pero cuya imagen años después desmontó en parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al cuestionar sus métodos y resolver que las escuchas telefónicas a Sito Miñanco, ordenadas por Garzón, violaron el derecho a la intimidad del reo. El TEDH condenó a España a indemnizar al narcotraficante. Un borrón que en cualquier caso no interrumpió una prometedora carrera, y que, al no tener mayores consecuencias de índole disciplinaria, animó a nuestro héroe anti droga a perseverar en el hábito de una muy fructífera heterodoxia.

¿Ejemplaridad indubitada?

Hasta que, por similares causas, en concreto por ordenar ilegalmente la grabación de conversaciones entre internos y sus abogados en el «caso Gürtel», el Tribunal Supremo lo condenó en 2012 por un delito de prevaricación, apartándolo de la carrera judicial. Garzón recurrió al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos inadmitieron de plano sus recursos.

El largo trayecto que va de Miñanco a la Gürtel está lleno de episodios, digamos, polémicos. Por ejemplo, metió en la cárcel a Amedo y Domínguez como organizadores de los GAL, para después entrar en política y pasar aviso de que ambos policías estaban muy nerviosos. Vamos a dejarlo ahí. Dejó la política al no cumplirse sus ambiciones y desempolvó un sumario, el del secuestro de Segundo Marey, que previamente había dejado dormir en el cajón, seguramente por olvido, y que habría prescrito de no ser porque la Fiscalía corrigió el “descuido”.

Hoy Baltasar Garzón gestiona un provechoso despacho que ha defendido a personajes, ¿ cómo decirlo?, poco familiarizados con los derechos humanos. Nada que objetar, pero interesante. Lo que es objetable es que alguien como Garzón sea la persona de ejemplaridad indubitada que se requiere para, como dice la nota del Gobierno, consolidar “una memoria democrática basada en el rigor, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas”. Más bien lo que la controvertida elección parece buscar, de cara a la recta final de la legislatura, es el mayor impacto mediático posible de una visión parcial y divisiva de nuestra historia reciente. Y para eso sí; para eso han elegido a la persona apropiada.