Una “cacería humana”. “Juegan con las cartas marcadas”. Son expresiones del PSOE –la primera de Santos Cerdán en el Congreso del PSOE celebrado en Sevilla hace quince días–; y la segunda, del propio presidente del gobierno Pedro Sánchez hace una semana. Expresiones dirigidas al poder judicial por sus actuaciones en materia de corrupción. Expresiones que tiran por tierra el mandato constitucional reflejado en los arts. 117 y siguientes de la Constitución. Que comienza, art. 117.3 expresando que “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinadas por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”.

Todo ello es inquietante, pues supone un intento clamoroso de desacreditar el poder judicial, clave de bóveda de un estado democrático y de derecho. A tal punto que ha tenido que ser la presidenta del Consejo General del Poder Judicial quien ha declarado como inapropiadas las mencionadas palabras. Con la advertencia de que combatir nuestras instituciones hace un daño grave a nuestro orden democrático.

Cuando los asuntos de corrupción se entremezclan en muy diversos juzgados –sea un Juzgado de Instrucción de Madrid, en relación a la esposa del presidente; sea un Juzgado de Instrucción de Badajoz en relación al hermano del presidente; sea en el Tribunal Supremo en relación al Fiscal General del Estado, o a Aldama, Ábalos o Koldo–, es evidente que hay un mar de fondo en todo ello.

Pero lo que no puede ser es que, el Gobierno, día sí y día también, pretenda descalificarlo todo bajo el supuesto de que “no hay caso” en ninguno de esos asuntos. Una elemental prudencia en materia de instrucción penal exige el respeto a los tiempos judiciales, que serán lentos –producto de una instrucción garantista– pero al final acaban llegando.

Todo lo que hay que hacer es respetar la actuación judicial en todas las causas abiertas por corrupción; no se recuerdan tantas querellas, todas ellas inadmitidas, contra el juez Peinado

No sería el autor responsable de hacer tales críticas al poder judicial. Sencillamente, porque no vale la pena. Y tampoco el autor es capaz de establecer si tales casos de corrupción llegan a sitio alguno. Porque esa función corresponde exclusivamente al poder judicial en virtud de un mandato constitucional, con respeto siempre al principio constitucional de la presunción de inocencia.

A no ser, claro, que el Gobierno, con su presidente al frente, pretenda liquidar al Poder Judicial. Sería tanto como liquidar nuestro orden democrático; pues sin separación de poderes efectiva no hay democracia que tenga el título de tal.

No, todo lo que hay que hacer es respetar la actuación judicial en todas las causas abiertas por corrupción; no se recuerdan tantas querellas, todas ellas inadmitidas, contra el juez Peinado. Tampoco es nuevo en nuestro orden democrático la existencia de corrupción. Véase, sin ir más lejos, que fue el propio José Luis Ábalos quien defendió en la tribuna del Congreso de los Diputados la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y el fundamento no fue otro que denunciar la corrupción de aquel gobierno.

¿Otro cambio de opinión?

Lo que valía entonces ¿ya no vale ahora? Si eso es así, se nos puede explicar el por qué de esa variación. O es nuevamente “un cambio de opinión”. No, no valen cambios de opinión si el objetivo final es atentar contra nuestros principios constitucionales.

Al autor le preocupan poco cómo vayan a proseguir todas las instrucciones en curso. Eso será cuestión de lo que los jueces determinen, y punto. No se trata de una cuestión de equidistancia, de anticipar que la esposa del presidente del Gobierno ha incurrido o no en un delito de corrupción; o el Fiscal General del Estado en un delito o no de revelación de secretos; o si Ábalos y Koldo son los buenos y Aldama el malo de la película. Desde luego, es claro que Aldama declaró en un Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, con el efecto, pocas veces visto, de su inmediata –en el mismo día– puesta en libertad. Algún valor tuvo que tener esa declaración para conseguir tan rápida puesta en libertad. Esta semana ha vuelto a declarar ante el Tribunal Supremo.

Resulta absurdo que, cualesquiera miembros del Gobierno, pretenda anticipar que no hay causa, que Aldama es un mentiroso –“Vaya inventada”, como dijo el Sr. Sánchez–, o tantas cosas con las que pretende imponer su relato al cabo del día.

Pero más allá de los casos señalados, deberemos estar atentos a la información que va suministrando, y suministrará, la UCO, en funciones de policía judicial y con múltiples archivos que desencriptar. ¿Qué surgirá de ahí? Lo ignoramos en este momento. Cuando surja, lo sabremos; como sabremos que siempre será función de los jueces en la instrucción de las causas abiertas, determinar el futuro de cada una de ellas.

Resulta absurdo que, cualesquiera miembros del Gobierno, pretenda anticipar que no hay causa, que Aldama es un mentiroso –“Vaya inventada”, como dijo el Sr. Sánchez–, o tantas cosas con las que pretende imponer su relato al cabo del día. Es absurdo porque no lleva a nada, porque no es su competencia, porque, en definitiva, trata de postergar al Poder Judicial, único para desarrollar las garantías legales y constitucionales, en cuanto a todas las personas investigadas.

A no ser que lo que se pretenda sea una reedición disparatada de aquella maravillosa novela americana La conjura de los necios.

No, no es el Gobierno quien debe dar instrucciones sobre el quehacer del Poder Judicial que sólo a éste corresponde. Otra cosa distinta sería liquidar ese Poder Judicial que viene perfectamente definido en nuestra Constitución, y es elemento imprescindible de nuestra democracia.