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MIKEL BUESA-Grupo de Economía del Terrorismo Catedrático Emérito de Economía Aplicada. Universidad Complutense
Documento de Trabajo, nº 7. Mayo, 2026
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Resumen
El GRAPO fue una organización terrorista vinculada al Partido Comunista de España (reconstituido), uno de los múltiples grupos pro chinos que proliferaron en España a partir de la década de 1960. Se trató de una banda armada con muy pocos militantes que, sin embargo, lograron desplegar una campaña terrorista que duró más de tres décadas. En este trabajo se estudian los perfiles de esa campaña buscando cuantificar sus principales aspectos: el reclutamiento de los militantes; las acciones terroristas realizadas y sus consecuencias victimales (muertos y heridos); la financiación de la organización mediante atracos, robos, extorsión y secuestros; y los efectos de la represión sobre los terroristas mediante el análisis de su detención y encarcelamiento. En síntesis, el GRAPO contó con unos trescientos militantes cuya permanencia, antes de su detención, duró 3,9 años en promedio. La media de militantes activos por año la hemos estimado en 29,5 individuos. La banda fue responsable de 436 acciones armadas, mató a 95 personas e hirió a 134. Tuvo 42 bajas en acción (26 muertos y 16 heridos). Obtuvo recursos por valor de casi 19 millones de euros para financiarse. Y sus militantes cumplieron condenas en prisión durante 16,7 años en promedio.
Palabras clave: España, Terrorismo, GRAPO, PCE(r), Reclutamiento de activistas, Acciones terroristas, Financiación, Represión.
Abstract
GRAPO was a terrorist organization linked to the Communist Party of Spain (reconstituted), one of the many pro-Chinese groups that proliferated in Spain from the 1960s onward. It was an armed group with very few members who, nevertheless, managed to wage a terrorist campaign that lasted more than three decades. This study examines the profiles of that campaign, seeking to quantify its main aspects: the recruitment of GRAPO members; the terrorist actions carried out and their resulting casualties (deaths and injuries); the organization’s financing through robberies, extortion, and kidnappings; and the effects of repression on the terrorists through an analysis of their arrest and imprisonment. In short, GRAPO had approximately three hundred members whose average membership, before their arrest, lasted 3.9 years. We have estimated the average number of active members per year at 29.5 individuals. The group was responsible for 436-armed attacks, killing 95 people and wounding 134. It suffered 42 casualties in action (26 dead and 16 wounded). It obtained nearly €19 million in funding. And its members served prison sentences averaging 16.7 years.
Keywords: Spain, Terrorism, GRAPO, PCE(r), Recruitment of activists, Terrorist actions, Financing, Repression.
- Introducción.
Al mediar la década de 1960, de igual manera que en otros países europeos, el movimiento comunista internacional experimentó una profunda agitación, fruto de la controversia política entre la Unión Soviética y China que surgió a raíz del XXII Congreso del PCUS, celebrado en octubre de 1961, en el que la doctrina de este partido se deslizó hacia el abandono de la dictadura del proletariado en favor de la transición pacífica al socialismo y la coexistencia entre los sistemas capitalista y socialista. Ello, unido a la crítica a Stalin —cuyo culto a la personalidad había denunciado Nikita Jrushchov en su famoso «discurso secreto» de 1956— y a la descalificación del régimen de Enver Hoxha en Albania, suscitó la crítica de los partidos comunistas asiáticos, liderados por el chino, que, por boca de Zhou Enlai, no ahorró descalificaciones hacia el dirigente ruso. Se cimentó así una profunda escisión en el movimiento que, en años sucesivos, daría lugar a la denuncia del revisionismo soviético y a la aparición de grupos pro-chinos escindidos de los partidos comunistas occidentales.
España no fue ajena a esta dinámica de ruptura del monolitismo soviético, de manera que a partir de 1963 surgió, tanto en el interior como en el exilio, una amplia colección de grupúsculos disidentes del PCE, algunos de los cuales acabarían convirtiéndose en nuevos partidos que propugnaron una salida revolucionaria al régimen del general Franco, sustentada en algunos casos —como fueron el del Partido Comunista de España (marxista-leninista), con el FRAP, y más tarde el Partido Comunista de España (reconstituido), con los GRAPO— sobre campañas terroristas que se presumían impulsoras del movimiento de masas que daría fin al sistema político autoritario[1]. El PCR(r) se gestó a partir de la Organización de Marxistas-Leninistas de España (OMLE), que se constituyó en una reunión de veinticinco personas —ex militantes casi todas ellas, del PCE (m-l), la Unión de Marxistas Leninistas y los Comités de apoyo a la lucha del Pueblo de Vietnam— celebrada en Bruselas, en 1968. Su principal objetivo sería el de la reconstrucción del Partido Comunista [Castro Moral, 2005, pp. 59-60], toda vez que la organización liderada por Santiago Carrillo —que siguió siendo la más movilizadora de la oposición al franquismo— había abandonado cualquier veleidad violenta en su acción política tras el fracaso del maquis al comienzo de la década de 1950.
La OMLE, a pesar de que contaba con muy pocos militantes y de que no había resuelto sus discrepancias internas en torno a su dirección[2], instalada en Francia, se extendió pronto por España. A partir de 1969 se constituyeron grupos locales en Madrid y Cádiz; y más tarde en Galicia, el País Vasco, Cataluña y otras provincias andaluzas. A la altura de 1975, en el mes de enero, su dirección consideró llegado el momento de convocar el Congreso Reconstitutivo del Partido, que se celebró en junio con la presencia de 38 militantes —lo que da cuenta de la endeblez de la organización—, en una casa rural de la población cántabra de La Cabada [Castro Moral, 2005, p. 125]. Se funda así el PCE(r) con un programa político en el que, siguiendo una línea de análisis marxista, se consideraba que, en función del desarrollo de las fuerzas productivas, «España no se encamina(ba) hacia un sistema democrático burgués, sino que, por el contrario, el país se halla(ba) metido de lleno en un proceso revolucionario que sólo p(odía) desembocar en la destrucción del sistema capitalista y la realización del socialismo»[3].
De acuerdo con la doctrina leninista sostenida por la OMLE que heredó el partido, la consecución del objetivo revolucionario sólo podía ser el fruto de un movimiento insurreccional sostenido por las masas y dirigido por su vanguardia —el PCE(r)—, para lo que se requería formar un grupo armado que diera «una respuesta en términos de gran violencia» al régimen franquista si éste «desplega(ba) una contraofensiva que normalizase la situación a su favor»[4]. Con tal finalidad, la OMLE se dotó en 1974 de una célula armada autónoma «que asum(ió) funciones relativas a la financiación del grupo y también a su seguridad»[5]. Sería el embrión de la «Sección Técnica» que se formó en el partido tras su congreso fundacional, ampliando sus cometidos en orden a la realización de acciones violentas. A la altura del mes de julio de 1975, en un ambiente de fuerte represión policial centrada en ETA —cuyo «renombre crecía con rapidez […] (pues) muchos […] la consideraban vengadora de agravios e injusticias»— la comisión ejecutiva del PCE(r), «reunida en sesión urgente para analizar la situación, […] decidió que el momento (de emprender la lucha armada) había llegado»[6]. Y así, en un atentado aleatorio, el dos de agosto mataron en Madrid a un guardia civil, dejando a otro malherido; y dos meses más tarde, el primero de octubre, como respuesta a la demostración popular de adhesión a Franco, celebrada en la Plaza de Oriente después de los últimos fusilamientos del régimen, asesinaron a cuatro miembros de la Policía Armada [Re, 2020, p. 149]. En homenaje a este acontecimiento, interpretado en clave insurreccional, la «Sección Técnica» adoptaría el nombre de «Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre» (GRAPO). Éstos se presentaron públicamente, en 1976, el 18 de julio, pues tal fecha era considerada por el partido la del inicio de la «Guerra Nacional Revolucionaria» cuyo desenlace seguía pendiente desde 1936 [Castro Moral, 2005, p. 150].
La campaña terrorista emprendida en aquellas fechas no se cerraría hasta pasadas tres décadas, en el año 2007. Fue, por tanto, después de la de ETA, la más prolongada y también sangrienta, de las ofensivas de esa naturaleza que hubieron de ser soportadas por la sociedad española a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, entre los estudiosos de la materia no suscitó demasiado interés, de manera que «la producción académica (sobre ella) es bastante escasa»[7], lo que contrasta con la abundancia de estudios sobre la organización armada vasca. Ello hace que dispongamos de pocos trabajos sobre los GRAPO[8], principalmente centrados en su historia política e ideológica, así como en sus resultados victimales —referidos éstos a los asesinatos cometidos por la banda y a sus secuestros políticos, aunque muy insuficientes con respecto a los heridos en sus atentados—. En particular, las principales deficiencias de esa literatura se refieren al reclutamiento de los militantes de la organización armada, la contabilización de sus acciones terroristas con sus aspectos operativos, la obtención de los recursos materiales y financieros que se destinaron a sostener la organización y sus actividades, y la represión de la que fue objeto —incluyendo las bajas de militantes por muerte o abandono—.
El propósito en este trabajo es abordar estos aspectos, principalmente desde una perspectiva cuantitativa. Para ello, partiendo de los textos de Castro Moral (2025) y Ladrón de Guevara Pascual (2022) —y de la información que iba apareciendo en el curso de la recogida de datos—, se ha establecido una relación nominal de 217 militantes implicados en las acciones de los GRAPO. Sobre esa base, teniendo en cuenta las fuentes mencionadas, así como una búsqueda hemerográfica exhaustiva[9], se han recabado datos acerca de su incorporación a la banda terrorista, su eventual detención y encarcelamiento, así como otras incidencias —abandono, expulsión, muerte o heridas en acción—. Asimismo, se han identificado los atentados y otras acciones terroristas cometidas por esos individuos, obteniéndose información sobre su naturaleza, finalidad, configuración operativa y consecuencias victimales.
