El tortuoso camino hacia el Brexit se topó ayer con un nuevo obstáculo que podría retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un alto tribunal británico falló en contra del Gobierno de Theresa May y determinó la necesidad de un voto en el Parlamento para poder invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el gatillo de salida de la UE. Londres está dispuesta a seguir adelante con su proyecto y ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno anticipó que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo y aseguró que sus planes siguen adelante tal cual, con la esperanza de activar el Brexit a finales de marzo. Pero el golpe legal sufrido en los tribunales de Londres (que podría venir acompañado de un segundo fallo similar en Irlanda del Norte) pone a la premier en una posición muy comprometida.
May hablará hoy a primera hora con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y con el presidente del Consejo, Donald Tusk, para asegurarles que el fallo judicial no interfiere con la decisión de su Gobierno de invocar el Artículo 50 a finales de marzo, aunque hubiera que superar antes el trámite parlamentario.
En los pasillos del Parlamento y en los corros de los analistas empezó a hablarse incluso de la posibilidad de unas elecciones anticipadas para poder desbloquear la insólita situación. En el último recuento, anterior al referéndum, unos 480 de los 650 diputados eran partidarios de la permanencia, en abierto contraste con la victoria del Brexit en las urnas por un 52% a un 48% de los votos.
Aunque desde entonces se ha producido una realineamiento en el Partido Conservador, la posibilidad de un voto contrario al Brexit en la Cámara de los Comunes pende ahora sobre el Gobierno de Theresa May, en pleno forcejeo con Bruselas, que se niega a abrir negociaciones previas a la invocación del Artículo 50.
La premier decidió mantener ayer un perfil bajo para aplacar el impacto político de la decisión judicial, que considera que el Gobierno no tiene poderes para usar la prerrogativa real y activar directamente la salida de la UE. El pleito legal, encabezado por la gestora de inversiones Gina Miller –ensalzada como la «última heroína de la permanencia»– alegaba que el referéndum fue «consultivo» y «no vinculante», y que por tanto hará falta el consentimiento final del Parlamento para consumar la ruptura con Bruselas.
La respuesta oficial el Ejecutivo no se producirá hasta el lunes en el propio Parlamento y por boca de David Lidington, el líder de la mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes. El secretario de Estado para el Brexit, David Davis, fue el primer miembro del Gabinete en reconocer implícitamente que habrá un voto en el Parlamento.
Ayer fue aumentando, sin embargo, la presión sobre Theresa May para que muestre las cartas del Gobierno ante el mazazo judicial, que de alguna forma se esperaba en los últimos días. May sigue de momento aferrada a su principio de que «Brexit significa Brexit» y empeñada en que tiene en sus manos «el mandato del pueblo británico» para poner en marcha la salida de la UE. La primera ministra ha asegurado a sus colaboradores que los planes siguen tan cual y que el fallo judicial no servirá para hacer «descarrilar» el proceso, ni para alterar el calendario previsto.
Sin embargo, varios parlamentarios reconocieron ayer que la decisión judicial puede suponer, cuando menos, un aplazamiento de sus planes. Si el Supremo ratificara el fallo del alto tribunal londinense, y estipulara la necesidad de un voto parlamentario para activar el Brexit, el Gobierno británico podría incluso verse en la curiosa tesitura de recurrir en última instancia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (algo altamente improbable dadas las circunstancias).
En todo caso, el Tribunal Supremo se pronunciará no antes del próximo 7 de diciembre. El Gobierno se vería obligado a presentar una ley por la vía de urgencia. Y aun así los trámites parlamentarios podrían demorarse durante varias semanas, entre la redacción y el período de presentación de enmiendas.
La oposición acogió entre tanto con parabienes la decisión judicial, que permitirá «un control parlamentario» del proceso, en palabras del líder laborista, Jeremy Corbyn. Su ex rival en el liderazgo del partido, Owen Smith, con un peso importante en el grupo parlamentario, aseguró que aprovechará la oportunidad para presentar una enmienda reclamando un segundo referéndum, una opción que también defienden los liberal-demócratas capitaneados por Tim Farron.
Con el trámite parlamentario, el debate político se calentará inevitablemente. La ministra principal Nicola Sturgeon dará instrucciones a los diputados del Partido Nacional Escocés (SNP) para torpedear desde dentro el Brexitduro y defender el acceso de Escocia al mercado único. Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia del Reino Unido (Ukip), reconoció que el fallo es un golpe bajo contra las pretensiones de un Brexitduro y contra la voluntad de la mayoría de los británicos: «Cada vez me preocupa más la situación. Parece que lo al final tendremos es un medio Brexit, y eso sería una traición a los 17,4 millones de británicos que votaron por la salida de la UE».