ADOPTO COMO título de este artículo el de la famosa obra del poliédrico François Mitterrand en su alegato contra el general De Gaulle, aunque naturalmente lo que digo aquí no tiene nada que ver con aquella controversia. Pero me parece que ese enunciado es enormemente expresivo de lo que viene ocurriendo en Cataluña desde hace ya muchos años.
Ahora bien, el concepto de golpe de Estado ha ido evolucionando desde sus primeras enunciaciones hasta llegar a esta nueva forma catalana de hacerse con el poder y, consecuentemente, de lograr la independencia. En efecto, el francés Gabriel Naudé, uno de los primeros autores que se ocuparon de este concepto en el siglo XVII, en su libro Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado, lo define en plural, afirmando que «son acciones osadas y extraordinarias que los príncipes están obligados a realizar en los negocios difíciles, contra el derecho común, sin guardar siquiera ningún procedimiento ni formalidad de justicia, arriesgando el interés particular por el bien público». En tal caso, sería mejor definir esta modalidad como autogolpe, pues en definitiva es el mismo sujeto quien sigue ejerciendo el poder. Pero esta primera acepción cambiará en parte de sentido para pasar a definir la que es hoy habitual y que popularizó especialmente Curzio Malaparte en su famosa obra Técnicas de golpe de Estado. Sea como fuere, esta segunda versión del concepto de golpe de Estado se podría definir como una acción violenta y repentina por medio de la cual un grupo de personas, normalmente militares, se apodera del poder al margen de las reglas constitucionales. Semejante procedimiento es, curiosamente, el modo de cambio de la autoridad más frecuente tanto en la Historia como en el mundo moderno. En efecto, se pueden contabilizar más de 100 golpes de Estado en el siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI se señala que ya han se han producido más de 30 de este tipo. Podemos apuntar como elementos fijos de un golpe de Estado los cuatro siguientes: es un método violento, repentino en el sentido de que no se advierte su preparación, que se realiza violando las normas constitucionales y es protagonizado, en todo o en parte, por militares, sin que sea necesario que se cuente con el apoyo de una gran parte de la población, más bien al contrario.
Dicho lo cual, nos encontramos en la actualidad con una categoría nueva de golpe de Estado, dirigido a la secesión de una parte del territorio nacional de España, con la idea de crear un nuevo Estado dirigido por los nacionalistas catalanes. El objetivo es el mismo de todos los golpes de Estado, esto es, apoderarse del poder, pero las diferencias son sustanciales. En primer lugar, el poder lo seguirán ejerciendo los mismos que lo ejercen ahora, pero el marco de actuación ya no será el mismo, pues se pasaría de una comunidad autónoma a un auténtico Estado. En segundo lugar, el golpe no es repentino, sino que lleva gestándose muchos años de forma escalonada. En tercer lugar, el golpe no es violento ni está protagonizado por militares, sino que su fuerza se basa en los votos de una parte de la población catalana que, en cualquier caso, no supera el 50% .
Sea lo que sea, la cuestión consiste en saber por qué y en qué momento comenzó a labrarse el señalado golpe de Estado a la catalana. La razón de por qué surge es muy sencilla, puesto que nos la facilita la Historia. Creo que no admite discusión que por diversas razones, comenzando por la lengua, Cataluña –y, en menor medida, el País Vasco– posee una singularidad que la hace sobresalir de las demás regiones españolas, lo cual no significa que los catalanes deban tener más derechos que el resto de los españoles, pero sí que su autogobierno debe ser reconocido específicamente, pero dentro de un Estado unitario para toda España. Es más: algún historiador mantiene que «en inmensa medida, el modelo catalán, mediante la Casa de Aragón, conforma España» porque a través del pactismo adoptado por los Reyes Católicos se constituyó la unidad en la diversidad de España, puesto que cada territorio se administraba a sí mismo. Cuando se proclamó la II República en 1931, esos antecedentes históricos condicionaron el hecho de que la autonomía de Cataluña fuese una de las primeras medidas adoptadas en el nuevo Estado.