- El reclutamiento de militantes
El PCE (r) y su brazo armado —los GRAPO— fueron organizaciones de un tamaño más bien reducido que, a lo largo de su trayectoria, no llegaron a los tres centenares de militantes. En su momento inicial, en 1970, según Marcial Fournier, la OMLE —que constituye su precedente organizativo— apenas contaba con veintitrés afiliados, quince en el interior de España y ocho en el extranjero[10], aunque este número se amplió en el curso de los años siguientes. Pío Moa (2002, p. 227), con referencia a mediados de la década, apunta un total de entre 170 y 190 miembros, de los que un treinta por ciento formaban parte del aparato directivo —que el autor califica de «hipertrofiado»—, e indica también que los simpatizantes se estimaban entre 600 y 1.100 personas. Moa, que en aquel momento era dirigente del partido, observa asimismo que éste se enfrentaba a un «insuperable estancamiento numérico», a pesar de lo cual, según señala, «resolvimos comenzar sistemáticamente la lucha armada», porque «sólo a tiros se abriría paso la revolución»[11]. Ese estancamiento, según señala Castro Moral (2005, p. 135) se mantuvo «hasta el desmantelamiento general de 1979», pues, aunque la organización se expandió territorialmente, «las sucesivas desarticulaciones policiales […] y los abandonos de militancia» acotaron su tamaño «dentro de unos límites numéricos restringidos, en torno a los doscientos militantes». Y, por otra parte, Avilés (2010, pp. 29-31) cifra la militancia total de la organización en 271 individuos.
Los resultados de nuestra investigación a partir de la relación nominal de los militantes implicados en actividades terroristas que hemos identificado, se inscriben en una línea similar a la descrita en el párrafo precedente, aunque haya que matizar que, desde el punto de vista conceptual, no estamos manejando conceptos homogéneos. En concreto, los datos de Moa (2002) y los de Fournier, citados por Castro Moral (2005), así como los de este último autor se refieren, seguramente, a los militantes de las organizaciones políticas —OMLE y PCE(r)— participaran o no en la lucha armada[12], en tanto que los de Avilés (2010) señalan a estos últimos. Ello no oculta que, en esas organizaciones, el tránsito al terrorismo fue muy fluido y que, por tanto, se genera una cierta confusión en su consideración, tanto más cuanto que no se dispone de ninguna fuente que deslinde los conceptos aludidos.
En cambio, los datos que se muestran a continuación aluden, en todos los casos, a individuos que estuvieron implicados en actividades terroristas. Se trata de 217 personas, hombres y mujeres que tomaron las armas con el objetivo de servir al movimiento insurreccional diseñado por los dirigentes del PCE(r), gran parte de los cuales fueron detenidos. Esto último es importante a los efectos del tema que se trata en este epígrafe —el reclutamiento de la banda armada— porque, como más adelante se mostrará con detalle, más de un cuarenta por ciento de ellos, una vez cumplidas las penas carcelarias a las que fueron sometidos, se reincorporaron de forma reiterada a la lucha armada. Si tenemos en cuenta esto último, en términos de militancia activa, esos 217 individuos se transforman en 311 sujetos en armas, cifra ésta que se encuentra próxima a la señalada por Avilés (2010), lo que nos hace pensar que nuestra investigación recoge, al menos, la mayor parte del reclutamiento de la organización terrorista.
Vayamos entonces a los resultados de nuestra indagación. En primer lugar, cabe referirse al reclutamiento de los militantes, tal como se desprende de las fechas en las que éstos se incorporaron bien a las organizaciones políticas, para pasar luego al GRAPO, bien directamente a este último. Disponemos para ello de la información, limitada a 126 de los 217 casos estudiados —el 58 por ciento—, que se muestra en el gráfico 1, donde se ha añadido una línea polinómica de tendencia para mayor claridad analítica. En ella se aprecia que fue en el período de formación del que sería más tarde el PCE(r) —es decir, durante la vigencia expansiva de la OMLE en la primera mitad de los años setenta— cuando se afiliaron al partido, adhiriéndose a su perfil ideológico marxista-leninista, la mayor parte de quienes posteriormente participarían en las actividades terroristas. Se trata, en nuestra muestra, de casi el 57 por ciento los que entraron en él hasta 1975; y otro veinte por ciento más los que completaron ese elenco inicial hasta finalizar la década. «Eran sobre todo —como apunta Re (2020, p. 150)— jóvenes, estudiantes y obreros, exmilitantes de grupos de extrema izquierda», en no pocos casos menores de edad —pues no tenían aún 21 años—, lo que en más de una ocasión les sirvió como atenuante para rebajar las penas a las que se les condenó cuando
Gráfico 1
fueron juzgados por sus delitos. Posteriormente, ya en los años ochenta, la afiliación decayó notablemente, aunque en la segunda mitad de la década siguiente experimentó un pequeño repunte. Todo ello se reflejaría, como más adelante se verá, en la intensidad de la campaña terrorista.
Por otra parte, conviene resaltar que a ese mismo período en el que tuvieron lugar la mayor parte de las afiliaciones corresponde también el mayor número de bajas en acción de las que hemos tenido noticia. Los terroristas del GRAPO muertos o heridos hasta los primeros años ochenta suman el 77 y 94 por ciento, respectivamente, de los totales correspondientes[13], según se muestra en el gráfico 2. Ello se explica, probablemente, por la inexperiencia de los participantes en las acciones armadas, lo que les hizo caer en enfrentamientos con la policía o en el curso de la realización de atentados, casi siempre debido a un deficiente manejo de explosivos. Y a ello se suman unos pocos casos de represalias adoptadas por su propia organización o ejecutadas por mercenarios, tal como reflejan los gráficos 3 y 4.
También corresponde a esa primera etapa de la organización terrorista, que se cierra en 1980, algo más de un tercio de los abandonos y expulsiones, fruto muchas veces de sus discrepancias internas y posiblemente, en algún caso, de la negativa a tomar las armas. Tales circunstancias se extendieron por buena parte de la trayectoria del PCE(r)
Gráfico 2
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Gráfico 4
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y los GRAPO, tal como se aprecia en el gráfico 5, siendo los episodios de disidencia más relevantes los que se produjeron en 1984, con la retirada de trece militantes que discreparon con la dirección del partido en materias como las huelgas de hambre en las cárceles, la eventual salida negociada al terrorismo y, curiosamente, el rechazo del «realismo socialista» en el ámbito cultural (Castro Moral, 2005, pp. 241-250); y también en el año 2000, cuando fueron expulsados tres militantes a los que se calificó de «neotrostquistas», cuyo pecado fue mantener relaciones con el grupo italiano de los Comités de Apoyo a la Resistencia por el Comunismo (Ibidem, pp. 312-315).
Por otra parte, el tema del reclutamiento puede abordarse desde otra perspectiva analítica si se tiene en cuenta que, con toda seguridad, la mayoría de los activistas que se encuadraron en los GRAPO acabaron siendo detenidos por las Fuerzas y Cuerpos
Gráfico 5
de Seguridad del Estado. Ello permite establecer la base de una estimación de la militancia activa, toda vez que contamos con un recuento de las detenciones practicadas —311 en total— sobre los 217 individuos identificados en nuestra base de datos. Esta vía de análisis tiene la ventaja de poder integrar en el estudio del reclutamiento a los militantes que, cumplidas las condenas carcelarias a las que fueron sentenciados, se reengancharon en la organización, generalmente una o dos veces adicionales y, en algún caso, hasta en seis ocasiones. Para realizar el cálculo correspondiente, siguiendo el procedimiento que ya ensayamos en Buesa y Baumert (2025) para el caso de ETA, se ha tenido en cuenta el número de años transcurridos entre la incorporación o el reenganche de esas mismas personas en el GRAPO y su posterior detención, medido como promedio decenal, con datos de 218 casos, tal como se mostrará detalladamente más adelante.
Los resultados de esta estimación se reflejan en el gráfico 6, donde también se muestran los datos sobre las correspondientes detenciones. El perfil que se desprende de este método es muy similar al del gráfico 1, aunque haya que señalar que, con él, se minusvalora en aproximadamente un 50 por ciento el tamaño de la magra militancia existente durante la etapa inicial de la OMLE. En promedio, a lo largo de toda la trayectoria del GRAPO, los combatientes activos se habrían situado en 29,5 individuos anuales, aunque esta cifra oculta un recorrido que va desde 36,8 en el decenio de los setenta —que serían 67,2 en su segunda mitad— hasta 10,4 en el segundo quinquenio de los 2000, y 2,7 en sus últimos años cuando había cesado su actividad, lo que desvela su decadencia. Durante la década de 1980, la organización terrorista aún mantendría parte de su capacidad de movilización con 26,7 militantes por año, pero después esta ratio bajaría a 17,6 tanto en el decenio final del siglo XX como en el inicial del XXI.
Señalemos adicionalmente que las cifras precedentes superan con creces a las estimaciones realizadas esporádicamente por los servicios policiales y publicadas en la
Gráfico 6
prensa, tal como se muestra en el gráfico 7. Las razones de esta discrepancia no las conocemos, aunque sí haya que destacar que esas cifras policiales son inconsistentes con las de las detenciones que se mostrarán más adelante. Por ello, sólo cabe apuntar la hipótesis de que, en su momento, se infravaloró la fuerza armada del GRAPO, seguramente porque, al organizarse éste mediante comandos estancos y contar con una reserva de militantes exiliados en Francia, no se conocía suficientemente su capacidad de movilización.
Gráfico 7
En resumen, nuestra investigación confirma la idea de que los GRAPO constituyeron una organización armada que atrajo a un número de militantes bastante reducido[14], aunque en buena parte persistentes en su compromiso con las acciones terroristas. Ello le permitió extender su capacidad de acción desde 1975 hasta bien entrado el siglo XXI, pues, sobre todo a partir de la década de 1990, el reclutamiento de sus miembros se alimentó en una medida apreciable con el reenganche de individuos que habían cumplido condenas carcelarias por su participación previa en acciones violentas.
- El desarrollo de la campaña terrorista
El GRAPO inició sus acciones terroristas, como ya se ha señalado, en agosto de 1975, atacando en Madrid a dos guardias civiles: Casimiro Sánchez García, que resultó muerto, e Inocencio Cabezón Sánchez, que, aunque herido de gravedad, hizo frente a sus tres agresores. A Sánchez García, ya cadáver, éstos le arrebataron su arma antes de huir. Dos meses más tarde, el uno de octubre, se añadieron, también en Madrid, cuatro atentados contra miembros de la Policía Armada que vigilaban sendas entidades bancarias: Miguel Castilla Martín, Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés Navarro y Antonio Fernández Ferreiro. Todos ellos resultaron muertos. Los autores de estas acciones, aunque fueron identificados[15], no tuvieron sanción penal porque se beneficiaron de la amnistía que, en 1977, aprobó el primer Congreso de la democracia. Una semana más tarde, seguirían otros cinco asesinatos cuando, en un tiroteo contra el acuartelamiento de la Policía Armada de la Verneda, en Barcelona, perecieron dos miembros de ese cuerpo —Juan Antonio Alba Escalera y José Antonio San Nicolás Sánchez— y tres civiles —Antonio Martínez Pérez, José Martínez Vélez y Antonia Pérez Cervantes—.
