Es cierto que otros sistemas constitucionales, como puede ser de forma paradigmática el francés, admiten gobernar sin el Parlamento y que, a pesar de ello, esos gobiernos son democráticos, pero en el caso español esa fórmula no tiene cabida. La razón es fácil de comprender.

En Francia -y países que siguen su modelo, como puede ser Portugal- la legitimidad democrática no reside solo en el Parlamento. Junto a la Asamblea representativa de los ciudadanos existe otra institución, la jefatura del Estado -presidencia de la República-, que es también elegida por sufragio universal por el cuerpo electoral. Es decir, en Francia existen dos órganos con legitimidad democrática plena y directa por haber sido elegidos por los ciudadanos: el Parlamento y el presidente. En ese contexto, como acabamos de ver, el presidente de la República nombra al primer ministro (artículo 8 de la Constitución francesa).

El Gobierno francés es democrático aunque no tenga el respaldo del Parlamento porque ha sido nombrado por el presidente. Ahora bien, el Parlamento puede, mediante una moción de censura, derribar al Gobierno. Por eso estos sistemas parlamentarios se denominan dualistas o de doble confianza: para gobernar hace falta el respaldo del presidente y el del Parlamento. Pero mientras que el del primero tiene que ser expreso mediante el nombramiento, el del segundo basta con que sea tácito mediante la no aprobación de una moción de censura. El sistema se completa con la previsión de que el Gobierno pueda efectivamente gobernar sin el Parlamento; esto es, pueda aprobar leyes sin necesidad de la aprobación parlamentaria mientras el Parlamento no presente una moción de censura (artículo 49.3 de la Constitución francesa).

La Constitución española establece un sistema completamente diferente. Solo hay un órgano con legitimidad democrática directa: el Congreso de los Diputados. Por ello, el Gobierno solo es democrático en la medida en que cuenta con su apoyo y respaldo. Solo se puede asumir la presidencia del Gobierno mediante un proceso de investidura en el que es preciso obtener por lo menos en segunda votación la mayoría simple -más votos a favor que en contra- (artículo 99 de la Constitución española) o mediante una moción de censura en la que hace falta el respaldo de la mayoría absoluta de los diputados (artículo 113).

En ese contexto, y con la salvedad de la posibilidad de aprobar decretos-leyes sometida a fuertes restricciones -aunque lamentablemente, y como consecuencia de una muy desafortunada doctrina del Tribunal Constitucional, no se respeten-, el Gobierno no está en condiciones de gobernar sin el respaldo parlamentario. En primer lugar, porque sin ese apoyo no podría aprobar los Presupuestos Generales, piedra angular de cualquier programa de gobierno y condición para el desarrollo de todas sus políticas; en segundo lugar, porque no podría desarrollar su programa de gobierno al no poder aprobar leyes. En definitiva, en la Monarquía parlamentaria -forma política del Estado (artículo 1.3 de la Constitución española- por un lado, no cabe gobernar «sin el concurso del parlamento», como pretende Sánchez, y por otro la falta de ese concurso o respaldo priva de legitimidad democrática al Gobierno. Esto es algo en lo que hay que insistir: la única legitimidad democrática del Gobierno es la de origen en el procedimiento de investidura. Pero se trata de una legitimidad que es preciso conservar a lo largo de la legislatura.

Con esas premisas cabe extraer la siguiente conclusión. No se puede decir que el Gobierno de Sánchez no sea legítimo o democrático. Lo es por tener la legitimidad de origen de la investidura. Pero en la medida en que esa mayoría gestada en torno a un proyecto de desmantelamiento de la Constitución -mediante la aprobación de la amnistía y el establecimiento de la plurinacionalidad- se ha resquebrajado y ya no es posible aprobar los Presupuestos ni otras leyes, el Gobierno no podrá gobernar -diga lo que diga el presidente- sin el concurso del Legislativo. Lo único que podrá hacer es mantenerse en el poder, que es realmente el único objetivo al que subordina toda su actuación.