El coche eléctrico no termina de arrancar en España por tres motivos básicos. Uno, porque es caro. Dos, porque aún no ha alcanzado suficiente autonomía para viajes largos. Y tres, porque no hay puntos de recarga para enchufarlo en un país donde casi veinte millones de automóviles ‘duermen’ cada noche aparcados al raso. Los dos primeros no son culpa del Gobierno pero el tercero le incumbe directamente y plantea la pregunta de a qué está dedicando los famosos fondos europeos. El parque móvil español, lamborghinis aparte, es antiguo, catorce años por término medio, y aunque la economía vaya como un cohete se venden muchos más vehículos de segunda mano que nuevos. Desde la pandemia, el precio de los turismos de combustión ha aumentado casi en un veinticinco por ciento, y aun así la diferencia con los de batería, en la gama más baja de ambos, es de entre cinco y diez mil euros. La amortización por ahorro de combustible no compensa el hecho de que el desembolso inicial es incompatible con la mayoría de los sueldos.

Fracasado en la tarea de transición sostenible que le corresponde, el Ejecutivo quiere impulsar la bicicleta y el autobús como alternativas de transporte urbano. Al menos el ministerio del ramo se ha cortado a la hora de promocionar el tren para no echar más leña en la candela del caos ferroviario. La campaña publicitaria a ritmo de ‘trap’ parece dirigida a los jóvenes, obvia redundancia porque es la única opción al alcance de un sector con un treinta por ciento de paro y alto nivel de empleo precario. El empeño por insistir en la simpleza populista del presidente ha incluido en el anuncio la frase «mejor en bus que en Lambo», que sin alterar la asonancia ni el compás del canto podría cambiarse por «mejor en bus que en Falcon». Idéntico sesgo demagógico en ambos casos, si bien los superdeportivos los pagan sus propietarios y el avión oficial corre a cargo de los ciudadanos.

Las bicicletas eléctricas –que en Madrid, como ha recordado Rafa Latorre, implantó la denostada Ana Botella– tampoco son baratas. La subvención anunciada por Sánchez como gran apuesta, cuarenta millones, parece escasa. Cualquier día lo vemos, a él o a algún ministro, acudir a las Cortes pedaleando rodeado de la habitual comitiva de Audis con carrocería blindada. Donde no se les ve ni se les verá, siquiera como gesto simbólico, es en la red de cercanías o de media distancia, cuyo colapso se ha convertido, como el de la alta velocidad, en rutina cotidiana. Esta gestión, la de las infraestructuras de movilidad, no requiere de la mayoría parlamentaria cuya inestabilidad parece impedir la gobernanza. Es parte del ejercicio habitual de las funciones del Estado y sólo hace falta aplicarse a ella con responsabilidad, diligencia y eficacia. Bastaría con un poco, sólo un poco, de la energía y el talento que el sanchismo dedica a las faenas de propaganda.