A partir de ahí, se desencadenaría una campaña en la que, tras al menos 436 incidentes armados, el GRAPO extendió su violencia hasta el año 2007. Como señala Ladrón de Guevara Pascual (2022, pp. 111-112), ésta se caracterizó por su intencionalidad de dañar a policías, guardias civiles y vigilantes jurados, principalmente, a fin lograr un impacto propagandístico relevante, y por «su ensañamiento y brutalidad». Además, los GRAPO destacaron por «su capacidad de resurgir una y otra vez» y por su solidez organizativa[16], basada en «comandos operativos aislados e independientes unos de otros, […] sometidos a una férrea sumisión jerárquica […] y con un alto nivel de ideologización de sus miembros».
La campaña incluyó una amplia variedad de acciones, como atentados contra personas, instalaciones empresariales y organismos oficiales, secuestros, robos, atracos y asaltos a furgones blindados. La literatura sobre los GRAPO ha destacado sobre todo las primeras —especialmente si dieron lugar a víctimas mortales—, así como algunos secuestros, pero se ha entretenido menos con las demás, de manera que, hasta ahora, no se contaba con un recuento sistemático de todas ellas. Con nuestra investigación hemos pretendido cubrir esa laguna, aunque es posible que no lo hayamos logrado del todo pues las fuentes hemerográficas no siempre han cubierto las actividades de esta organización terrorista, sobre todo en su etapa inicial. Una visión general de los incidentes atribuibles a ella, incluyendo sus consecuencias victimales —muertos y heridos— es la que ofrece el gráfico 8. En él se aprecia con claridad que, en el curso de la campaña, hubo tres momentos álgidos en cuanto al número de incidentes: el primero, en la etapa inicial, con un máximo en 1976 y otro menor en 1979 —el año más sangriento de la trayectoria de la organización terrorista, entre cuyos atentados estuvo el de la cafetería California 47 de Madrid, con múltiples muertos y heridos—; el
Gráfico 8
segundo, en la primera mitad de la década de los ochenta, con su punto más elevado en 1984, tras la ruptura, un año antes, de una negociación con el gobierno para cesar en la actividad armada, lo que condujo finalmente a «la hegemonía del aparato militar sobre el aparato político», consolidando así la «completa militarización» del PCE(r) [Castro Moral, 2005, p. 237]; y el tercero, muy puntual, en 1996, prólogo, en este caso, de otra negociación fallida [Castro Moral, 2005, pp. 294-304].
La victimación tuvo un recorrido próximo al de las acciones terroristas, aunque con varios paréntesis y unos valores muy bajos a partir de los años noventa. Los muertos y heridos se contabilizaron sobre todo durante la primera década de la campaña, siendo el año 1979 el más trágico, como se ha indicado. En total, las muertes que hemos constatado son 95 y los heridos, 134. Ambas cifras difieren de las canónicamente aceptadas en los trabajos disponibles al respecto —cuya fuente primaria es el Ministerio del Interior—. Con respecto a la primera, hemos documentado tres muertes más que las reseñadas en Ladrón de Guevara Pascual (2022)[17] y hemos restado otra por tratarse de un miembro de la organización que fue asesinado en 1978 por sus compañeros y que nosotros hemos incluido entre los reseñados en los gráficos 2 y 3[18]. En cuanto a la segunda, los heridos que hemos contabilizado suman 39 más que los reseñados por Jiménez Ramos y Marrodán Ciorda (2019), cuya serie es incompleta porque no recoge los casos relativamente leves[19].
Si entramos en la tipología de las acciones terroristas atribuibles al GRAPO, podemos constatar que el mayor número de éstas —233 en total—, según se muestra en el gráfico 9, consistió en la realización de atentados con explosivos contra cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías, infraestructuras[20] y repetidores de TV y radio, oficinas públicas[21], instalaciones empresariales[22], entidades patronales[23], partidos políticos[24] y medios de comunicación[25]. Tales atentados conllevaron, en general, un bajo riesgo para sus perpetradores —lo que no obsta para que, en julio de 1976, se produjera la muerte de dos militantes al colocar una bomba en los jardines de Murillo, cerca del monumento a Colón, en Sevilla—, pues casi siempre se realizaban de noche o en zonas rurales poco vigiladas. Su finalidad fue principalmente propagandística —destinada a hacer notar la presencia de la organización terrorista— o, a veces, reactiva —cuando se trataba de responder a la detención de militantes o dirigentes— y, de hecho, sólo en nueve casos se produjeron víctimas como consecuencia de ellos[26].
Gráfico 9
Están después, con 122 acciones armadas —acompañadas a veces con el uso de explosivos, sobre todo en el caso de los ataques a furgones blindados—, las operaciones destinadas a la obtención de recursos. En ellas, como más adelante se detallará, la tasa de éxito fue relativamente alta y se logró obtener dinero y pertrechos por valor de casi 19 millones de euros[27] —equivalentes a un promedio de 572.727 euros por cada año de la campaña, o también a 19.414 euros por cada militante activo a lo largo de ella, según la estimación que se ha mostrado en el epígrafe anterior—. Esta última cuantía resulta muy próxima a la de 18.013 euros que, por igual procedimiento de cálculo, se desprende de nuestro estudio sobre la financiación de ETA[28] [Buesa y Baumert (2025)]. Señalemos al respecto que en el año base de la estimación (2010), según la Encuesta de Estructura Salarial, elaborada por el INE, el salario modal bruto fue de 16.489 euros al año. Por tanto, los recursos disponibles en el GRAPO por cada militante activo superaron en un 18 por ciento el salario más frecuente dentro del mercado de trabajo español. En consecuencia, no parece que pueda atribuirse a los GRAPO una situación de penuria económica que impidiera la «profesionalización» de sus activistas, como a veces se sugiere en la literatura disponible[29], y por ende su desarrollo. Más bien parece, a la luz de estos datos comparativos, que su magro crecimiento y su larga decadencia haya que relacionarlos con el poco atractivo de su programa político, paralelo a su escasa capacidad de movilización.
En tercer lugar, aparecen, con 79 acciones, los atentados con armas de fuego cuya finalidad fue la de asesinar a determinadas personas, bien elegidas al azar —como fueron la mayor parte de los policías, guardias civiles y transeúntes civiles que cayeron muertos en ellos—, bien seleccionados y vigilados previamente —caso de los militares, algunos miembros de las fuerzas de seguridad y del único político y el único magistrado abatidos—. De hecho, el 85 por ciento de estos atentados tuvieron éxito al matar o herir a sus objetivos y, sobre todo, constituyeron una seña de identidad de la organización terrorista y de su voluntad de persistir en el empleo de la violencia aún a pesar de sus magros, por no decir nulos, resultados políticos en orden a desencadenar una insurrección armada.
Y dejamos para el final los dos secuestros políticos —el del Consejero de Estado, Antonio María de Oriol, en diciembre de 1976, y el del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, Emilio Villaescusa, en enero 1977— que tuvieron un fuerte impacto político, aunque temporalmente muy limitado, pues ambos fueron liberados por la policía poco tiempo después, siendo detenidos los secuestradores y, por extensión, buena partes de los militantes de Madrid, Barcelona, Vizcaya, Galicia y Andalucía, provocándose así una seria crisis en la organización terrorista que, como se ha mostrado más atrás, experimentó una reducción radical de su militancia activa, así como una depuración de su dirección, tras fuertes enfrentamientos en su seno, con la expulsión de Pío Moa[30].
- La financiación
Durante su etapa inicial, el grupo militante del que acabarían derivándose los GRAPO se mantuvo en una muy precaria situación económica. La OMLE, poco tiempo después de su reunión fundacional, entró en contacto con la embajada de China en París para obtener libros y folletos con los que realizar tareas de propaganda, y también ayuda económica. La cuantía de ésta se desconoce, aunque no debió ser abundante y duró poco tiempo [Moa, 2002, p. 22], de manera que la organización tuvo que sostenerse con sus propios medios. Según una crónica de ABC[31], que cita fuentes del partido, ésta se financiaba con «las cuotas de sus miembros […] (que) oscila(ban) entre las 200 y las 500 pesetas». Sin embargo, por esa vía es evidente que no pudieron allegarse suficientes medios, pues si se hacen los cálculos pertinentes teniendo en cuenta la militancia activa y una cuota mensual equivalente al promedio de las cifras que se acaban de mencionar, tendríamos una recaudación de poco más de cien mil euros (a precios de 2010) para la totalidad del período sobre el que se extendió la campaña terrorista. Y esta cantidad apenas añadiría un 0,5 por ciento a la que antes se ha expuesto como resultado de las acciones armadas destinadas a obtener dinero y pertrechos. En esas circunstancias, según relata Moa (2022, pp.76-78), se tuvo que «recurrir a las masas para allegar los recursos indispensables, […] pero las sumas recaudadas eran ínfimas». Por ello, añade, «no quedó más salida que la tradicional de recurrir a la banca», como «practicaba con buen ánimo ETA», mediante «el atraco o expropiación».
