En términos políticos cabe interpretar el fracaso de la opa sobre (contra) el Banco Sabadell como un éxito del Gobierno de Sánchez, que desde el principio ha hecho todo lo posible para torpedear la operación en beneficio de sus aliados catalanes. Por esa misma razón la oposición y mucha gente de la derecha escogieron bando a favor de la otra parte; la polarización ha llegado al punto de interferir en una mera pugna de intereses accionariales, síntoma de una enfermedad civil grave. Es de esperar que los copropietarios de la entidad ‘opada’, los que se jugaban su dinero en el lance, hayan tomado su decisión en base a sus prioridades particulares, porque en caso contrario estaríamos ante un fenómeno de politización preocupante.

De cualquier modo, parece innegable que la injerencia gubernamental ha sido determinante en el resultado. No tanto por su ascendiente sobre los tenedores de acciones como por el flagrante intervencionismo con que ha sembrado de obstáculos el libre desempeño del mercado. Incluso la autoridad reguladora, claramente sesgada en su composición, ha tardado en pronunciarse un año, plazo que ya de por sí aumentaba la incertidumbre y sembraba el desánimo. Todo el proceso ha estado envuelto en un halo de inseguridad jurídica palmaria y se ha desarrollado bajo un arbitraje parcial que la dirección del BBVA, en un importante error de cálculo, no previó cuando lanzó el asalto.

Asunto distinto es si las fusiones son positivas o negativas para el sistema. En teoría, al menos desde la recesión de 2008, la concentración solidifica la estructura financiera, pero la banca desempeña en el tejido económico una función mucho más estratégica que cualquier otra empresa. Si una compañía tecnológica, un gigante textil o un conglomerado turístico quiebran, sus trabajadores, clientes y acreedores tienen un serio problema, mientras que si un banco se hunde la sacudida afecta a la estabilidad de la sociedad entera. Por eso los estados tienden a rescatarlos para evitar los riesgos de una crisis de deuda. Y para los usuarios siempre es mejor la competencia, máxime en un país donde cuatro grandes firmas copan el ochenta por ciento de la oferta.

Sucede que en este caso la lógica económica no ha importado en ningún sentido. El sanchismo ha convertido un asunto mercantil en un conflicto político tomando partido por el Sabadell para reforzar sus propios lazos con el nacionalismo. Oliu y González Bueno han jugado bien esa carta en defensa de su interés legítimo y han dejado a Torres con cara de primo, pero el poder ejecutivo ha ofrecido un lamentable espectáculo –otro más– de arbitrariedad y favoritismo. El método de siempre: las reglas manipuladas en provecho y al servicio de los socios que ayudan a sostener su precario equilibrio. El desenlace deja un mensaje explícito: el de que en esta España es una ingenuidad confiar en el juego limpio.