- Pedro Sánchez, ausente del lugar del crimen, ha propiciado en poco más de una semana que el Tribunal Constitucional se divida como nunca ante la decisión de facilitar a sus socios independentistas volver a declarar la independencia
“El día más negro del parlamentarismo en cuarenta años”, según definición del principal partido de la oposición que se negó a votar la aniquilación de la sedición, la rebaja de la malversación y el asalto exprés al Tribunal Constitucional (TC), ha supuesto la consumación por la vía de la urgencia y del acoso preventivo a los jueces por tierra, mar y aire de la mayor tropelía de este Gobierno.
El día amanecía con todo un despliegue mediático -“el TC intenta burlar al Parlamento”- y continuaba con acusaciones de “togas golpistas” desde las tertulias de los medios afines a la propia tribuna del Congreso donde los ‘hunos’ que hace una semana acusaban a los ‘otros’ de usar el golpismo en vano, ahora lo aventaban sin recato contra los magistrados del Constitucional.
La presión surtió efecto cuando los miembros del bloque progresista del TC amenazaron al presidente del máximo órgano con la rebelión y no votar la suspensión de la tramitación de la reforma del Código Penal si no les daba tiempo para estudiar el recurso (y, con ello, garantizaban que el Congreso podía votarla). Y Pedro González Trevijano, ante un órdago -éste sí- inédito, aplazó el Pleno al lunes próximo. El camino para consumar la tropelía quedaba despejado y a la espera de lo que suceda la semana próxima.
Pedro Sánchez, ausente del lugar del crimen, ha propiciado en poco más de una semana que el Tribunal Constitucional se divida como nunca ante la decisión de facilitar a sus socios independentistas volver a declarar la independencia
Pedro Sánchez, ausente del lugar del crimen, ha propiciado en poco más de una semana que el Tribunal Constitucional se divida como nunca ante la decisión –vía enmienda al Código Penal, lo que acorta tiempos y evita estudios previos, por ello el recurso de amparo para evitar esa tramitación de urgencia e irregular- de facilitar a sus socios independentistas volver a declarar la independencia.
Porque ese, y no otro, es el objetivo de cambiar las mayorías en el Constitucional y propiciar la llegada de los progresistas, con Conde Pumpìdo a la cabeza, y evitar que el máximo órgano pueda tumbar los intentos futuros de ERC, Junts y demás. Igual que en los años de plomo había que leer los ‘zutabe’ de ETA para saber el estado de las negociaciones con los diferentes gobiernos -de PP y de PSOE- porque la banda nunca mentía, ahora solo hay que escuchar a Gabriel Rufián y, sobre todo, Oriol Junqueras para llegar a comprender el alcance de lo que se están negociando a velocidad de crucero entre Moncloa y ERC.
Y Oriol y ERC lo han dejado claro. El primero, asegurando que un referéndum ya no es delito. La segunda, presentando su plan a las bases: referéndum en Cataluña que, con un 50% del censo y un 55% de sí, sea válido para declarar la independencia. Todas las demás declaraciones de Bolaños, Montero, Sánchez y compañía –no habrá referéndum- son puras maniobras de distracción.
ERC, Bildu y demás ‘frankenstein’ aplaudían el atropello legislativo que permitirá que, si se plasma en el BOE, declarar la independencia sin tumultos no sea delito
En la votación, el PSOE votó sin fisuras –la ‘rebelión’ y la ‘indiganción’ de Emiliano García-Page y Lambán ha durado dos telediarios-. ERC, Bildu y demás ‘frankenstein’ aplaudían el atropello legislativo que permitirá que, si se plasma en el BOE, declarar la independencia sin tumultos no sea delito. Y Unidas Podemos –aquel movimiento que nació el 15-M porque no había pan para tanto chorizo- aprobaba sin remilgos una reforma que abarata la corrupción y permite los chorizos por arrobas…
El lunes, el TC -partido por la mitad- decidirá si tumba o no la tramitación de la reforma antes de que llegue al Senado el próximo jueves. Las presiones, hasta entonces, se multiplicarán. El Constitucional es clave en todo este entramado forjado entre PSOE/PSC y ERC en las mesas bilaterales: indultos, fin de la sedición, abaratamiento de la malversación y referéndum cuando el censo -espérense a que se baje la edad de voto a los 16 en la consulta como quiere la CUP y ERC- sea propicio. Ahora mismo, todo depende de media docena de magistrados. Otra vez, pobre España…