Ignacio Camacho-ABC

  • Si Sánchez tiene miedo de tomar medidas contra el virus, que devuelva a los ciudadanos los derechos que ha suspendido

En todos los servicios de salud del país, incluso en la misteriosa mesa camilla en torno a la que se reúnen como en una sesión de ouija los fantasmales expertos del Gobierno, es voz común que la tercera ola del Covid no es una amenaza ni una hipótesis sino una realidad que habita ya entre nosotros, como dice la liturgia de Adviento. Lo que se sabrá en enero, según transcurran las Pascuas, es la altura de la espuma, la dimensión del contagio, y eso dependerá de la eficacia de las medidas que ahora se están arbitrando. Dicho sea en sentido literal porque cada comunidad decide a su arbitrio ante la inhibición deliberada de un Ejecutivo central renuente a utilizar los

poderes de excepción que a tal efecto había asumido. El mando único se ha declarado ausente. Illa y Simón son meros comentaristas de la actualidad que se limitan a formular sugerencias y a recitar cada tarde una rutinaria estadística de muertes. Y el presidente ha optado por esconderse, huir de la responsabilidad para cuyo teórico ejercicio reclamó un estado de alarma de seis meses, limitarse a esperar la vacuna sin aclarar qué planes hay en marcha para cuando llegue y dejar al albedrío de cada autonomía la organización (?) del caos en que quedan sumidas las fiestas de diciembre.

La cogobernanza ya no es siquiera un mantra. Se ha convertido en una vulgar excusa para transferir decisiones impopulares a otras instancias, con el coste de un evidente descalzaperros de competencias diseminadas ante el que cunde una patente desorientación ciudadana. Sánchez se ha encerrado en La Moncloa, desentendido de la emergencia sanitaria hasta que la campaña de vacunación le permita armar la consiguiente operación de propaganda. La población se enfrenta en estado de desconcierto a la Navidad más incierta y extraña mientras la coalición gubernamental se concentra en el asalto al poder judicial y en la ley de eutanasia. El modelo territorial vive una crisis de estrés en medio de un revoltijo normativo cuyas pautas cambian según el mapa, entre un asimétrico panorama de negocios cerrados, viajes prohibidos y familias desmembradas. La maraña de ordenanzas sin criterios comunes ha extendido por España una perturbadora sensación de desigualdad que desestabiliza la vida cotidiana.

La pasividad sanchista ante la pandemia constituye una evasión del deber a todos los efectos. Escocido por el fracaso de primavera, la prematura euforia del verano y la parálisis de otoño, el Gabinete parece dispuesto a abordar la crecida infecciosa del invierno mediante la estrategia del escaqueo. Se ha vetado a sí mismo toda actuación que implique riesgo de desgaste o de descrédito. La declaración de emergencia no ha sido más que un pretexto para suprimir la transparencia y eludir el control del Congreso. Si Sánchez sólo quería la alarma para eso, que nos devuelva de inmediato los derechos que nos expropió por decreto.