En el apasionante ‘play-off’ entre el poder ejecutivo y el judicial, el Gobierno va perdiendo por goleada. Como los tiempos procesales son muy dilatados la eliminatoria se va a hacer larga, pero el equipo de las togas ha tomado amplia ventaja en las dos últimas semanas. El de Sánchez va de fracaso en fracaso. Le han tumbado, sin el consuelo de los votos particulares, las querellas contra el juez Peinado, autorizando además al instructor para investigar a Begoña Gómez en otro caso; tiene al fiscal general al borde del banquillo y está al caer la imputación de Ábalos, que aunque el presidente diga que no le importa es un asunto para estar preocupado. A esto hay que sumar la anulación ‘a posteriori’ de los estados de alarma, el rechazo a los ascensos de Dolores Delgado, la autorrecusación del magistrado del Constitucional Juan Carlos Campo, la inaplicación de la amnistía y la revocación de una presidenta del Consejo de Estado. La porfiada renovación de la cúpula de la magistratura acabó en empate, y aunque la Moncloa consiguió un resultado favorable con la exoneración de Griñán y Chaves, el tanteo global en contra sigue siendo abultado con visos de irremontable por más que cuente con la baza del arbitraje, en manos de un Conde Pumpido con fama de inventarse penaltis. Por ahora la hinchada oficialista ha de conformarse con la excusa perdedora del ‘lawfare’, una presunta conspiración poco creíble cuando se produce en tantos y tan diversos tribunales.

El problema del sanchismo consiste en que sólo tiene costumbre de jugar en su campo, donde se cree autorizado a saltarse los límites reglamentarios bajo el aplauso entusiasta de sus palmeros mediáticos. Cuando sale de ese terreno hegemónico naufraga porque ante las togas no sirve –por ahora– su táctica de ordeno y mando. Su forma de legislar para alquilar tiempo a sus socios parlamentarios colecciona descalabros en el ámbito de lo contencioso y hasta en el penal, que es clave por la condición delincuencial de sus principales aliados. Ese factor de hibristofilia política le complica mucho las cosas mientras siga rigiendo un orden jurídico democrático cuyos intérpretes autorizados se resisten a los intentos de trastocarlo por métodos fraudulentos o manejos subterráneos. Hasta hace poco los tropiezos solían estar relacionados con arbitrariedades legislativas pero el afloramiento de la corrupción, incluso en el entorno del presidente, ha introducido una severa dificultad añadida. Este mandato puede sobrevivir colgado de su inestable mayoría; lo que le amenaza con enturbiarle el panorama es el empeño en pasar por encima de la justicia, una institución bastante segura de sí misma, celosa de su autonomía e impermeable a la presión propagandística. Quizá convenga aprovisionarse de palomitas para asistir al espectáculo de la caída, ese fascinante proceso histórico de la destrucción creativa.