Editorial-El Correo

  • La investigación abierta para esclarecer las causas del brutal descarrilamiento de dos trenes en Adamuz debe servir para devolver la tranquilidad a los millones de pasajeros de un medio de transporte seguro y moderno

La brutal colisión entre dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz, saldada provisionalmente con al menos 40 pasajeros fallecidos y más de 150 heridos, ha causado una profunda consternación en España, de nuevo teñida de luto por una catástrofe ferroviaria tras el accidente de un Alvia en la curva de Angrois en el que murieron 80 viajeros en 2013. El fatal descarrilamiento el domingo por la tarde de un convoy de Iryo cuando se cruzaba con otro de Renfe en una recta a 200 kilómetros por hora, desatado por el mal estado de la vía según las primeras hipótesis oficiales, constituye un golpe a la alta velocidad, en lo que es el primer siniestro de gravedad en una línea de esta naturaleza en el país. La investigación abierta para esclarecer las causas del incidente debe servir para devolver la tranquilidad a los millones de viajeros que confían sus desplazamientos a un medio de transporte seguro, sostenible y moderno como es el AVE.

Desde que se constató el alcance de los hechos, resultó más que procedente que las autoridades del Ministerio de Transportes, encabezado por su titular, Óscar Puente, se pusieran al frente del centro de control para organizar las tareas de rescate, en colaboración con la Junta andaluza, y ofrecieran una información fiable sobre la tragedia, en una labor secundada por las dos compañías implicadas. Aunque el origen del «terrible» impacto entre los ferrocarriles fuera considerado al principio «muy extraño», la debida prudencia en casos que generan tanto dolor aconseja esperar a los resultados de un examen riguroso sobre la situación de las máquinas y de las infraestructuras, a pesar de que hayan sido renovadas y supervisadas recientemente. Cualquier especulación sin una base sólida solo puede acabar generando más sufrimiento a las víctimas y a sus familiares.

Es de agradecer la imagen de lealtad institucional ofrecida ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por su homólogo en Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita a la zona del accidente y en la organización de toda la ayuda necesaria para los damnificados. Para llegar a «la verdad» de lo sucedido como promete Sánchez, el comité de expertos que lidera la investigación necesitará de la cooperación tanto de Adif, que avisó de ocho incidencias técnicas en Adamuz durante el pasado año, como de la operadora italiana Iryo, que ya ha reclamado al fabricante Hitachi Rail un informe sobre los últimos mantenimientos de un tren con apenas cuatro años de antigüedad. Las sospechas sobre una posible «rotura» de la vía en la que descarriló el convoy de Iryo, confirmadas anoche por los investigadores, alejan la tesis del sabotaje y ponen sobre la mesa la necesidad de mejorar la prevención.

El «deterioro» denunciado en agosto por el sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, en las líneas entre Madrid y Andalucía obliga a los expertos a retomar ahora sus quejas, centradas en por qué los trenes circulaban «botando» en algunos tramos. Lo cierto es que una red de alta velocidad tan amplia como la española -la más extensa de Europa y la segunda del mundo tras China- exige extremar el mantenimiento de las plataformas ferroviarias y la renovación de trenes. Sobre todo desde que en 2020 se decretó la liberalización del servicio con la entrada en liza de los operadores Iryo y Ouigo, lo que ha causado un mayor trasiego, ocupación y competencia en las vías. En paralelo a la investigación, se antoja urgente el apoyo a las víctimas y a la angustiosa tarea de identificación de los viajeros cuyos cuerpos aún son dados por desaparecidos entre los restos de los vagones.