En efecto, a partir de 1975, año en el que la OMLE se transmutó en PCE(r) e inmediatamente transitó hacia la lucha armada, la organización, más allá de los asesinatos y las bombas, se embarcó en la realización de acciones terroristas destinadas a obtener recursos financieros, armamento, explosivos y otros pertrechos necesarios para su sostenimiento. Y así, en el curso de su campaña, protagonizó las 122 operaciones a las que nos hemos referido en el epígrafe anterior. La distribución de éstas según su naturaleza se muestra en el gráfico 10. En él se comprueba que los atracos a entidades bancarias —a los que, ya en los años noventa, se añadieron los
Gráfico 10
asaltos a furgones blindados— constituyeron el grueso de este tipo de actividades, de manera que seis de cada diez de ellas tuvieron esos perfiles. Además, se extendieron por la totalidad del período en el que actuaron los GRAPO, a pesar de los serios inconvenientes que implicaba su realización, tanto desde el punto de vista de su rendimiento como desde la perspectiva de la seguridad de los militantes encargados de llevarlos a cabo. Con respecto a lo primero, hay que anotar no solo la irregularidad de las cantidades obtenidas, sino también que al menos una de cada cinco de estas actuaciones resultó frustrada. Y en cuanto a lo segundo, ha de destacarse el saldo de terroristas muertos o heridos, así como de detenidos, en el curso de ellas. Estos problemas de seguridad trataron de subsanarse en buena parte de los atracos cometidos después de 1989 mediante la realización de secuestros instrumentales, de modo que, antes de entrar en las entidades bancarias, los militantes del GRAPO procedían a retener por unas horas —en alguna ocasión un poco más de un día— a los directores o apoderados de las sucursales correspondientes. Este sistema resultó bastante exitoso, pues en diez de los catorce casos reflejados en el gráfico se obtuvieron botines apreciables; pero no fue así en dos ocasiones[32].
Por otra parte, especialmente en los años iniciales de la actuación de los GRAPO, tuvieron cierta importancia los quince robos en armerías, polvorines y diversas empresas e incluso en el Parque de Artillería de Madrid, el Cuartel de la Policía Municipal de Málaga o en una oficina de expedición del DNI, también en Madrid, para la obtención de armas —de las que también se despojó a una parte de los policías y vigilantes de seguridad asesinados—, explosivos, documentos, material electrónico y otros pertrechos que se utilizaron en los atentados terroristas. Y a ello se añadirían otros once atracos a diversas entidades, tanto oficiales como empresariales, para robar dinero.
Finalmente, deben mencionarse las siete acciones contabilizadas en el capítulo de la extorsión y los secuestros de esta misma naturaleza. En marzo de 1984 los GRAPO iniciaron su primera campaña de extorsión a los empresarios y profesionales enviando una andanada de cartas amenazadoras en las que exigían cantidades de entre cinco y veinticinco millones de pesetas [Castro Moral (2025), p. 239]. Para justificarlo, publicaron en Gaceta Roja, órgano del PCE(r), una pseudo entrevista en la que expresaban su finalidad de «dar un salto cualitativo en el autofinanciamiento, pasando de la expropiación de bancos al cobro del impuesto revolucionario» y, de esa manera, hostigar «a la oligarquía», crear «una Hacienda Revolucionaria» y «pasar a disponer de medios más acordes con las necesidades del desarrollo de nuestra Organización»[33].
Ninguno de estos objetivos grandilocuentes se logró. La campaña extorsiva, que tuvo su centro en Zaragoza, Galicia, Andalucía y Madrid, apenas tuvo resultados. De hecho, en nuestras fuentes sólo consta el pago, en enero de 1985, de 165.700 euros (10 millones de pesetas de la época) por parte de José Antonio Mendoza, directivo de la empresa Hispano Radio Marítima; una cantidad ésta que, según el Ministerio del Interior, fue la mayor obtenida por los GRAPO desde que iniciaron su campaña[34]. Tal vez por ello, en septiembre del año anterior, la organización terrorista asesinó al Presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla, Rafael Padura, «con el fin de atemorizar a los empresarios que se resistían a pagar», según se señala en la sentencia que condenó a sus ejecutores [Ladrón de Guevara Pascual (2022), p.272]; y, en Madrid, al Director General de la inmobiliaria Urbis, Manuel Ángel de la Quintana, «por no haber accedido a entregar a la organización terrorista una determinada cantidad de dinero» [ibidem, p.269]. Dos meses más tarde apareció muerto de un disparo en la cabeza, en su despacho de Madrid, el empresario Félix de Piedad, a quien tres militantes del GRAPO había pretendido secuestrar para pedir un rescate de diez millones de pesetas, aunque, debido a que se resistió, lo ejecutaron en el acto [ibidem, p. 275].
Paralelamente a esa campaña extorsiva, la organización terrorista emprendió su primera secuencia de secuestros de la misma naturaleza, también en 1984. En abril lo hizo con Jesús Onis, director de una sucursal bancaria en Madrid, del que obtuvo un rescate de 266.400 euros. En septiembre, secuestró a Rafael Villaseca Marco, director general del Túnel del Cadí, que pagó 88.800 euros. Y en noviembre, al abogado barcelonés José María Montobbio Jover, que abonó la misma cantidad que el anterior. Estos tres secuestros tuvieron un carácter exprés, con una duración de pocas horas, lo que revela la carencia de infraestructura que, en aquel momento, tenía el GRAPO para llevar a cabo este tipo de actividad, que, de hecho, no tuvo continuidad hasta una década más tarde, cuando secuestró en Zaragoza, en junio de 1995, a Publio Cordón, presidente de Previasa y del Grupo Hospitalario Quirón. En este caso, la preparación de los secuestradores fue más sofisticada, de manera que pudieron trasladar a su víctima a Lyon (Francia) y negociar con su familia un rescate que finalmente se fijó en casi cuatro millones de euros cuyo pago se realizó, ya en agosto, en París. Pero Cordón nunca fue liberado, pues murió —según declaró Fernando Silva Sande— en un intento de fuga a las tres semanas de su secuestro. Su cadáver nunca fue encontrado [ibidem, pp. 306-316]. Los GRAPO no volverían a intentar otro secuestro hasta febrero de 2006, cuando abordaron en Zaragoza al empresario Francisco Colell y su esposa Ana Isabel Herrero para exigirles un rescate. Pero la acción se complicó, acabando en un tiroteo en el que el empresario resultó herido y su mujer muerta, de forma que la acción prevista por los terroristas resultó frustrada [ibidem, pp. 329-331].
La campaña extorsiva tuvo su réplica en Galicia y Asturias cuatro años más tarde, en 1988. En el mes de mayo, los GRAPO asesinaron a Claudio San Martín, que había presidido Caixa Galicia y estaba amenazado desde 1984 por negarse a pagar la cantidad que se le reclamaba. Se da la circunstancia de que poco tiempo antes había renunciado a ser escoltado [ibidem, pp. 276-278]. A comienzos de junio, un notario de La Coruña depositó 12.900 euros en manos de sus chantajistas. Sin embargo, por las mismas fechas, otro notario, esta vez de Gijón, eludió el pago. En 1992, varios empresarios zaragozanos recibieron cartas amenazadoras en las que se les exigían cincuenta millones de pesetas, sin que haya quedado constancia de ningún pago [Castro Moral (2025), p. 278]. Entre ellos estaba Publio Cordón, que hizo caso omiso y, como ya se ha indicado, fue secuestrado y probablemente asesinado tres años más tarde. Y hubo que esperar a 1998 para que se produjera la última andanada extorsiva con el envío de 126 cartas a empresarios de toda España sobre cuyo destino sólo conocemos el caso de tres empresarios de Lugo —a los que se reclamaban 40, 30 y 25 millones de pesetas, respectivamente— y de otros trece de Zaragoza —a quienes se exigieron treinta millones—, que, aconsejados por la policía, optaron por soportar la inquietud que les producía la amenaza, adoptando medidas de seguridad hasta que un año más tarde ésta se consideró superada[35].
El rendimiento obtenido por el GRAPO mediante las amenazas extorsivas a los empresarios y profesionales no se conoce más allá de los pocos datos que se han mencionado. Sin embargo, ello no obsta para pensar que debieron ser bastante reducidos si se tienen en cuenta varios factores. En primer lugar, la dispersión geográfica de los envíos de cartas habría requerido una infraestructura muy amplia de seguimiento y un ambiente local de apoyo popular de los que esa organización carecía. Además, el hecho de que hubiera intervenciones policiales derivadas de las denuncias de las personas amenazadas y de que éstas contaran con el apoyo de las entidades patronales, pudo alentar su negativa al pago. A ello cabe añadir que la temprana necesidad de recurrir a los asesinatos de empresarios que tuvo la organización terrorista para hacer creíbles sus amenazas, señala el poco crédito que pudieron tener éstas. Está también la discontinuidad de las campañas, que se reiteraron cada cuatro años con una duración más bien exigua de pocos meses. Y, por último, se constata que esta vía de financiación no pudo sustituir nunca a los atracos y robos hasta que cesó finalmente la actividad terrorista de la organización. En todo caso, entrando en el terreno puramente hipotético, se puede estimar que, si todas las remesas de cartas amenazadoras hubiesen tenido el tamaño de la última, estaríamos ante unos quinientos casos de individuos extorsionados. Y si aplicamos sobre ellos una tasa de respuesta similar a la que se dio en Navarra con respecto a ETA[36], no serían más allá de veinticinco los que hubieran cedido a la extorsión; y aplicando la cuantía promedio pagada por los dos amenazados que se reflejan en el gráfico 10, los recursos que habrían cedido al GRAPO apenas llegarían a 2,3 millones de euros —es decir, poco más de la mitad de lo que los terroristas obtuvieron en los cuatro secuestros extorsivos que realizaron con éxito—.
En definitiva, nuestro análisis muestra que los GRAPO dependieron fundamentalmente de los atracos y robos para sostener los gastos de su organización a lo largo de toda su existencia. Y revela también que, seguramente por lo reducido de su militancia, carecieron del capital humano y la capacidad necesaria para desarrollar la infraestructura, los medios de información y el conocimiento operativo que hubiese requerido el tránsito hacia otras fuentes de financiación más lucrativas, como los secuestros y la extorsión. Precisamente, la comparación con ETA y otras organizaciones terroristas europeas de la época, como el IRA Provisional en Irlanda o las Brigadas Rojas en Italia, es aquí pertinente, pues en todos estos casos, con diferencias entre ellos, hubo una mayor diversificación de tales fuentes[37] que posibilitó un menor riesgo para los militantes ocupados en su explotación.
Expuesto lo anterior, podemos entrar en el examen de los resultados que se derivaron de las acciones destinadas a la obtención de recursos. Tres son los aspectos a considerar: uno, su nivel de éxito; dos, sus consecuencias victimales y, con respecto a la organización terrorista, la producción de bajas; y tres, su rendimiento económico.
