Sánchez ha sido tantos Sánchez en tan poco tiempo que es imposible no estar de acuerdo con alguno de ellos. Por ejemplo, con el que decía que un Gobierno debe convocar elecciones si no logra aprobar los Presupuestos (como él mismo en 2019, de hecho). El problema es que la relación del presidente con la coherencia –con la verdad simplemente no tiene relaciones– es elástica, tornadiza, maleable, acomodada a sus propias circunstancias, y si pudiese llamar a las urnas le esperaría una derrota garantizada. Así que el recuerdo de sus anteriores opiniones sólo provoca una vaga, ingenua melancolía del tiempo en que la palabra en política era la expresión de un contrato moral y tenía el valor de una deuda democrática, de un compromiso de confianza.

Aquel Sánchez, sin embargo, no ha dejado de tener razón objetiva. Sin Presupuestos no sólo no es posible gobernar sino que carece de sentido la existencia de un Ejecutivo en minoría porque no puede llevar a cabo una acción programática mínima. Existe un margen de maniobra mediante transferencias de partidas y modificaciones de crédito, pero es bastante estrecho y además se trata de medidas que deben ser ejecutadas por decreto, con el consiguiente riesgo de que al cabo de un mes las acabe tumbando el Parlamento. En la práctica, es una especie de período en funciones con fuerte limitación de movimientos.

Es cierto que por imperativo constitucional el presidente no puede disolver las Cortes antes del 29 de mayo. Pero su voluntad de resistir no depende del calendario. El único proyecto es el poder por sí mismo, permanecer en él, defenderlo como si fuera un territorio ocupado. Que lo es: nada menos que el territorio del Estado. Y cabe dar por seguro que la mayoría de sus votantes prefieren eso a la simple posibilidad de que ganen los adversarios. Con un poco (o mucho) de suerte tal vez pueda recomponer mal que bien las alianzas después del verano, cuando acaso haya amainado la tormenta de escándalos, y en el peor de los casos habrá ganado un año. La prioridad es estirar el mandato, aun al trantrán, con las cuentas prorrogadas y sin suficiente respaldo parlamentario.

Bien mirado, puede tratarse de un mal menor. Un Gobierno en esas condiciones tiene muy mermadas sus capacidades de agredir a nadie. No habrá impulsos, pero tampoco obstáculos para la autonomía operativa de un país con recursos de sobra para funcionar a su aire, sin nuevas ocurrencias reguladoras ni más vueltas de tuerca fiscales. Y dado que la experiencia legislativa del sanchismo y sus socios no ha resultado precisamente brillante, casi mejor parece que el marco jurídico se mantenga estable, lejos de la tentación de deconstrucciones constitucionales. De entre los muchos Sánchez conocidos y por conocer, quizá el menos perturbador –y cabe decir lo mismo de todos los gobernantes– sea el que menos resortes de poder tenga a su alcance.