Editorial-El Español

Una vez cerrado este jueves el acuerdo de paz para Gaza de Donald Trump, a Pedro Sánchez se le ha agotado definitivamente la gallina de los huevos de oro de la causa propalestina.

Viene agitando esta bandera en los últimos meses para galvanizar a su deprimido electorado con la única épica que podía movilizarlo.

Cada vez son más los indicios que apuntan a que Sánchez ha entrado en modo preelectoral, alentado por algunas encuestas sesgadas que inflan al PSOE y empujado ante el escaso futuro que le espera a una legislatura abocada a la parálisis o a la turbulencia.

Y una vez Gaza ha salido del campo de juego, el presidente necesita nueva munición con la que alimentar su estrategia de campaña predilecta: azuzar la polarización armando escándalo en torno a materias divisivas.

El cebo elegido ha sido la polémica del aborto, desatada a raíz de la torpeza del PP al secundar (para luego retractarse) una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, que pretendía obligar a informar a las mujeres que quieran abortar de un supuesto síndrome post-aborto.

Consciente de que este tema le brinda una oportunidad para actualizar su discurso del «muro», hermanando el centroderecha del PP con la ultraderecha de Vox, Sánchez salió al paso de la controversia anunciando que promoverá la constitucionalización del aborto. Y requirió a los presidentes autonómicos de Madrid, Aragón, Baleares y Asturias que aprobasen el registro de médicos objetores de conciencia que marca la ley.

El problema es que este último asunto no es más que una polémica artificial.

Y no sólo porque Feijóo haya aclarado este jueves en un comunicado que su postura es la de «garantizar siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica».

Sino porque Sánchez está fabulando sobre la presunta intención de Isabel Díaz Ayuso de «volver a los viajes clandestinos a Londres», tal y como ha tuiteado después de que la presidenta se negase a «hacer una lista negra de médicos» que les «señale» por negarse a practicar un aborto.

Es cierto, no obstante, que Ayuso se equivocó al usar la expresión «váyanse a otro lado a abortar». Cuando, a tenor del contexto de su discurso, lo que quería decir era, claramente, algo así como «váyanse a la porra con la demagogia sobre el aborto».

Dicho lo cual, Sánchez omite interesadamente que la Comunidad de Madrid financió el 73% de los 21.000 abortos que se practicaron el año pasado en Madrid. Y que financia la totalidad de abortos que se solicitan, aunque se practiquen en la sanidad privada.

Además, las estadísticas oficiales arrojan que hay otras comunidades donde también se practica la inmensa mayoría de los abortos en centros privados, como Andalucía (PP), Castilla la Mancha (PSOE), Extremadura (PP) o Asturias (PSOE).

Una distribución que, al contrario de lo que pretende Sánchez, no tiene nada que ver con la ideología, sino con el tipo de sistema del que está dotado cada comunidad autónoma para estas intervenciones según sus medios técnicos.

La realidad es que a nadie se le niega el aborto en España, y tampoco en Madrid.

Lo cual no obsta para, en paralelo, darle la razón a Ayuso cuando lamenta que más de 100.000 abortos anuales reflejan «un fracaso como sociedad», cuando se supone que contamos con medios e información suficiente para evitar embarazos no deseados.

Pero dado que el aborto no está en ningún caso amenazado en España, sólo cabe concluir que Sánchez está inflando con bulos y tergiversaciones esta tradicional causa izquierdista para usarla como arma arrojadiza contra el PP, como ya demostró al emplearla contra Feijóo en la sesión de control del miércoles.

Y todo ello con unas formas arrogantes y faltosas, en la línea del agresivo estilo tuitero de Óscar Puente, que dejan un ambiente irrespirable de zafiedad y demagogia.

Con toda seguridad, cuando también amaine esta querella, Sánchez recurrirá a la última baza que se guarda: el comodín de Franco, revitalizando el languideciente año de actos conmemorativos por el cincuentenario de la muerte del dictador. El próximo señuelo propagandístico del Gobierno ya calienta en la banda.