Por lo que se refiere al primero de ellos, en el gráfico 11 se refleja lo principal de la información. De ella se desprende que el nivel de éxito de esas acciones, con 86 casos, fue del 70,5 por ciento. A su vez, el fracaso se verificó en otros 20, lo que supone el 16,4 por ciento. Y no disponemos de datos para 16 de los incidentes (13,1 por ciento). En ese mismo gráfico se muestra que ocho de cada diez episodios se desarrollaron sin producir ninguna víctima. Pero cuando éstas se produjeron, lo hicieron con una mayor frecuencia entre las fracasadas, lo que sugiere que, al menos en parte, éstas pudieron malograrse debido a su mayor violencia relativa.
| Gráfico 11 | Gráfico 12 |
En cuanto al segundo aspecto, según se muestra el gráfico 12, estas acciones económicas no estuvieron exentas de victimación, de manera que en ellas se produjo cinco de las muertes ocasionadas por los GRAPO —18 sobre 95—, así como el 17 por ciento de los heridos —23 sobre 134—. Claro que, también hubo bajas entre sus perpetradores: cuatro muertos —el 15 por ciento de los que antes hemos contabilizado en el gráfico 3— y tres heridos —el 19 por ciento de los reflejados en el gráfico 4—, así como trece detenciones —que suponen el 6 por ciento de la cifra que se mostrará más adelante—. El balance fue, por tanto, algo menos sanguinario que el de las demás actuaciones de la banda terrorista, pues las que aquí se consideran fueron un poco menos de tres de cada diez de las contempladas en el total.
Y queda por considerar el rendimiento económico de este capítulo. Ya se ha adelantado que los GRAPO obtuvieron recursos por un valor de casi 19 millones de euros a lo largo de la campaña. Esta cifra subvalora seguramente la realmente alcanzada por esa organización, pues hay conceptos que desconocemos —como las cotizaciones de los militantes o los ingresos por venta de publicaciones— o que están muy limitadamente contemplados en nuestra contabilidad —como la extorsión a empresarios y profesionales—, aunque no creemos que, en función de las consideraciones que ya se han adelantado, vaya más allá de una décima parte de ese resultado. La distribución temporal de éste se recoge en el gráfico 13. En ella, lo más llamativo es su irregularidad, lo que se explica por la incertidumbre en cuanto el rendimiento de los atracos —que fueron la principal fuente de financiación— y también por la singularidad del mayor de los secuestros extorsivos. Así, se observan picos importantes en los dos años iniciales de la serie, 1975 y 1976 —que obedecen a las elevadas cantidades que resultaron de sendos atracos en una residencia de la Seguridad Social en Barcelona (32 millones de pesetas) y a una sucursal madrileña del Banco Hispano-Americano (16 M Pts.)—; también en 1988 —fruto principalmente del atraco a la Caja de Ahorros de Castellón (147 M Pts.)—; e igualmente en 1989 —año en el que se produjeron dos atracos en el Banco Central de Castellón (118,4 y 147 M Pts.)—; y por último en 1995 —debido al rescate de Publio Cordón (390 M Pts.)—.
Gráfico 13
Por otra parte, también deben resaltarse los paréntesis de la serie en los que no se registra ningún ingreso. Sólo en un caso —el del año 1987— ello se debe a que no disponemos de información sobre el rendimiento de los cinco atracos y el robo de armas en el cuartel de la Policía Municipal de Málaga, que se produjeron en esa fecha. En los restantes, hubo factores políticos que, unidos a la debilidad organizativa de la banda terrorista, explican tal resultado. Así, el de 1982 siguió a un año en el que el PCE(r) tuvo a casi todos sus cuadros encarcelados, lo que derivó en una huelga de hambre con la que se trató de imitar por la emprendida en Irlanda por el IRA Provisional. Además, el éxito electoral del PSOE hizo albergar la esperanza de una negociación con el gobierno, para lo que el GRAPO ofreció un alto el fuego[38], aunque no obtuvo ninguna contrapartida. En 1990, una nueva huelga de hambre en las cárceles frenó las acciones económicas, a lo que también contribuyó la detención del principal comando de la organización terrorista, liderado por Fernando Silva Sande, cuando preparaba el secuestro de un empresario[39]. A su vez, el bienio 1996-1997 coincide con el proceso más extenso de negociación de una salida para los GRAPO, que tuvo lugar entre los representantes de éstos y el gobierno de José María Aznar, recién constituido tras las elecciones generales, y que a punto estuvo de derivar en el anuncio de la autodisolución de la banda, aunque finalmente se frustró, rompiéndose los contactos a comienzos de 1998[40]. Y, por último, el bienio 2004-2005 coincide con una situación de debilidad en cuanto al número de miembros operativos que se complicó con las consecuencias de un lío de faldas en el que resultó implicado el ya mencionado dirigente del grupo, Silva Sande, que acabó siendo expulsado en 2004, y ocasionó el abandono de dos de las militantes femeninas del grupo[41].
- La represión
La represión sobre el aparato político del PCE(r) —o su antecedente tras la creación de la OMLE— y los GRAPO fue muy temprana, de manera que tenemos noticia de ella, a través de la prensa, desde 1973. Sin embargo, su seguimiento a lo largo del tiempo fue muy desigual y, sobre todo, no permite discernir entre los individuos que estuvieron implicados en actividades terroristas y los que no habían tomado las armas para defender su programa marxista-leninista. Por otra parte, las fuentes controladas por las organizaciones izquierdistas de esa naturaleza —como la web presos.org—proporcionan datos agregados de todas las entidades relacionadas con el partido, que seguramente están muy inflados y que tampoco permiten diferenciar el segmento de los terroristas activos[42]. Por ello, para estudiar este asunto, hemos recurrido a nuestro fichero de los militantes que, de manera efectiva, estuvieron implicados en las acciones terroristas atribuidas al GRAPO.
De acuerdo con los datos recabados sobre esos activistas —217 en total— tenemos constancia de 311 detenciones. Ello se debe a que 75 de ellos fueron detenidos múltiples veces, tal como se verá seguidamente. Sin embargo, aunque seguramente en una proporción elevada esos arrestos dieron lugar a condenas carcelarias, sólo disponemos de información sobre éstas para 137 militantes que cumplieron, de manera efectiva, 2.284 años de prisión en su conjunto, lo que da un promedio de 16,7 para cada uno de ellos.
El perfil temporal que describen esas detenciones se muestra en el gráfico 14. En él se comprueba que el grueso de los arrestos de los que tenemos constancia se produjo durante la etapa inicial de la organización terrorista, de manera que algo más del 45 por ciento de ellas tuvo lugar hasta 1980 y se corresponde con el período de mayor incidencia de la violencia —con el 35 por ciento de los atentados y el 68 por ciento de las víctimas—. Le sigue, en la década siguiente, otro 20 por ciento de los apresamientos —en línea con las cifras de acciones armadas (37 por ciento) y de víctimas (22 por ciento)—. Y se mantiene esa correspondencia entre detenciones (7 por ciento) e intensidad de la campaña terrorista en el decenio final del siglo (24 por ciento de atentados y 9 por ciento de víctimas). Sólo en el período final, que acaba en 2017, se rompe esa relación, pues, aunque solo hubo un cuatro por ciento de acciones terroristas y un uno por ciento de víctimas, las detenciones sumaron el 19 por ciento debido al dato extraordinario de 2002 —cuando se apresó al núcleo directivo de la organización
Gráfico 14
en París y Madrid— y al coletazo represivo ulterior al cese de las acciones armadas.
Se ha mencionado ya que 75 de los miembros del GRAPO de los que disponemos de información, fueron detenidos en múltiples ocasiones. Ello se muestra con detalle en el gráfico 15, donde también aparecen los 28 casos en los que o bien no se produjo el arresto de los terroristas identificados porque murieron en acción o abandonaron antes de que se iniciara la campaña, o bien carecemos de datos al respecto. La mitad de los
Gráfico 15
detenidos varias veces lo fueron en dos ocasiones y el resto en tres o más. Lo que esta información revela es que, como ya se ha apuntado anteriormente, el reenganche en la actividad armada de una parte de los militantes que fueron encarcelados contribuyó significativamente a la continuidad de la organización terrorista.
Las detenciones derivaron, como ya se ha apuntado, en buena parte de las ocasiones, en condenas carcelarias. Pero la información a este respecto es deficiente; y por ello sólo disponemos de datos para 137 de los 189 individuos que, habiendo sido detenidos en alguna ocasión, ingresaron en prisión. Esos datos se refieren a los años de cumplimiento efectivo de las condenas, pues a muchos de los militantes del GRAPO se les aplicó el régimen de redención de penas por el trabajo, heredado del franquismo, y, después de 1995, aunque con excepciones, el límite general de cumplimiento de veinte años regulado en la reforma penal de este último año. Los resultados en cuanto a la distribución de los penados en función del tamaño de sus castigos, ordenados según la fecha de su primera detención, los hemos resumido en el gráfico 16. Ahí se comprueba que los militantes que fueron detenidos durante la etapa inicial de la campaña terrorista —hasta 1980— o en el decenio ulterior, cumplieron condenas largas en una mayor proporción que los que resultaron arrestados con posterioridad a esas fechas. Ello se explica, probablemente, porque los delitos más graves, principalmente los asesinatos, se cometieron sobre todo en los años indicados. Además, los reenganches de militantes después de su condena inicial, fueron más frecuentes entre los detenidos en esos dos períodos; y ello conllevó, en no pocos casos, nuevos ingresos en prisión que, en nuestra contabilización, se suman a los anteriores.
Por otra parte, según se muestra en el gráfico 17, dentro de cada uno de los intervalos de duración de las condenas carcelarias, en general hay pocas diferencias en las medias
Gráfico 16
de cumplimiento por los reos detenidos en cada uno de los cuatro períodos que hemos empleado para clasificar los datos. No obstante, es llamativa la diferencia de 6,4 años entre los penados a más de veinte que fueron detenidos antes de 1980 y los apresados en la década de 1990. También hay una diferencia significativa de dos años de cumplimiento en el grupo inmediatamente anterior —de 15 a 20 años— entre los detenidos en el decenio de los noventa y los posteriores al 2000. Y encontramos asimismo una diferencia de 1,3 años en el grupo más bajo —hasta 5 años— entre los apresados en las décadas de 1980 y 1990.
Gráfico 17
Todo ello acaba reflejándose, en apretada síntesis, en el promedio de cumplimiento carcelario del conjunto de los detenidos en cada período, tal como se muestra en el gráfico 18. Así, los que sufrieron condenas más largas fueron los apresados durante la
Gráfico 18
década de 1990, seguidos por los arrestados hasta 1980. Y después de esas fechas los promedios se reducen en cada una de las etapas de la campaña terrorista, lo que es acorde con la disminución tanto de sus acciones como de su letalidad.
