F. SOSA WAGNER I. SOSA MAYOR-El Mundo

Los autores dicen que la debilidad que caracterizará al nuevo Gobierno comporta riesgos. Pero se felicitan de que las autoridades de la UE, a la que pertenecemos, velarán por nuestra seguridad frente a posibles atropellos.

FRENTE a quienes precipitadamente han calificado de ilegítima la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia por haberlo hecho sin pasar por las urnas, procede aclarar que la moción de censura es un instrumento previsto en nuestra Constitución y por tanto su uso en esta ocasión, como en otras anteriores, se acomoda a las exigencias legales. Padece en cambio el nuevo presidente de un claro déficit democrático por cuanto se ha negado a fijar, probablemente por presión de algunos de sus socios, una fecha para la celebración de las elecciones generales anticipadas, vía ésta con la que adquiriría, caso de ganarlas, la plena legitimidad popular si tenemos en cuenta que las circunstancias del relevo, en medio de una crisis grave de confianza de los ciudadanos en sus instituciones, solo se puede saldar plenamente permitiéndoles acudir a las urnas. Así se ha pedido desde muchas instancias y desde los más relevantes medios de comunicación (este periódico, por ejemplo) con convincentes fundamentos.

La experiencia alemana ofrece un caso hasta cierto punto similar al que hemos vivido. En la historia de la República Federal Alemana únicamente un canciller fue elegido por medio de una moción de censura: en 1982 Helmut Kohl tumbó de este modo el Gobierno social-liberal de Helmut Schmidt. Los acontecimientos estuvieron, como es natural, inmersos en densos debates y controversias. El origen de la moción habían sido las crecientes tensiones en el seno del tercer Gobierno de Schmidt (1980-82) tanto por la delicada situación económica como por la llamada crisis de los misiles. En un acto de osadía similar al de Sánchez (audaces fortuna iuvat), Kohl aprovechó la situación para forzar una moción de censura con la que llegaría a la cancillería.

Pero el propio Kohl en su discurso había manifestado la voluntad de someterse a las urnas en un plazo máximo de seis meses. Un grave impedimento constitucional se interponía en su camino: el Parlamento alemán carece de la facultad de autodisolverse. Por ello, Kohl pergeñó una jugada peculiar que generaría polémica jurídica. Se sometió en diciembre de 1982 –tres meses después de llegar al poder y justo después de aprobar los presupuestos para 1983– a una moción de confianza que, y esto es lo singular, perdió voluntariamente. El procedimiento llevaría a una denuncia ante el Tribunal Constitucional que éste rechazó por lo que en marzo de 1983 se pudieron celebrar ya elecciones generales. Kohl, claramente empeñado desde el primer momento en legitimarse por medio del voto popular, iniciaba así su largo Gobierno hasta 1998.

Volviendo a nuestro atribulado país, digamos que, solventado el rito inicial vivido estos días, procede añadir que, si algo caracteriza al Gobierno salido de la moción de censura, por los apoyos que ha debido recabar para salir adelante, es su debilidad y, sobre todo, su indefinición ideológica y sus más que previsibles contradicciones internas que ya están aflorando en relación con la tramitación destinada a ultimar la aprobación de los presupuestos. Vemos cómo un partido político que ha tenido un pasado de seriedad y rigor, tal el caso del PSOE, se halla arracimado con personajes perversos, los herederos de los terroristas vascos, más ese modelo de escasa lealtad que es el PNV y, para guinda, con los corruptos independentistas catalanes –condenados por los jueces– que se han visto obligados a tapar sus vergüenzas con el cambio de siglas ¡y que tienen el tupé de permitirse poner su dedo acusador sobre el PP!

De ahí no puede salir sino un batiburrillo ideológico, una emulsión azarosa, heraldo de las mayores preocupaciones para las gentes temerosas de Dios.

Los riesgos son por tanto grandes y no pueden ser minusvalorados. Pero tenemos redes de salvaguarda. La más importante es que, en punto a reformas de calado del Derecho en vigor, y no sólo en los ámbitos económico y social, ahí está Europa para protegernos de esos populistas que quieren fundar de nuevo el mundo para engalanarlo con sus ocurrencias. Pronto se enterarán de que tenemos que cumplir, si queremos evitar cuantiosas sanciones, pues existen ya precisos requerimientos o denuncias de la propia Comisión ante el Tribunal de Luxemburgo, la normativa de residuos, la de eficiencia energética, la de calidad del agua potable o la de protección de los consumidores, entre otras. Asimismo, no está de más evocar que el entramado de directivas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás que forman el laberíntico panorama europeo tiene la piel del proboscídio, dura y por tanto inmune a quien pretende meterle mano alegremente. Gracias a nuestra presencia en Europa contamos con la mirada del severo comisario europeo, con el presidente de la Comisión, con los parlamentarios… sin olvidar la labor callada pero implacable de los jueces y sus sentencias. Todos ellos velarán por nuestra seguridad y nuestra tranquilidad frente a salidas ingeniosas de los novicios y sus posibles atropellos.

De otro lado, un Gobierno responsable, y europeísta como se ha anunciado, está obligado a analizar la realidad de los ingresos que se perciben bien atendiendo la carga fiscal bien las condiciones para acudir a los mercados otorgando la confianza necesaria a los grandes inversores extranjeros si tenemos en cuenta que los índices de deuda pública y déficit que padecemos son pavorosos, los peores de la eurozona. De ahí que la Comisión europea esté exigiendo adoptar medidas de ajuste que los expertos han contabilizado en una cifra cercana a los 15.000 millones de euros. Ante esta obligación, el Gobierno, con el colorido arco iris ideológico que lo sustenta, tendrá que elegir sus prioridades, un momento en el que pueden chirriar los goznes de sus precipitados compromisos.

SE ANUNCIANtambién nuevas relaciones con las autoridades catalanas engrasadas por el diálogo y la más solícita disposición de ánimo. Pero, por muchos bálsamos que empleemos, el pleito territorial catalán habrá de seguir siempre siendo abordado en el marco de la Constitución y con los instrumentos jurídicos de ella dimanantes así como también de nuestra pertenencia a Europa y de nuestro compromiso con los Tratados que conforman su vida institucional.

La pesadilla nacionalista consistente en crear un Estado independiente, aunque enredada ahora por la obstinación de unos jueces frívolamente empeñados en enmendar la plana a nuestro Tribunal Supremo, contará siempre con la animadversión sin excepción de nuestros socios en el Consejo europeo porque todos ellos tienen territorios envueltos en la bandera de los lloros irredentistas, deseosos de crear, a partir de unas singularidades idiomáticas, geográficas, históricas o simplemente folklóricas, Estados de carne y hueso. Lo tienen ciertamente difícil y así esa República de catalanes libres de máculas e impurezas borbónicas va a tener que esperar algún tiempo para poder desplegar, con toda legitimidad, sus símbolos, cánticos, uniformes y demás vistosa parafernalia.

Como se advierte, suenan melodías demasiado disonantes que, por lo mismo, exigen la batuta del director de orquesta. Que no puede ser sino el ciudadano ante la urna.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo e Igor Sosa Mayor es doctor por el Instituto universitario de Florencia e investigador en la Universidad de Valladolid. Ambos son autores de El Estado fragmentado (Trotta, 5ª edic, 2006).