No es, por tanto, extraño que Adolfo Suárez, respaldado por el Rey, llegase a la conclusión, apenas tres meses después de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, de que era necesario restablecer la Generalitat a cuyo frente estaba el presidente Tarradellas. En consecuencia, el 5 de octubre de 1977 se restituye el autogobierno provisional de Cataluña mediante un Real Decreto-Ley en el que se dice que «hasta que se promulgue la Constitución, no será posible el establecimiento estatutario de las autonomías». En ese momento lo único seguro es que Cataluña podrá disponer de autonomía, pero sin más detalles. El propio Tarradellas, que fue presidente de la Generalitat en el exilio durante 26 años, opinaba lo siguiente: «Si no me he cansado de repetir mi convicción de que la autonomía política de los catalanes no tiene nada que ver con las aspiraciones autonómicas de otros pueblos de España es porque no tengo conocimiento de que su historia los determine interiormente a la autonomía con la intensidad y las característica a que estamos acostumbrados los catalanes. Los catalanes no renunciaremos nunca a nuestros derechos, a nuestras instituciones y libertades. Y no renunciaremos a ellos dentro de España».
Pues bien, como es sabido, Tarradellas cesa en 1980 como presidente de la Generalitat y su sucesor es Jordi Pujol. A partir de ese momento, Pujol, que venía precedido por el escándalo de Banca Catalana, irá construyendo un régimen que permitiría ir dando pasos para instalar el golpe de Estado permanente, con el objetivo de lograr algún día la independencia de Cataluña, y que además le sirvió presuntamente para levantar una inmensa fortuna familiar. Algo intuyó Tarradellas porque antes de morir llegó a sentenciar que Pujol había instaurado en Cataluña una «dictadura blanca», ya que nada se movía en el Principado sin que él lo supiese. Pero, como digo, el deseo más ferviente de Pujol, aunque lo disimulase, era seguramente separarse del resto de autonomías para acabar algún día construyendo un Estado propio. Es sintomático a este respecto el comentario que Pujol formuló a Ardanza, del que estaba celoso por sus mejores datos teóricos para una posible independencia: «Es que los vascos tenéis derechos históricos, concierto económico y ETA». Sin comentarios.
ASÍLAS cosas, la autonomía se fue transformando paulatinamente en soberanía, apareciendo los llamados soberanistas, eufemismo que recoge a los separatistas que irán incrementándose entre los jóvenes gracias a la enseñanza y al control de los medios. Los avances en el golpe de Estado permanente parecía que se iban a congelar con la llegada de un nuevo presidente de la Generalitat, el socialista Pascual Maragall, al que le sucedería también otro socialista, José Montilla. Pero, paradójicamente, iba a ocurrir lo contrario, pues se elaboró un nuevo Estatuto que, sin ser necesario, desbordó ampliamente el marco constitucional y aceleró las etapas hacia la reivindicación de la independencia por parte de los soberanistas, apoyados por menos de la mitad de la población catalana. A Montilla le sucede Artur Mas, que insiste en que se reconozca el «derecho de autodeterminación», bajo el disfraz del inexistente «derecho a decidir». Así llegamos al 9-N, fecha en que se celebra un referéndum ilegal y prohibido expresamente por el Estado, pero que, sin embargo, el Gobierno de Rajoy lo permite mirando hacia otro lado. Todo lo que ocurre a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y de las manifestaciones de la Diada de 2012 no es más que un descaro inconstitucional para ir creando las estructuras del nuevo Estado catalán que la autoridad de Madrid parecía desconocer o, lo que es peor, permitir de forma suicida. Un colega mío, ex vicepresidente del TC, Carles Viver, es el cerebro que tiene todo planificado ante la pasividad del Gobierno de Rajoy y el pánico de los catalanes que no son independentistas y que se encuentran indefensos.
Las declaraciones que hizo un insensato ex juez hace unos meses nos reiteran muy claro que el golpe de Estado permanente ya se acerca a su fin porque el referéndum ilegal que piensan organizar, si se les deja, previsto para septiembre, se quiere adelantar ahora a antes del verano a causa del eco de la verborrea del juez constituyente que ha destapado el pastel. Según este jurista de pacotilla, para conseguir ese objetivo no hay más camino que no cumplir las leyes y la Constitución, algo que el Gobierno de Madrid ha tratado de impedir hasta ahora con pellizcos de monja. Ahora bien, los gobernantes catalanes siguen hablando de realizar el referéndum, pero lo curioso es que como no lo pueden hacer con la legalidad vigente, se inventarán unas normas hechas a su medida, siguiendo aquel lema de los almacenes modernos que decía: «Sírvase Ud. mismo».
Hemos llegado a la hora de la verdad y el Gobierno del PP, junto con los demás partidos que defienden la Constitución, tienen que sopesar qué medidas tomar, entre las varias que hay, para desarmar un mecano que se ha venido construyendo desde hace años y que si se mantiene el futuro de España será muy problemático.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.