Finalmente, a partir de los datos sobre el año de incorporación o reenganche de los militantes activos en el GRAPO, y de sus fechas de detención, hemos podido estudiar la distancia temporal que media entre ambos momentos para 218 casos —el 70 por ciento del total—. Ese gap fue muy variado, tal como se expresa resumidamente en el gráfico 19, y fue creciendo, en promedio, a medida que discurrió la campaña terrorista. Así, para casi un tercio de esos militantes no superó los dos años, de manera que su apresamiento resultó ser muy temprano. Sin embargo, para una quinta parte sobrepasó los seis años, llegando a ser de más de diez en un seis por ciento de los casos. Entre medias, en un 18 por ciento, la vida militante se desenvolvió entre tres y cinco años.
Gráfico 19
Por otra parte, si observamos la duración media de la militancia antes de la detención, comprobamos que ésta fue aumentando de un período a otro hasta llegar al final del siglo XX, cuando se estancó. Así, como se muestra en el gráfico 20, durante la etapa inicial de la actividad de los GRAPO, esa permanencia en la actividad no llegó a los dos años y medio; y, según puede comprobar el lector en el apéndice estadístico, en casi cuarto de cada diez casos duró como mucho un solo año debido a la recurrencia con la que actuaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en respuesta a la intensidad de la campaña terrorista. Durante la década de los ochenta, en la que la organización armada logró sostener un nivel de actividad relativamente alto, aunque la victimación se redujo considerablemente, los años de militancia activa crecieron hasta
Gráfico 20
3,6. Pero después experimentaron un salto cualitativo que casi duplicó la cifra, quedándose en un promedio de 6,6 años durante la década de los noventa, y de 6,2 a partir del comienzo de siglo. En este cambio influyó sobre todo la incorporación a la lucha armada de militantes del PCE(r) que hasta entonces se habían ocupado en tareas políticas o de intendencia, una parte de los cuales se encontraban exiliados —en Francia, principalmente—. Por ello, ese incremento en la duración de la militancia activa es, sobre todo, una expresión de la decadencia de la organización que hemos visto reflejada en las páginas precedentes al estudiar la evolución de sus acciones y de sus miembros, pues éstos resultaron ser cada vez más escasos en cuanto a su incorporación a la banda armada a medida que fue desplegándose la campaña terrorista.
- Conclusiones
El GRAPO se constituyó como una organización terrorista ligada al Partido Comunista de España (reconstituido), a cuya dirección se subordinó tanto política como operativamente, hasta el punto de que, tal como declaró la Audiencia Nacional, ambas entidades formaron «una asociación integral». Basándose en la orientación doctrinal del marxismo-leninismo propugnada por el Partido Comunista Chino, su finalidad fue la de desencadenar un movimiento insurreccional de masas que pudiera dar lugar a la instauración de un régimen socialista en el país bajo la dictadura del proletariado. Tal objetivo nunca fue alcanzado, no sólo por lo irrealista de su visión política, sino porque la organización resultó ser muy endeble, de modo que apenas pudo reclutar a un puñado de militantes. Los estudios disponibles señalan que éstos no llegaron a los tres centenares, seguramente por la poca atracción que generó su ideología entre el público de izquierdas existente en España, especialmente después de la muerte del General Franco en 1975, año en el que el GRAPO inició su campaña terrorista. Nuestra investigación, basada en el seguimiento a partir de fuentes hemerográficas de 217 individuos que participaron activamente en esa campaña, corrobora esa debilidad y señala que, en promedio anual, mientras estuvo activa, la organización sólo llegó a movilizar a 29,5 combatientes en armas, con un recorrido que va desde algo más de 67 en la segunda mitad de los años setenta, a poco más de diez en sus últimos coletazos. En promedio, esos combatientes se mantuvieron activos, antes de ser detenidos, durante 3,9 años. Sin embargo, este indicador experimentó una variación que va desde los 2,4 años entre los incorporados hasta 1980 y 3,6 años durante el decenio posterior, a los 6,6 años entre los que entraron en la organización en la década de los noventa y 6,2 años entre los que lo hicieron después del año 2000.
En el desarrollo de su campaña, el GRAPO alcanzó su máxima actividad entre 1975 y 1984, decayendo posteriormente. En ese mismo período experimentó la mayor parte de sus bajas en acción —muertos y heridos que sumaron 42 casos—, lo que se explica tanto por la impericia de los militantes, como por sus reiterados enfrentamientos con las fuerzas policiales. También hubo en esos años —y posteriormente— disidencias que dieron lugar al abandono o la expulsión de la organización de un puñado de militantes —34 en total—.
Esa campaña se concretó en 436 acciones, de las cuales las más numerosas fueron los atentados con explosivos (233) —que generalmente tenían una finalidad propagandística y apenas produjeron víctimas—, seguidas por las que tuvieron por finalidad la obtención de recursos, como los atracos, robos, amenazas y secuestros extorsivos o instrumentales (122) —a las que acompañó una mayor victimación—, y los atentados con armas destinados a asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad, militares y empresarios (79), además de dos secuestros políticos que tuvieron lugar al comienzo de la trayectoria violente de la organización. En total, el balance victimal de los GRAPO se concretó en 95 personas asesinadas y 134 heridas de distinta gravedad.
La financiación de los GRAPO fue, en su etapa inicial, muy precaria. Sin embargo, una vez que decidieron atracar a bancos, oficinas administrativas y empresas, esa situación se corrigió claramente, pues lo hicieron con una eficacia bastante elevada, aunque a costa de una victimación apreciable y una moderada cantidad de bajas. Nuestra investigación revela que esas acciones, unidas a los asaltos a transportes blindados, robos, extorsiones y secuestros, le proporcionaron un total de casi 19 millones de euros —medidos a precios de 2010—, lo que supuso un promedio anual de 572.727 euros. La ratio de financiación por militante activo se situó en 19.414 euros; una cifra esta que superó a la de 18.013 euros que, en su momento, estimamos para ETA. Quiere ello decir que la escasez de dinero a la que se ha aludido en alguna literatura sobre esta organización terrorista, no responde a su realidad. Sin embargo, que hubiera recursos suficientes para desarrollar la campaña violenta, no significa que el comportamiento de los GRAPO fuera similar en esto al de otras bandas armadas europeas que operaron por la misma época, como ETA, el IRA Provisional o las Brigadas Rojas. En particular, el GRAPO diversificó muy poco sus fuentes de financiación y apenas dio un papel en ellas a la extorsión mediante cartas amenazadoras a los empresarios o a los secuestros extorsivos. Ello se debió, probablemente, a su carencia de capital humano, pues la verdadera escasez de este grupo terrorista fue la de su bajísima afiliación de militantes dispuestos a desencadenar la insurrección armada contra el régimen democrático.
Finalmente, la represión policial y judicial se aplicó, desde muy temprano y con rigor, sobre esta banda terrorista. Nuestra investigación ha identificado 311 detenciones practicadas sobre los 217 individuos de nuestro fichero de militantes activos. En 137 casos hemos dispuesto, además, de datos sobre sus condenas carcelarias y su cumplimiento efectivo. Los resultados obtenidos señalan que este último superó los veinte años en el 41 por ciento de los reos, estuvo entre quince y veinte años en un 18 por ciento, y entre diez y quince años en otro 16 por ciento, quedando por debajo de este último límite el 25 por ciento restante. La severidad de las condenas fue, por tanto, importante, como corresponde al agravamiento de las penas en razón de la naturaleza terrorista de los delitos, de acuerdo con las leyes penales españolas. Una ratio que resume esa dureza en el castigo la da la duración media del cumplimiento carcelario, que, para el conjunto de casos estudiados, fue de 16,7 años.
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Apéndice Estadístico
Cuadro 1: Reclutamiento de militantes
| Años | Número |
| 1969 | 11 |
| 1970 | 10 |
| 1971 | 8 |
| 1972 | 15 |
| 1973 | 5 |
| 1974 | 8 |
| 1975 | 14 |
| 1976 | 9 |
| 1977 | 7 |
| 1978 | 3 |
| 1979 | 6 |
| 1980 | 1 |
| 1981 | 2 |
| 1982 | |
| 1983 | |
| 1984 | 3 |
| 1985 | |
| 1986 | 1 |
| 1987 | 1 |
| 1988 | 1 |
| 1989 | 2 |
| 1990 | 2 |
| 1991 | |
| 1992 | |
| 1993 | 1 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | |
| 1996 | 3 |
| 1997 | 2 |
| 1998 | 6 |
| 1999 | 2 |
| 2000 | |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 1 |
| No disponible | 91 |
| TOTAL | 217 |
Cuadro 2. Militantes muertos o
heridos durante la campaña terrorista
| Años | Muertos | Heridos |
| 1975 | 3 | |
| 1976 | 3 | 1 |
| 1977 | 3 | |
| 1978 | 1 | |
| 1979 | 6 | 1 |
| 1980 | 1 | 2 |
| 1981 | 7 | 2 |
| 1982 | 1 | 1 |
| 1983 | ||
| 1984 | 1 | 2 |
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | 1 | |
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | 3 | |
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | 1 | |
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | 1 | |
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | 1 | |
| TOTAL | 26 | 16 |
Cuadro 3. Militantes muertos o
heridos durante la campaña terrorista.
