Viene a cuento preguntarse cuál es el sentido de la justicia con que el PSOE ejerce la magnanimidad hacia los artífices del ‘procés’ —13 años de cárcel, en el caso de Junqueras— y sentencia a la muerte civil a Plácido Domingo, etiquetándolo arbitrariamente como agresor sexual y reclamando vehementemente en el Congreso que se le borre del mapa. 

Borrársele del mapa quiere decir que el grupo socialista ha promovido una proposición no de ley cuyo mandato urge a suprimir las calles y espacios públicos que reconozcan la gloria del cantante, igual que debe ocurrir con los demás agresores sexuales “condenados y confesos”. 

No es el caso de Domingo. Ni ha sido condenado ni ha confesado agresión sexual alguna, aunque semejantes evidencias no contradicen la campaña de exterminio a medida que le han organizado PSOE y Unidas Podemos enfatizando la ferocidad de un proceso paralelo y justiciero.

Procede recordar que Domingo no ha sido acusado ni juzgado en los tribunales. Ni siquiera la investigación abierta en la Ópera de Los Ángeles concluía que hubiera aprovechado su cargo de sobreintendente para administrar favores o represalias. Hubo varias mujeres que denunciaron el comportamiento impropio del cantante en el teatro californiano, pero las “acusaciones” —casi todas anónimas y relativas a episodios presuntamente sucedidos hace 20 y 30 años— nunca trascendieron más allá del ámbito mediático ni se definieron como agresiones sexuales. 

No importa. El escarmiento que sobrevino hace casi dos años —agosto de 2019— fue un proceso de muerte civil, un tormento personal y un acoso profesional que aspiraban a malograr una carrera artística y una vida. No ayudaron a la causa las declaraciones ambiguas de Domingo, pero el “divo” jamás admitió haber abusado de nadie. 

Lo que dijo es que sentía haber causado dolor, no que hubiera incurrido en un delito. Es la razón por la que carece de sentido mencionar el supuesto de “agresor confeso” y el motivo por el que Domingo amontona argumentos para sentirse perseguido. Lo demuestra el veto que mantiene vigente el Ministerio de Cultura en nombre de la “ejemplaridad”.

Domingo ha vuelto a los escenarios españoles —lo hizo en Madrid el 9 junio—, pero la entusiasta reaparición en el auditorio encubre un boicot explícito de la Administración central y una condena personal de Pedro Sánchez en sus facultades discrecionales de juez supremo. 

El presidente del Gobierno condena sin juicio a Domingo y perdona a Junqueras el castigo del Tribunal Supremo. Es más, las necesidades políticas y el placebo de la magnanimidad han alentado la reescritura del Código Penal a medida de los artífices de la sedición. 

Se trata de corregir el castigo del delito en que incurrieron. Y de hacerlo en caliente, en directo, aunque los excarcelados no se contentan con una rebaja de las penas. Quieren eliminar el delito como tal. Y convertir la reforma en el pretexto que habilita el regreso triunfal de Puigdemont. No ya provisto de la inmunidad europea, sino expuesto únicamente al prosaísmo de la malversación y recibido con los honores de un visionario. 

El presidente del Gobierno condena sin juicio a Domingo y perdona a Junqueras 

Debe sentirse estupefacto el ciudadano Domingo. Quieren quitarle lo cantado. Despojarle de las calles y de los conservatorios que llevan su nombre, abominarlo en el caldero de un ‘akelarre’ que le sustrae de cualquier derecho y de cualquier expectativa garantista. 

Nada que ver con la cuadrilla de Junqueras. Ni con la contorsión institucional que ha requerido redimirlos de la prisión. Ha sido necesario corregir al Supremo, someterse al chantaje independentista, profanar la separación de poderes y desmentir todas las promesas electorales que se hicieron en 2019, cuando Sánchez aseguró el cumplimiento de las penas y se jactó de arrestar a Puigdemont.

Entiendo que el ejercicio de comparar los casos de Domingo y Junqueras se resiente del peligro de la amalgama y hasta de la demagogia, si no fuera porque uno y otro caso sobrentienden una sensibilidad sesgada, oportunista y arbitraria de la justicia. Perdonar a un culpable. Condenar a un inocente. He aquí los extremos estupefacientes en que se plantea el debate y que apela a viscosidad de las incongruencias. 

El desenlace podría consistir en retirar el nombre de Domingo de las calles y de las plazas para colocar en su lugar el de fray Junqueras. No es tan difícil. El expediente de indulto que ha amañado el Gobierno a brochazos describe el entusiasmo con que el cabecilla de la revuelta “ha buscado soluciones dialogadas para mejorar la convivencia en Cataluña”.