EDITORIAL EL MUNDO 02/04/14
Sólo desde el interés partidista se puede tratar de hacer pasar la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la declaración soberanista del Parlamento catalán como un espaldarazo al referéndum independentista. Eso es lo que intentó hacer ayer la Generalitat de Cataluña revistiendo esa sesgada interpretación con un dictamen elaborado por su Institut d’Estudis Autonòmics.
La prueba definitiva de que la resolución del Constitucional no da carta de naturaleza al proceso secesionista la encontramos en la reacción que ésta causó en CiU y ERC la semana pasada, cuando fue publicada. El portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, dijo que era una sentencia hecha por «agitadores políticos que han atizado la catalanofobia» y que no le merecía «ningún respeto». Pere Aragonés, diputado republicano, también cuestionó la legitimidad de los magistrados, «doce personas escogidas a dedo por los partidos», dijo con desdén. Hoy, aquellas personas sumisas a la voluntad de los partidos nacionales han pasado a ser, por una extraña pirueta, las garantes de la consulta. Pero ese cambio de posición revela, también, que Artur Mas busca alguna salida posible en el callejón en el que se ha adentrado, consciente de que se le van cerrando todas las puertas.
Mas se agarra a la declaración del Tribunal de que en España pueden defenderse posiciones contrarias a la Constitución dentro de los cauces establecidos legalmente, para convertir esa afirmación en «un sólido amparo jurídico a las actuaciones desplegadas por las instituciones catalanas para hacer efectivo el derecho a decidir» y en un aval de «legitimidad» a sus iniciativas «ante las instancias estatales y de la propia comunidad europea e internacional». Dado que el Constitucional reconoce también el «derecho a decidir» como aspiración política, Mas intenta convertir ahora el referéndum ilegal del 9 de noviembre en una simple consulta preparatoria para dar pasos hacia la independencia de Cataluña por las vías legales; esto es, cambiando la Constitución.
Estamos, pues, ante un giro posibilista que aleja a CiU de las posiciones de ERC. Seguramente pensando en sus socios republicanos, y para evitar que se les echen encima, Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, dijo ayer que si en la consulta «sale independencia» sería difícil no atender la decisión del «pueblo catalán».
Hay que recordar que cualquier convocatoria de referéndum consultivo tiene que contar con la autorización preceptiva del Gobierno. También, que una consulta como la aprobada por el Parlamento catalán en la que se plantea algo como «¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado?» y «¿quiere que este Estado sea independiente?», altera los principios constitucionales y, por tanto, es contraria a la ley. El presidente catalán se ha dado cuenta de que no va a poder llegar mucho más lejos por ese camino y pretende cambiar de rumbo sin que se note demasiado. Dado que es consciente de que no puede forzar una vía no prevista en la Constitución para modificar el statu quo, busca una rectificación airosa: una consulta no vinculante, posiblemente con otras preguntas. Ese giro de Mas, que supone renunciar al desafío independentista, es un punto de partida sobre el que el Gobierno puede empezar a negociar.