Distribución por causas
| A | B | C | D | Total | |
| Muertos | 14 | 5 | 3 | 4 | 26 |
| Heridos | 5 | 10 | 1 | 16 | |
| A: Enfrentamientos con la policía | |||||
| B: En el curso de las acciones terroristas | |||||
| C: Asesinados o heridos por el GRAPO o por otros grupos terroristas | |||||
| D: En prisión | |||||
Cuadro 4. Abandonos y expulsiones de la organización terrorista
| Años | Abandonos | Expulsiones | Años | Abandonos | Expulsiones |
| Antes de 1975 | 4 | 1 | 1996 | ||
| 1975 | 1 | 1997 | |||
| 1976 | 1998 | 1 | |||
| 1977 | 1 | 1999 | |||
| 1978 | 1 | 2000 | 3 | ||
| 1979 | 1 | 2001 | 1 | ||
| 1980 | 3 | 2002 | |||
| 1981 | 2003 | 1 | |||
| 1982 | 2004 | ||||
| 1983 | 2005 | ||||
| 1984 | 13 | 2006 | |||
| 1985 | 2007 | ||||
| 1986 | 2008 | ||||
| 1987 | 2009 | ||||
| 1988 | 2010 | ||||
| 1989 | 2011 | ||||
| 1990 | 1 | 2012 | |||
| 1991 | 2013 | ||||
| 1992 | 2014 | ||||
| 1993 | 1 | 2015 | |||
| 1994 | 2016 | 1 | |||
| 1995 | TOTAL | 24 | 10 |
Cuadro 5. Estimación del número de militantes activos en actividades
terroristas a partir del número de detenciones
| Años | Militantes activos | Años | Militantes activos |
| 1970 | 1 | 1994 | 14 |
| 1971 | 3 | 1995 | 15 |
| 1972 | 7 | 1996 | 10 |
| 1973 | 9 | 1997 | 10 |
| 1974 | 12 | 1998 | 12 |
| 1975 | 37 | 1999 | 35 |
| 1976 | 80 | 2000 | 36 |
| 1977 | 98 | 2001 | 31 |
| 1978 | 69 | 2002 | 32 |
| 1979 | 59 | 2003 | 15 |
| 1980 | 30 | 2004 | 22 |
| 1981 | 27 | 2005 | 24 |
| 1982 | 35 | 2006 | 20 |
| 1983 | 37 | 2007 | 14 |
| 1984 | 31 | 2008 | 7 |
| 1985 | 28 | 2009 | 5 |
| 1986 | 19 | 2010 | 6 |
| 1987 | 21 | 2011 | 5 |
| 1988 | 24 | 2012 | 4 |
| 1989 | 24 | 2013 | 2 |
| 1990 | 21 | 2014 | 3 |
| 1991 | 16 | 2015 | 2 |
| 1992 | 16 | 2016 | 2 |
| 1993 | 12 | 2017 | 1 |
Cuadro 6. Acciones terroristas y víctimas (muertos y heridos)
| Años | Acciones terroristas | Muertos | Heridos |
| 1975 | 13 | 11 | 3 |
| 1976 | 51 | 4 | 1 |
| 1977 | 33 | 9 | 9 |
| 1978 | 19 | 5 | 2 |
| 1979 | 29 | 32 | 71 |
| 1980 | 7 | 5 | 3 |
| 1981 | 4 | 5 | 5 |
| 1982 | 21 | 2 | 1 |
| 1983 | 21 | 2 | 2 |
| 1984 | 64 | 5 | 6 |
| 1985 | 2 | 1 | |
| 1986 | 3 | ||
| 1987 | 8 | 2 | |
| 1988 | 10 | 2 | 3 |
| 1989 | 16 | 5 | 7 |
| 1990 | 11 | 2 | |
| 1991 | 8 | ||
| 1992 | 11 | 2 | |
| 1993 | 6 | 1 | 4 |
| 1994 | 8 | 2 | |
| 1995 | 7 | 1 | |
| 1996 | 42 | ||
| 1997 | 0 | ||
| 1998 | 15 | 3 | |
| 1999 | 5 | ||
| 2000 | 4 | 3 | 4 |
| 2001 | 5 | ||
| 2002 | 4 | ||
| 2003 | 1 | 1 | |
| 2004 | 0 | ||
| 2005 | 0 | ||
| 2006 | 6 | 1 | 2 |
| 2007 | 2 | ||
| TOTAL | 436 | 95 | 134 |
Cuadro 7. Tipología de las acciones terroristas
| Años | Atentados con armas | Atentados con explosivos | Acciones de obtención de recursos | Secuestros políticos | Total de acciones terroristas | |||||||
| Con víctimas | Sin víctimas | Total | Con víctimas | Sin víctimas | Total | Con víctimas | Sin víctimas | Total | Con víctimas | Sin víctimas | ||
| 1975 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||||
| 1976 | 40 | 40 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 47 | ||||
| 1977 | 7 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 10 | 23 |
| 1978 | 6 | 6 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 13 | ||||
| 1979 | 21 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 | 5 | |
| 1980 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 1981 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 1982 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 19 | |||||
| 1983 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 2 | 2 | 4 | 17 | ||
| 1984 | 4 | 1 | 5 | 51 | 51 | 1 | 7 | 8 | 5 | 59 | ||
| 1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1986 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 1987 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||
| 1988 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||
| 1989 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | |||
| 1990 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | |||||
| 1991 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| 1992 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 1993 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| 1994 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 1995 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 1996 | 42 | 42 | 0 | 42 | ||||||||
| 1997 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
| 1999 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2001 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| 2002 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2004 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2005 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 2007 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| TOTAL | 67 | 12 | 79 | 9 | 224 | 233 | 23 | 99 | 122 | 2 | 99 | 337 |
Cuadro 8. Acciones terroristas de obtención de recursos
| Años | Atracos a bancos | Atracos a furgones blindados | Atracos a otras entidades | Robos de armas, explosivos y suministros | Extorsión y secuestros extorsivos | Secuestros instrumentales | Total |
| 1975 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 1976 | 8 | 2 | 10 | ||||
| 1977 | 5 | 2 | 7 | 14 | |||
| 1978 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 1979 | 4 | 4 | |||||
| 1980 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 1981 | 2 | 2 | |||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | 2 | 2 | |||||
| 1984 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| 1985 | 1 | 1 | |||||
| 1986 | 3 | 3 | |||||
| 1987 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
| 1988 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1989 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 1992 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 1993 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1994 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
| 1995 | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | 1 | 1 | |||||
| 1999 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2000 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2001 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2002 | 4 | 4 | |||||
| 2003 | 1 | 1 | |||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 2 | ||||
| TOTAL | 62 | 13 | 11 | 15 | 7 | 14 | 122 |
Cuadro 9. Resultados de las acciones de obtención de recursos
| Resultados | Cantidad |
| Fracasadas: | 20 |
| – Sin víctimas | 7 |
| – Con víctimas | 13 |
| Exitosas: | 86 |
| – Sin víctimas | 77 |
| – Con víctimas | 9 |
| No disponible | 16 |
| – Sin víctimas | 15 |
| – Con víctimas | 1 |
| Total | 122 |
| Pro memoria: | |
| Víctimas: | 41 |
| – Muertos | 18 |
| – Heridos | 23 |
| Terroristas: | 14 |
| – Muertos | 4 |
| – Heridos | 3 |
| – Detenidos* | 13 |
| * Incluidos los terroristas heridos | |
Cuadro 10. Recursos obtenidos por los GRAPO
Miles de € a precios de 2010
| Años | Miles de € |
| 1975 | 2.195,7 |
| 1976 | 1.762,3 |
| 1977 | 130,2 |
| 1978 | 374,5 |
| 1979 | 130,8 |
| 1980 | 14,7 |
| 1981 | 25,6 |
| 1982 | |
| 1983 | 133,9 |
| 1984 | 511,3 |
| 1985 | 165,7 |
| 1986 | 1,1 |
| 1987 | |
| 1988 | 2.230,8 |
| 1989 | 4.097,5 |
| 1990 | |
| 1991 | 78,5 |
| 1992 | 810,5 |
| 1993 | 405,1 |
| 1994 | 332,0 |
| 1995 | 3.712,2 |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | 93,7 |
| 1999 | 91,5 |
| 2000 | 0,4 |
| 2001 | 978,1 |
| 2002 | 385,3 |
| 2003 | 238,5 |
| 2004 | |
| 2005 | |
| 2006 | 36,9 |
| 2007 | 35,1 |
| TOTAL | 18.971,5 |
Cuadro 11. Detenciones de terroristas
| Años | Detenciones | Años | Detenciones |
| Ninguna o no consta | 28 | 1996 | |
| Antes de 1976 | 8 | 1997 | 1 |
| 1975 | 2 | 1998 | 1 |
| 1976 | 12 | 1999 | |
| 1977 | 58 | 2000 | 8 |
| 1978 | 24 | 2001 | 3 |
| 1979 | 39 | 2002 | 24 |
| 1980 | 11 | 2003 | 1 |
| 1981 | 4 | 2004 | 3 |
| 1982 | 9 | 2005 | 4 |
| 1983 | 10 | 2006 | 7 |
| 1984 | 6 | 2007 | 8 |
| 1985 | 16 | 2008 | 5 |
| 1986 | 8 | 2009 | |
| 1987 | 2 | 2010 | 1 |
| 1988 | 4 | 2011 | 1 |
| 1989 | 4 | 2012 | 3 |
| 1990 | 6 | 2013 | |
| 1991 | 2014 | 1 | |
| 1992 | 5 | 2015 | |
| 1993 | 3 | 2016 | 1 |
| 1994 | 4 | 2017 | 1 |
| 1995 | 3 | TOTAL | 339 |
Cuadro 12. Distribución de los terroristas del GRAPO según
el número de veces que fueron detenidos
| Detenciones | Nº de Individuos | Nº de detenciones |
| Ninguna o no consta* | 28 | |
| Una | 114 | 114 |
| Dos | 48 | 96 |
| Tres | 16 | 48 |
| Cuatro | 5 | 20 |
| Cinco | 4 | 20 |
| Seis | 1 | 6 |
| Siete | 1 | 7 |
| TOTAL | 217 | 311 |
* En 6 casos habían abandonado la organización antes de comenzar la campaña terrorista; en 10 casos habían muerto en acción antes de poder ser detenidos; y en 12 casos no constan detenciones en las fuentes de información.
