EL CORREO – 05/12/14
· En libertad ‘Santi Potros’ y Alberto Plazaola a la espera de que el Supremo fije el criterio sobre cómo contabilizar las condenas en Francia.
El Gobierno central, las víctimas y la Fiscalía cargaron ayer contra los jueces de la Audiencia Nacional que respaldan la teoría de que los años de cárcel cumplidos en Francia deben descontarse de las penas en España. La sección Primera de la Audiencia Nacional ordenó a mediodía la puesta en libertad de dos ‘históricos’ de ETA Santiago Arrozpide Sarasola, ‘Santi Potros’, y Alberto Plazaola por considerar que restado el tiempo en prisiones galas no debían permanecer más entre rejas. Según los nuevos cálculos facilitados por Instituciones Penitenciarias, Arrozpide, encarcelado desde 1987, debería haber abandonado la prisión en enero de 2013 mientras que Plazaola, detenido en 1990, lo tenía que haber hecho en agosto pasado. Ambos dejaron sus celdas en Alicante y A Coruña, respectivamente, en la tarde de ayer.
El historial delictivo de los dos antiguos militantes de ETA provocó la rápida reacción del Ejecutivo, del fiscal general del Estado y de asociaciones como Covite. ‘Santi Potros’, que ahora tiene 66 años, fue el jefe de los comandos de la banda en los ochenta y ordenó algunos de los crímenes más salvajes de la organización, como el de Hipercor, en Barcelona, con 21 muertos y 46 heridos. Por sus delitos fue sentenciado a más de 1.900 años de condena. Plazaola, por su parte, sumaba 46 años de reclusión por dos asesinatos frustrados tras colocar una bomba en un bar de Ezkoriatza en 1987.
Su puesta en libertad, ordenada por los magistrados Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcarcel, abrió de nuevo la polémica sobre cómo se debe contabilizar el periodo de reclusión en el extranjero. Una decisión marco de la UE, suscrita en 2008 pero aceptada por España hace apenas unos meses, establece que cualquier condena por unos hechos vinculados debe ser aceptada por cualquier Estado miembro, lo cual en la práctica significa que esos años se deben restar del periodo máximo de internamiento que fijan las leyes españolas. El PP, sin embargo, gracias a su mayoría en el Congreso y el Senado, introdujo en noviembre una modificación legal a esa decisión marco para que no afecte a los reclusos etarras. Este cambio entra en vigor esta semana.
Los jueces de la Audiencia Nacional se han dividido entre quienes consideran que hay que obedecer solo a la norma europea y quienes creen que prevalece el nuevo articulado español. Hasta tal punto de que deberá ser el Supremo, con los recursos que se vayan a presentar contra estas excarcelaciones, el que unifique la doctrina y establezca un criterio definitivo. Eso no impide que puedan quedar en libertad aquellos reclusos que han visto superada la fecha de licenciamiento.
Gobierno, Fiscalía y víctimas se alinearon ayer con estos segundos y pusieron contra la pared a los magistrados que ordenaron la salida de la cárcel de ‘Santi Potros’ y Alberto Plazaola. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que asistía a un consejo de la UE en Bruselas, recordó que el Ejecutivo no puede más que «acatar las decisiones judiciales», pero acto seguido se puso a favor de no restar la prisión en el extranjero. Aseguró que la legislación española es «clara» y que el descuento de penas no se puede aplicar «cuando se trate de sentencias dictadas por tribunales españoles con anterioridad a las sentencias dictadas en otro Estado de la Unión Europea» ni cuando se trate de «delitos cometidos antes en España que los enjuiciados en la UE».
«La más contundente»
Una tesis que mantiene la Fiscalía General del Estado. Su responsable, Eduardo Torres-Dulce, calificó de «desacertada» la interpretación que estos jueces de la Audiencia Nacional han hecho de las leyes y mostró su «preocupación» por la diferencia de criterio entre unos magistrados y otros. «Va a crear perturbación», aseguró en referencia a una posible alarma social. En este sentido, anunció que los fiscales recurrirán al Supremo todas estas reducciones de condenas porque «afectan a condenados que representan una actitud profundamente violenta y una significación muy especial con respecto a las víctimas».
La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ahondó en esa línea al advertir que la interpretación de las leyes sobre los presos debe ser «la más contundente». «Son personas que han infligido mucho daño», recalcó. Colectivos de víctimas también se sumaron a los reproches. Covite, la principal asociación en Euskadi, calificó de «inmoral» que se haya liberado a etarras apenas unas horas «antes de la entrada en vigor de la norma que lo impedía». El comportamiento de estos jueces, sostuvo, es de «dudosa legalidad y legitimidad».
Roberto Manrique, uno de los afectados por el atentado de Hipercor, ordenado por ‘Santi Potros’, se mostró convencido de que estas excarcelaciones obedecen a una «cuestión política» y aunque aseguró que es «doloroso saber que el inductor del atentado que le destrozó la vida» está en libertad, abogó por que se cumplan las directrices de la UE.
El único respaldo nítido a los dos excarcelados vino por parte de la izquierda abertzale. El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga acusó al Gobierno de realizar una interpretación «fraudulenta» de las normas europeas sobre acumulación de condenas y de promover leyes con ánimo de «venganza» y mediante una «ingeniería jurídica arbitraria».
EL CORREO – 05/12/14