José Luis Rodríguez Zapatero, al que vuelven a pasear últimamente como al Cid por Valencia, se inventó eso de la memoria histórica, que consistió en recordar solo lo que a él le interesaba. Pedro Sánchez, que ha sido su mejor alumno, cambió lo de “histórica” por “democrática”, para obviar de la ecuación cualquier amenaza de rigor académico.

Para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática el presidente ha pactado con Bildu, de forma que los herederos de ETA van a poder reescribir la Transición, tal y como el socialismo hace desde hace tiempo con el franquismo. La cosa es que ya no se trata de enmendar un episodio pasado de nuestra historia, sino de hacerlo con nuestro propio presente.

Entre 1975 y 1982 ETA mató a casi cuatrocientos españoles. El sistema democrático recién nacido se tambaleaba cada vez que daban un tiro en la nuca o ponían una bomba lapa. Si no saltó todo por los aires fue, simplemente, porque no fueron capaces de conseguirlo. Fracasaron. Desde el Congreso van a conseguir lo que no lograron con los atentados, quedar como los vencedores de una lucha que perdieron.

A pesar de tanta muerte, de aquel proceso nació la etapa de mayor libertad y prosperidad de nuestro país. Los que estaban entonces en contra de la democracia quieren ahora desmontar el sistema, ya que esto supone acabar con España, última misión de todo separatista. Sánchez, como Zapatero de nuevo, persiste en hacer algo sin parangón en el mundo civilizado: se alía con aquellos que quieren destruir el país que lidera y demoniza a aquellos que lo defienden.

«Con la nueva Ley de Memoria Democrática, el Estado pasa a ser el responsable de nuestra memoria colectiva, algo que todos los regímenes totalitarios han perseguido»

Una de las enmiendas pactadas por el PSOE con Bildu y Más País ha sido la que permitirá crear una comisión de investigación que dilucide si hubo vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 , de modo que, y aquí está lo más doloroso del texto, se pueda reparar el daño causado a personas que hayan luchado “por la consolidación de la democracia”. Tras poner en cuestión la Transición y el régimen actual, incluyendo a los tribunales que ya juzgaron la guerra sucia, el blanqueamiento definitivo de ETA: del Otegui, hombre de paz, a los etarras que lucharon por la democracia.

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La ley afirma rotundamente que “el olvido no es una opción para una democracia”. ¿Está bien que un país tenga memoria? Por supuesto. El problema es cuando es el Gobierno el que decide qué debemos recordar, dejándose arrastrar por una pulsión liberticida que les lleva a ocupar el espacio que antes pertenecía a Pablo Iglesias. Con la nueva ley, que tiene la aparente buena intención de reparar el daño a las víctimas del franquismo (y solo a ellas), el Estado pasa a ser el responsable de nuestra memoria colectiva, algo que todos los regímenes totalitarios han perseguido.

Pero la reinvención de nuestro pasado, de aquello que recordamos, solo es posible desde el control de la enseñanza, para lo que entra en juego la LOMLOE, que empieza a implantarse este septiembre próximo.

La nueva ley educativa plantea en la asignatura de Geografía e Historia de la ESO un temario abstracto, sin orden cronológico ni secuenciación por cursos, con epígrafes como la “desigualdad social y la disputa por el poder”, la “marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la Humanidad”, “la familia, el linaje y la casta”, “el papel de la religión en la organización social”, “la transformación política de los seres humanos de la servidumbre a la ciudadanía”…

«Un alumno, en su educación obligatoria, tendrá que estudiar en profundidad todo lo relacionado con la represión franquista en los términos que dicte el Gobierno»

Dentro de estos apartados, comunidades autónomas y profesores podrán seleccionar los contenidos que crean adecuados, dando vía libre a explicar solo aquellos hechos históricos que sirvan para promocionar y justificar determinadas ideas. Se podrá enseñar una historia diferente en cada instituto, incluso en cada clase, pero la Ley de Memoria Democrática viene a concretar un poco lo que quieren que se estudie en los centros.

En el artículo 45 de esta última ley se especifica que el sistema educativo debe tener entre sus fines el conocimiento de “la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, para lo que se actualizarán los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y se establecerán planes de formación para el profesorado.

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Un alumno, en toda su educación obligatoria, no tendrá por qué aprender nada del Imperio romano o de los Reyes Católicos, a no ser que su profesor use alguna de estas etapas para ilustrar uno de los epígrafes antes mencionados, pero tendrá que estudiar en profundidad todo lo relacionado con la represión franquista en los términos que dicte el Gobierno.

Ambas leyes generan el marco perfecto para crear una nueva generación de españoles a la imagen y semejanza del socialismo actual. Una granja orwelliana particular en la que Pedro Sánchez disfrute de un mandato perpetuo. Esperemos que el tiempo, y las próximas elecciones, lo impidan.

*** Cristóbal Villalobos es periodista e historiador.