Cuadro 13. Distribución de los reos por años de
condena según la fecha de su primera detención
| Fecha de detención | Duración de las condenas (en años de cumplimiento efectivo) | Total | |||||
| Hasta 5 | 6 a 10 | 10 a 15 | 15 a 20 | Más de 20 | No disponible | ||
| Hasta 1980 | 13 | 7 | 10 | 19 | 27 | 39 | 115 |
| 1981 a 1990 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 7 | 41 |
| 1991 a 2000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| Después de 2000 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 26 |
| Total | 23 | 11 | 22 | 25 | 56 | 52 | 189 |
Cuadro 14. Promedio de condena efectiva de los reos
según la fecha de su primera detención
| Fecha de detención | Condena media efectiva (años) | Total | ||||
| Hasta 5 | 6 a 10 | 10 a 15 | 15 a 20 | Más de 20 | ||
| Hasta 1980 | 2,3 | 7,3 | 11,9 | 17,2 | 27,9 | 16,8 |
| 1981 a 1990 | 3,3 | 7,0 | 11,8 | 17,8 | 24,7 | 18,8 |
| 1991 a 2000 | 2,0 | 13,0 | 18,0 | 21,5 | 14,8 | |
| Después de 2000 | 3,2 | 8,0 | 12,2 | 16,0 | 22,3 | 13,2 |
| Total | 2,7 | 7,4 | 12,0 | 17,3 | 25,8 | 16,7 |
Cuadro 15. Años transcurridos entre la fecha de incorporación o reenganche en la banda terrorista y la ulterior detención. Número de individuos.
| Fecha de detención | Número de años | Total | ||||||||||||
| Menos de 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Más de 10 | No disponible | ||
| Hasta 1980 | 12 | 27 | 20 | 12 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 54 | 154 | ||
| 1981 a 1990 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 69 | |
| 1991 a 2000 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25 | |||
| Después de 2000 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 63 |
| Total | 20 | 42 | 38 | 17 | 23 | 19 | 10 | 14 | 8 | 5 | 4 | 18 | 93 | 311 |
Cuadro 16. Años transcurridos entre la fecha de incorporación
o reenganche en la banda terrorista y la ulterior detención.
Promedio de cada período en años
| Fecha de detención | Media (en años) |
| Hasta 1980 | 2,4 |
| 1981 a 1990 | 3,6 |
| 1991 a 2000 | 6,6 |
| Después de 2000 | 6,2 |
| Total | 3,9 |
[1] Un análisis detallado de la emergencia de las organizaciones pro-chinas en España puede verse en los capítulos iniciales de Castro Moral (2025). Para el caso del PCE (m-l) véase también Mateos (2025). Por otra parte, Re (2020, p. 147) destaca que la única de las organizaciones radicales de izquierda —entre las que incluye las de raíz anarquista— que mantuvo la actividad terrorista tras la muerte de Franco fue el PCE(r).
[2] No será hasta 1971 cuando, en la V Reunión General, quede resuelto el problema al adoptarse un modelo centralista y consagrarse el liderazgo de Manuel Pérez Martínez (Camarada Arenas). Véanse, Castro Moral (2025), pp. 69 y ss; y Avilés (2010), p.30.
[3] Cfr. El Informe Político del I Congreso del PCE(r); cit. en Castro Moral (2025), p. 129. Véase también, para una descripción ambiental del I Congreso, el capítulo VII de Moa (2002).
[4] Cfr. Moa (2002), p. 190.
[5] Cfr. Castro Moral (2025), p. 139
[6] Cfr. Moa (2002), pp. 189-190.
[7] Re y D’Amario (2023), p. 37.
[8] En Re y D’Amaro (2023) se hace una referencia a los principales trabajos publicados sobre los GRAPO.
[9] Los periódicos consultados han sido ABC, La Vanguardia, El País, El Mundo, Faro de Vigo, Heraldo de Aragón, Vigo.es, La Voz de Galicia, RTVE.es, El Economista, Hoy, El Periódico, El Norte de Castilla, La Rioja.com, El Diario.es, Diario de Pontevedra, La Opinión A Coruña, 20 Minutos, La Opinión de Murcia, El Correo Gallego, Diario de León, La Verdad, El Progreso y La Nueva España. También se han consultado las páginas web lahaine.com, presos.org y rashmadrid.org.
[10] El dato procede de la entrevista que le realizó Castro Moral para su libro. Cfr. La p. 67. Marcial Fournier fue uno de los fundadores de la OMLE, aunque resultó expulsado en 1973 y dos años más tarde resultó herido por miembros del GRAPO.
[11] Moa explica que esta decisión se apoyó en un largo informe elaborado por el Camarada Arenas y él mismo, en el que se argumentaba la necesidad de la lucha armada a partir del Prólogo que Friedrich Engels escribió para Las luchas de clases en Francia de Karl Marx. Y añade que «el argumento bosquejado es falso de arriba abajo, pues resalta en exclusiva ciertos aspectos y escamotea los que no riman con la tesis preestablecida» [ibidem, p. 228].
[12] Este asunto es controvertido, pues desde los grupos de la izquierda radical siempre se ha sostenido la idea de que el partido no estuvo implicado en la acción armada del GRAPO, aunque fuera su soporte ideológico y político. Sin embargo, la Audiencia Nacional, en la sentencia que dictó para disolver el PCE(r), dejó claro que ambas organizaciones formaban «una asociación integral». Véase, para mayor detalle, Ladrón de Guevara Pascual (2022), pp. 109-110.
[13] Señalemos que nuestra cifra de muertos —26 en total— difiere de la anotada por Presos.org en su «Balance represivo desde 1975 a 2019 contra el Movimiento de Resistencia Político Organizado», que contabiliza 32 muertes, de las que 24 corresponden al GRAPO y 8 al PCE(r).
Véase: https://www.presos.org.es/index.php/2019/10/28/balance-de-44-anos-de-represion-contra-el-movimiento-de-resistencia-2-000-detenciones-torturas-carcel-32-caidos-desmantelacion-de-colectivos-40-toneladas-de-propaganda-incautada/
[14] Por ejemplo, en comparación con ETA, nuestra estimación muestra un resultado casi quince veces inferior al de esta organización terrorista que, en promedio anual, mantuvo una militancia activa de 320,7 activistas durante el medio siglo de su trayectoria. Véase, para los datos de ETA, Buesa y Baumert (2025).
[15] Se trata de Enrique Cerdán Calixto, Abelardo Collazo Araújo, José Luis González Zazo, José Balmón Castell, Francisco Brotons Beneyto, Pío Moa Rodríguez, Juan Carlos Delgado de Codes, Eugenio Jesús Bueno de Pablos y José María Sánchez Casas. Una descripción detallada de estos atentados mortales —y de todos los demás de igual naturaleza que se cometieron posteriormente hasta el año 2006— puede verse en el libro de Ladrón de Guevara Pascual (2022), pp. 115-332.
[16] Castro Moral (2005), p. 149, señala su inspiración en las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC) que organizó el PCE durante las Segunda República, así como en el modelo comunista combatiente desarrollado por el Partido Comunista Francés durante la ocupación alemana.
[17] Se trata, en 1975, del asesinato del policía Diego del Río durante el atraco a la pagaduría de la Residencia Sanitaria Francisco Franco de Barcelona, que nuestras fuentes atribuyen al GRAPO, aunque Ladrón de Guevara Pascual (2022, pp. 83-85) la asigna al FRAP, no sin señalar que «existen dudas sobre (su) autoría». Y también, al año siguiente, de los vigilantes jurados José Miguel Borja Borja y Antonio Bueno del Valle, muertos en sendos atracos a las sucursales de la calle Pla y la Sagrada Familia de la Caja de Ahorros de Barcelona en esta ciudad.
[18] Nos referimos a Juan Ángel Santos Sánchez, que fue ejecutado bajo la acusación de ser confidente de la policía. Ladrón de Guevara Pascual (2022, p. 158) puntualiza que este hombre no ha sido reconocido como víctima del terrorismo por el Ministerio del Interior.
[19] Hemos destacado esta deficiencia también con relación a ETA en Buesa y Baumert (2025), p. 10.
[20] Como subestaciones eléctricas, gaseoductos, oleoductos, estaciones ferroviarias, vías férreas, Metro de Madrid y Basílica del Valle de los Caídos.
[21] Entre ellas, varias Delegaciones de Hacienda, Tráfico y otros ministerios, servicios autonómicos, oficinas municipales y provinciales de recaudación, oficinas de empleo del INEM, centros de enseñanza, Consejo del Poder Judicial, Ministerio de Economía y Ministerio de Trabajo.
[22] Entre otras, concesionarios de vehículos (Renault, Citroën), empresas eléctricas, empresas de trabajo temporal (ETT), Astilleros y Construcciones, Rank Xerox, Bolsa de Madrid, ENPETROL, Corporación Siderúrgica, Previasa y empresas francesas en general.
[23] Como la CEOE, la Patronal Catalana y la Asociación de Jóvenes Empresarios.
[24] Como el Partido Socialista de Andalucía, PSOE y el Partido Popular,
[25] Caso de Diario 16, y COPE.
[26] En concreto, dos muertos y siete heridos.
[27] Todos los valores monetarios que se mencionan en este trabajo están calculados a precios del año 2010.
[28] Hemos circunscrito el cálculo al período 1967-1992 en el que ETA asumió la financiación tanto de sus actividades terroristas como de las políticas y de movilización de su entorno, que llevaban a cabo las organizaciones encuadradas en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). A partir de 1993, estas últimas operaron también como captadoras de recursos para su sostenimiento, liberando a ETA de esa función. Véase al respecto Buesa (2023), pp. 119-146.
[29] El libro de Castro Moral (2025) menciona este asunto en varios pasajes, aunque no reseña información que permita concretarlo numéricamente. Ello no obsta para que, como se verá enseguida, durante su etapa formativa —la de la creación de la OMLE—, la organización sí estuvo muy escasa de recursos.
[30] Véase Castro Moral (2025), pp. 171-175.
[31] Véase el «Informe sobre la formación, actividades y organización del “G.R.A.P.O.” en ABC. 15 de diciembre de 1976, pp. 9-10.
[32] De las dos restantes no disponemos de información.
[33] Véase en texto completo de la pseudo entrevista en Castro Moral (2025), pp. 239-240.
[34] Véase El País de 16 de enero de 1985.
[35] Véanse Diario de Pontevedra de 30 de enero de 2022 y Heraldo de Aragón de 13 de noviembre de 2016.
[36] Véase Marrodán et al. (2014), p. 34.
[37] Véanse Buesa (2023), para el caso de ETA; Horgan y Taylor (1999), para el del IRA Provisional; y Re (2022), para el de las Brigadas Rojas.
[38] Véase Castro Moral (2025), pp.226-236.
[39] Ibidem, pp. 271-275.
[40] Ibidem, pp.294-304.
[41] Ibidem, pp. 333-335.
[42] En concreto, en el «Balance represivo …» que se ha citado en la nota 14, las detenciones se cifran en 2.050, aunque se precisa que, «según fuentes oficiales y prensa burguesa», serían 1.380. El mismo documento menciona «unas 800 encarcelaciones» y 900 «torturados o maltratados».