Todo manual político de crisis aconseja en primer lugar negar el problema o considerarlo poco relevante. Como hay veces, el apagón del lunes por ejemplo, en que esto no es posible conviene buscar de inmediato un culpable, preferiblemente ajeno o adversario, y si tampoco esta segunda medida resulta fácil el prontuario recomienda prometer una investigación para depurar responsabilidades, que naturalmente deberán diluirse si son propias o en todo caso llegar muy tarde, cuando la gente haya olvidado el asunto o esté preocupada por otros más apremiantes. En esta fase está ahora Sánchez, ocupado en mantener abiertas varias hipótesis, incluida la del sabotaje, mientras su laboratorio de propaganda y frases intenta construir un relato aceptable.

Como la teoría del ciberataque parece complicada de sostener después de que la UE y Red Eléctrica lo hayan descartado, el presidente comenzó ayer a señalar a los «operadores privados» como causantes y eventuales paganos del fallo. En ese concepto incluyó a Redeia, participada por el Estado en un veinte por ciento que le da derecho a nombrar presidenta a una exministra ajena al sector y remunerada con medio millón al año. El Gobierno ve venir un debate muy antipático, más aún que el de la negligencia o la chapuza técnica, complicado de esconder bajo el novelesco misterio de la desaparición repentina de los ya famosos quince gigavatios. Y es el del peso de las energías renovables en un mix desequilibrado.

Ese peso de las energías eólica y fotovoltaica, cuyo flujo no es manejable, procede de la época de Zapatero y ha ido aumentando con el tiempo. Y hay indicios, por ahora sólo indicios, de que un exceso de producción pudo tener algo que ver en el ‘cero’ que paralizó todo el servicio eléctrico. Existían avisos de desconexión desde el mes de febrero, y fue la misma Redeia, ay, la que advirtió del riesgo aunque a posteriori se viese obligada a descartar la posibilidad de un colapso para frenar el revuelo. También Repsol había dado cuenta la semana pasada de un incidente operativo que envió su refinería de Cartagena a negro. Como mínimo había síntomas, apercibimientos de amenaza, y se desoyeron.

Ahora la prioridad del Ejecutivo consiste en eludir las consecuencias; si no puede achacar el desastre a una mano negra lo descargará sobre las empresas energéticas. Pero más adelante tratará de sacar provecho para apuntalar su estrategia, y cuenta al respecto con el argumento (razonable) de la necesidad de invertir en infraestructuras como parte de la política de defensa. Ojo a la idea, ya acariciada por Felipe González, de una nacionalización completa o parcial del sistema, bien mediante ley directa, en principio poco compatible con las directivas europeas de libre competencia, o a través de la toma de participaciones financieras. Y esos malditos gigavatios en fuga se van a enterar cuando aparezcan.