Respecto al supuesto cobro de comisiones por parte del hermano de la presidenta, la respuesta de Génova es sin embargo la contraria: «No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Que demuestre ella que es inocente».

El problema de Pablo Casado y Teodoro García Egea no es ya que aleguen presunción de inocencia para ellos y presunción de culpabilidad para Isabel Díaz Ayuso, a la que exigen un imposible (como bien sabía la Inquisición, que por algo bautizó esta figura jurídica como probatio diabolica).

El problema es que, en el momento de escribir esto, el único que ha dimitido a raíz de este escándalo ha sido Ángel Carromero. Y no por haber participado en el supuesto tráfico de influencias por parte de la presidenta, sino por haber intentado espiarla.

Dicho de otra manera. El único indicio existente en estos momentos de que una de esas dos acusaciones es cierta apunta a la culpabilidad de Génova, no a la de Ayuso.

En realidad, a Carromero le han dimitido. Y ese dato por sí solo insinúa que el control marcial que Teodoro García Egea ejerce sobre el partido ha empezado a resquebrajarse.

Si José Luis Martínez-Almeida se ha cansado, o no, de servir como ariete involuntario de Génova contra Ayuso está todavía por ver. Pero que la dimisión de Carromero no era lo que deseaba Génova es una obviedad. Porque Carromero era uno de los ejecutores de Teodoro García Egea (y no de Almeida como dicen algunos medios).

Cuanto más desapercibida pase esta dimisión en los medios, mejor para Casado y Egea, a los que siempre quedará la excusa de decir que ellos se limitaron a poner en marcha una investigación interna de rutina y que Carromero, como buen mandado que tanto le debe al partido, se entusiasmó de más por exceso de celo.

El problema es que eso también apunta a la culpabilidad de Génova. Porque si la dirección de Génova tenía indicios de la culpabilidad de Ayuso, ¿qué hace poniendo en marcha una investigación interna en vez de entregar esos indicios a la Fiscalía? ¿O es que en España existen dos sistemas de justicia, el legal y el que se arroga el Partido Popular para la investigación interna de los suyos?

¿Y por qué Casado y Egea deciden arrancar una investigación por su cuenta y riesgo sin ponerlo en conocimiento de la Junta Directiva Nacional?

¿Es normal en el PP que su presidente y su secretario general decidan investigar (sin encomendarse a nadie) a un miembro del PP con el que, además, existe un conflicto de intereses claro y público en la batalla por la presidencia del partido regional?

Esta misma mañana, entrevistado por Carlos Herrera en la Cope, Pablo Casado ha vuelto a negar tener ninguna prueba documental de las acusaciones que vierte sobre Isabel Díaz Ayuso, aunque tampoco ha expresado ninguna duda acerca de su verosimilitud.

Sí compro el argumento de que la presidenta debe por supuesto aclarar todas las dudas que pesan sobre el contrato del que supuestamente se benefició su hermano. Y, sobre todo, responder a la pregunta de en qué consistió el trabajo exacto que realizó su hermano y por el que cobró esa comisión.

Porque por más que el hermano de Díaz Ayuso haya sido comercial durante casi tres décadas de su vida, este contrato, precisamente este, en plena pandemia y con los controles y los requisitos de concesión rebajados al mínimo por parte de todas las administraciones españolas, era el único del que debería haber pasado turno.

En el mejor de los casos, todo será legal, pero feo y ventajista. En el peor, habrá habido connivencia.

Resulta también difícil saber cuáles eran esos indicios que hicieron pensar a Génova que la presidenta Ayuso había cometido una ilegalidad. ¿Por qué Génova no los ha enseñado todavía? Ayer jueves era el momento, pero Teodoro García Egea se limitó a anunciar la bagatela de la apertura de un expediente disciplinario a Ayuso.

Pero ¿de dónde sale esa cifra de 280.000 euros de comisión de la que habla Génova? ¿Dónde está el documento que la demuestra? Y, sobre todo, ¿cómo conoce el PP esa cifra si la única manera de acceder a ese tipo de información privada de los ciudadanos es por medio de una orden judicial y a través del Ministerio de Hacienda?

Este es el análisis jurídico del escándalo. El político es todavía más sencillo. El PP se divide entre quienes acumulan votos y quienes acumulan poder.

Los primeros son Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Juan Manuel Moreno Bonilla, Alfonso Fernández Mañueco y etcétera.

Los segundos son Pablo Casado y Teodoro García Egea.

Lo que estamos viendo ahora es sólo una de las batallas, la más cruenta, de una guerra mucho mayor: la que ha emprendido la dirección del partido contra aquellos que deben propulsar a Casado a la Moncloa. Porque no hay barón popular, moderado o radical, casadista o sorayista, que no haya sufrido los embates de Génova.

Y sólo hace falta recordar la filtración del audio de Juan Marín en Andalucía para comprenderlo. Una filtración (por orden de Génova) cuyo objetivo era forzar a Moreno Bonilla a convocar unas elecciones anticipadas que le convenían a Casado, pero no a él.

O la convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León, una decisión de Génova en la que Mañueco apenas ejerció de motorista con sobre y que ahora debe ver cómo a esos fallidos comicios se añade una política de pactos decidida desde Génova en contra de sus deseos (lógicos) de ser presidente. Una política de pactos para la que existen argumentos a favor, y en EL ESPAÑOL hemos hablado de ellos, pero que es obvio que arriesgan la presidencia de Castilla y León a cambio de un incremento de las posibilidades de Pablo Casado de acceder a la Moncloa. En el mejor de los casos, se sacrifica un pájaro en mano por cientos de desideratums volando.

Estratégicamente, esta guerra declarada por la potestas contra la auctoritas es suicida. Pronto veremos a Vox posicionarse como el primer partido de la derecha en los sondeos y a Pedro Sánchez eternizarse como presidente del Gobierno.