La trascendencia de lo que está ocurriendo en España ha superado ya la crisis judicial; esto de ahora es un choque de trenes que, si no se evita, podrá interpretarse como un insólito golpe de Estado en España contra el poder judicial promovido por los otros dos poderes, los otros dos pilares de la democracia, el legislativo y el ejecutivo. La frivolidad y la irresponsabilidad de la confrontación política en España que se plasma en cada sesión de las Cortes Generales, unida en estos últimos años al acoso y al desprecio permanente del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la independencia de la Justicia, además de la desconsideración y control de la Fiscalía General del Estado, han provocado esta fatalidad institucional. 

Por primera vez en democracia, el presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces puede presentar su dimisión por “el manejo interesado de los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza de la Justicia”, como ha dicho Carlos Lesmes en la apertura del año judicial ante el jefe del Estado, Felipe VI, detalle que no debe pasarse por alto. Nunca había sucedido nada igual, ni siquiera semejante. El único precedente que existe en democracia de dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se produjo hace 10 años, en junio de 2012, y nada tenía que ver con las tensiones entre poderes del Estado. Aquella, ya casi olvidada, fue la dimisión del magistrado Carlos Dívar, ya fallecido, que se vio forzado a presentar su dimisión al conocerse que había cargado a los presupuestos del Consejo General del Poder Judicial el coste de una treintena de viajes personales de fines de semana, por valor de 28.000 euros. Un abuso o corruptela, si se quiere, que en nada puede compararse a la crisis actual, porque no dañaba gravemente el prestigio de las instituciones ni la necesaria separación de poderes, equilibrio imprescindible de toda democracia, como está ocurriendo ahora.

El origen de “esta situación insostenible e inaceptable” —de nuevo son palabras de Carlos Lesmes— viene arrastrándose, y conviene siempre recordarlo, desde hace más de cuatro años, exactamente desde el 3 de agosto de 2018, recién llegado Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Ese día, el todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial publicó el ‘Acuerdo por el que se dispone el inicio del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial’, que aún figura en la página web de este organismo para escarnio público de la clase política. ¿Existe un culpable, identificado y objetivo, de este vergonzoso retraso? Esa es la versión interesada que utilizan los dos partidos políticos, PSOE y Partido Popular, que han trasladado su campo de batalla electoral al órgano de gobierno del poder judicial, como si no fuera más que la disputa por una Diputación provincial o un reparto de sillones en la Mesa del Congreso. 

La única realidad constatable es que los dos partidos políticos han abogado por la despolitización de la elección de los vocales del CGPJ cuando han estado en la oposición y, posteriormente, cuando han alcanzado el poder, han olvidado, aplazado o postergado el cumplimiento de sus promesas. Como el presidente del Gobierno en la actualidad es el socialista Pedro Sánchez, es el más comprometido por este incumplimiento de ida y vuelta. En 2014, en la oposición, afirmó tajante: “Hay que despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y que sea independiente. Por eso, he propuesto al Partido Popular que los partidos dejemos de proponer candidatos”. Incluso dijo más, porque se trataba del año 2014, justo cuando se desmoronó el bipartidismo por la corrupción política y la crisis económica, que minaron peligrosamente el crédito de la política y la confianza en las instituciones. Dijo Sánchez para reforzar su tesis: “Yo estoy dispuesto [a despolitizarlo] porque creo que ha sido al Partido Socialista a quien han hecho más daño estas comodidades del bipartidismo”.

Las comodidades del bipartidismo… Pronto han olvidado los dos principales partidos políticos el abismo al que se asomaron por esas ‘comodidades’ que se arrastran desde los albores de la democracia, por la interpretación malversada de la Constitución. Fue en los años ochenta, en tiempos de Felipe González, cuando esos mismos poderes legislativo y ejecutivo sustrajeron a los jueces y magistrados de la elección libre de sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, en la proporción que marca la Constitución en el artículo 122.3. Con la excusa de la raigambre franquista del poder judicial en aquellos primeros años de democracia, se impuso esta intromisión política que dura hasta hoy y que, a fuerza de degenerar, ha provocado esta crisis que, de consumarse, tendremos que ver como un insólito golpe de Estado al poder judicial por parte del legislativo y el ejecutivo por la dimisión de su máximo representante, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el «estropicio» -de nuevo Lesmes- de haber maniatado a ese Consejo para que no pueda hacer nombramientos en el Tribunal Supremo ni en los Tribunales Superiores. 

Sentado lo anterior, la gravedad institucional de esta crisis, una vez más conviene subrayar que, aunque aquí hablemos de la politización de la Justicia, nada tiene que ver con los miles de profesionales que ejercen su labor en juzgados y audiencias, repartidos por toda España. A ellos, como a todos nosotros, esta pugna política en lo que nos afecta fundamentalmente es en el abandono de los problemas reales de la Justicia en España, que son la lentitud de los procesos judiciales, el atasco exponencial de varias jurisdicciones, el anacronismo de la ley procesal y la disparatada o desnortada distribución de recursos y medios. Despilfarro de dinero, descontrol de las necesidades e ineficiencia en el procedimiento. Todo aquello, en fin, que nunca parece haberle interesado en casi medio siglo de democracia a la clase política en su afán por controlar el poder judicial.