Ados días de que el Congreso de los Diputados debata la senda de déficit para el periodo 2025-2027, Junts se mantiene en su postura de votar en contra del techo de gasto, que debería ser el paso previo a la aprobación de los Presupuestos de 2025.

El grupo parlamentario de Carles Puigdemont, que hace sólo una semana tumbó la admisión a trámite de la proposición de ley de Sumar sobre el alquiler temporal, va camino de forzar una nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo si la reunión de Santos Cerdán con el prófugo en el extranjero del pasado viernes no ha servido, como parece, para cambiar el sentido del voto de los independentistas.

Ante la incapacidad de sacar adelante en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha comenzado a instalar el mensaje de que gobernar con las cuentas prorrogadas es una eventualidad que entra dentro de lo normal. El ministro Óscar Puente ha afirmado este lunes que «los de 2023 son nuestros Presupuestos», por lo que «no tener otros no sería ningún drama ni un obstáculo para la legislatura».

La afirmación es capciosa, en primer lugar, porque los PGE de 2023 que Puente hace suyos no representan la voluntad del actual Parlamento, dado que se aprobaron en una Cámara cuya composición no era la de hoy. Es de hecho la ajustadísima mayoría de hoy la que opone complicaciones a cualquier tentativa legislativa del Gobierno.

Además, si bien la ausencia de unas nuevas cuentas no supone un «drama», sí impone obstáculos a la acción gubernativa. Al recoger las proyecciones del año anterior, los PGE estarían desajustados con respecto a los gastos en los que incurra el Ejecutivo y los ingresos que recaude en el presente ejercicio.

Algo que ha reconocido tácitamente Óscar López cuando ha querido responsabilizar al PP del bloqueo presupuestario y le ha acusado de estar «dispuesto a tumbar 12.000 millones para comunidades autónomas y ayuntamientos».

Habituarse a gobernar sin Presupuestos actualizados contradice el mandato de la Constitución, que en su Artículo 134 encarga al Ejecutivo la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y establece que estos «tendrán carácter anual».

Cierto es que la Constitución contempla la prórroga de las cuentas. Pero del espíritu de su articulado se sigue que esta figura se aplicará únicamente como solución de emergencia para circunstancias excepcionales, permaneciendo inalterada la obligación del Ejecutivo de recabar del Legislativo la aprobación a su proyecto de PGE antes de la expiración de los vigentes.

Por el contrario, el Ejecutivo pretende hacer de la prórroga de las cuentas una herramienta cotidiana, en contradicción con lo que opinaba el propio Pedro Sánchez en 2018. Entonces, para criticar el fracaso de Mariano Rajoy en la aprobación de sus PGE, Sánchez afirmaba que «un Gobierno sin Presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada».

Sánchez no sólo se inhibe así de una de las funciones fundamentales que la Constitución atribuye al Poder Ejecutivo, sino que incurre en el absurdo de desestimar el que es el instrumento básico de todo gabinete para desarrollar su programa de gobierno. A menos, claro, que lo único que pretenda el Gobierno es resistir, lo que parece inferirse del objetivo de agotar la legislatura a toda costa que se ha marcado Sánchez.

¿Se refería el presidente a la prórroga de los Presupuestos cuando declaró en el último Comité Federal del PSOE su propósito de gobernar tres años más «con o sin el concurso del Poder Legislativo»? Ni es lo conveniente ni debería ser ese el objetivo de un Gobierno responsable.