JAVIER TAJADURA TEJADA-El Correo
El inesperado éxito de la moción de censura presentada por el PSOE para sustituir a Mariano Rajoy por Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno ha supuesto la apertura de un nuevo ciclo político. El líder socialista ha sido el primer presidente que ha llegado a la Moncloa mediante una moción de censura. En este contexto, es obligado felicitarnos de que, desde un punto de vista estrictamente constitucional, los mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución hayan permitido resolver con éxito una crisis política de notable envergadura. La moción ha desembocado en la formación de un Gobierno integrado por personas de indiscutible valía y reconocido prestigio que –aunque ya ha sufrido su primera crisis con la obligada dimisión del titular de Cultura– ha sido bien recibido por la opinión pública nacional e internacional. Ahora bien, se trata de un Gobierno que sólo cuenta con el respaldo expreso de 84 de los 350 miembros del Congreso por lo que la gobernabilidad y la estabilidad política de España dista mucho de estar garantizada.
En este escenario, la principal fortaleza del Gobierno reside en que, por su posición en el centro, está en condiciones de llegar a acuerdos tanto con las fuerzas políticas situadas a su derecha como a su izquierda. La reforma del Código Penal proporciona abundantes ejemplos en esta dirección. Pero otro tanto ocurrirá en el resto de materias. Si el Gobierno propone –como es ineludible y ya adelantó Pedro Sánchez hace unas semanas– reformar la tipificación del delito de rebelión para poder actuar más eficazmente en el futuro contra procesos como el golpe catalán, contará con el respaldo de las fuerzas conservadoras. Si propusiera –como ya está planteado– despenalizar la ayuda al suicidio, la medida prosperará con el apoyo de las fuerzas políticas de la izquierda.
En todo caso, no se puede ni debe olvidar que el principal desafío al que se enfrenta este Gobierno sigue siendo el separatismo catalán. Y que para combatirlo eficazmente el mantenimiento del consenso entre los partidos constitucionalistas es imprescindible.
En el contexto descrito, no es exagerado afirmar que, a pesar de contar sólo con 84 diputados, el nuevo Gobierno es más estable que el anterior, que estaba respaldado por 134 una vez Ciudadanos le retiró su apoyo. Realmente, la principal amenaza para la estabilidad del Gobierno de Rajoy era –como los últimos acontecimientos han confirmado– el lastre de la corrupción. Aunque Rajoy hubiera ganado la moción, conviene recordar que quedan todavía por llegar varias decenas de sentencias sobre los cerca de mil imputados vinculados al PP en múltiples causas. El PSOE habrá de afrontar las consecuencias de una sentencia, la de los ERE de Andalucía, pero en dicha resolución judicial ninguna razón hay para prever que figure el nombre del actual presidente del Gobierno.
En todo caso, el impulso legislativo del nuevo Gobierno puede verse frustrado por la posibilidad de que el Partido Popular utilice su mayoría absoluta en el Senado para ralentizar la acción legislativa del Congreso. Al fin y al cabo, el Gobierno de Pedro Sánchez apenas tiene dos años para implementar sus políticas, por lo que el eventual obstruccionismo del Senado podría resultar fatal. Esta situación podría dar lugar, una vez más, a una medida inédita en los cuarenta años de democracia: la disolución del Senado y la convocatoria de unas elecciones a la denominada Cámara de representación territorial. Hasta ahora, los presidentes del Gobierno que han ejercido su facultad constitucional de disolver (artículo 115 CE) lo han hecho siempre respecto a ambas Cámaras. Pero la Constitución es muy clara en este punto: se puede disolver el Congreso, el Senado o ambas Cámaras. Por eso creo que no hay que descartar que –si el Partido Popular utilizara su mayoría absoluta en el Senado para hacer una oposición frontal y destructiva– Pedro Sánchez acabe disolviendo el Senado.
Lo que no va a disolver es el Congreso. Así lo ha subrayado en su primera entrevista en TVE. Y es bueno que –a pesar de los eternos reclamantes de elecciones– no lo haga. Los partidos deben asumir que la fragmentación política no va a desaparecer. Y, por tanto, han de afrontar un nuevo modo de hacer política basado en el diálogo y el pacto permanente. Ya hemos visto cómo la composición del Congreso lo permite. Para confirmar la señal de estabilidad que el nuevo Gobierno transmite a la opinión pública, a las instituciones europeas y a los mercados internacionales, las elecciones al Congreso no deberían ser adelantadas. El Partido Popular necesita tiempo para renovarse y dejar definitivamente atrás páginas oscuras. El Partido Socialista necesita tiempo para confirmar que sigue siendo una opción de gobierno responsable y reformista. Los nuevos partidos deben asumir que los antiguos siguen gozando de buena salud y que sólo mediante el acuerdo con ellos será posible formar mayorías de gobierno.
Lo que sí resulta bastante claro es que el de Pedro Sánchez será el último gobierno monocolor de España puesto que el que surja de las siguientes elecciones al Congreso necesariamente habrá de ser un gobierno de coalición. Y de que deberá articularse en torno al centro político. El acierto del último Pedro Sánchez es haberse ubicado en él.