ABC – 17/08/14
· El caso Pujol enfrenta a Mas con ERC, abre una brecha inédita en el Gobierno catalán y resta fieles a la Diada.
El bloque en favor de la consulta secesionista se agrieta, si es que alguna vez fue compacto. Siempre hubo mucho de tacticismo electoral en los apoyos que el presidente Artur Mas ha tenido en su idea de convocar a los catalanes a un referendo sobre el Estado propio el 9 de noviembre. Pero la proximidad de esa fecha y la división que esa cita genera en su propio Gobierno, donde varios consejeros se niegan a secundar un acto ilegal, ha puesto de manifiesto que el frente soberanista hace aguas y que sus miembros solo piensan ya en salvarse. Si a eso se añade el pinchazo de las movilizaciones de la Diada y el escándalo del caso Pujol, cabe concluir que el proyecto de Mas está herido de muerte.
En 2012 y 2013, el líder de CiU utilizó las multitudinarias manifestaciones independentistas de la Diada para arrogarse un respaldo social que este año tiene visos de ser muy inferior. Tanto la Asamblea Nacional Catalana, organizadora de esas concentraciones, como Òmnium Cultural, la muy subvencionada entidad secesionista que las apoya, han admitido que el ritmo de inscripciones a la «V» humana del 11 de septiembre es muy inferior a la del año pasado.
Difícil calibrar hasta qué punto la confesión del expresidente Jordi Pujol, investigado por evasión fiscal, ha influido en ese pinchazo, pero resulta lógico pensar que las malas artes del «padre político» de Mas haya disuadido a muchos de dar apoyo a la casta nacionalista catalana. El presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, planteó días atrás que el caso Pujol podía provocar una desmovilización en la Diada. También dijo que no podía celebrarse una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, como previsiblemente sucederá.
A las reflexiones de Rigol se sumaron sus compañeros de partido (UDC), Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat y encargada de la logística del referendo, y el consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí. Los socialcristianos tienen ya la vista puesta en el movimiento, con vocación de partido político, que su líder Josep Duran Lleida, prepara para desmarcarse de Convergència, su socia en CiU.
Pero es que también suscribió ese rechazo a un acto ilegal el consejero de Territorio, Santi Vila (CDC), evidenciando así la fuerte división que la consulta genera en el Gobierno catalán, donde solo Mas y sus incondicionales —Francesc Homs, consejero de Presidencia, principalmente— insisten en la necesidad de celebrar la consulta para acallar las protestas de sus socios de legislatura, ERC. Aunque hay letra pequeña en aquel pacto suscrito entre Mas y el presidente de ERC, Oriol Junqueras —UDC introdujo un párrafo que contempla la prórroga de la consulta por causas políticas o económicas—, lo cierto es que la alianza se basa precisamente en la convocatoria de ese referendo.
Pero también hay un cálculo electoral por parte de los republicanos, a quienes no interesa un adelanto de las elecciones autonómicas, la única salida que le queda a Mas. ERC quiere que las municipales se celebren antes para ganar alcaldías y diputaciones, y poder así financiar la candidatura de Junqueras.
ABC – 17/08/14