EL MUNDO 03/01/14
VICTORIA PREGO
Independientemente de que las pretensiones de los independentistas catalanes se estrellen sistemáticamente contra el muro de la indiferencia, cuando no del desdén, por parte de las autoridades de la UE, el señor Mas está sacando cada vez más los pies del plato. Y esta vez de una manera especialmente grave.
En la Unión Europea no le van a hacer ni caso porque allí no se quiere ningún proceso de segregación, a ver cuando se le va a meter esto en la cabeza, y mucho menos de desmembración contra su voluntad de uno de sus países miembros.
Pero es de una insolencia inadmisible que desde la Generalitat, es decir, desde una institución española, se pida ayuda a los socios del club al que España pertenece desde 1986 a que contribuyan nada menos que a deshacer ese Estado, el más antiguo de Europa.
Lo que ayer se ha sabido tiene trascendencia, no porque la acción de Mas y los suyos vaya a tener el menor éxito, sino por lo que significa de auténtica traición. Ha pedido a los líderes de la UE a que actúen contra los intereses de España, contra su Historia y, por supuesto, contra su Constitución. Ha tratado de poner a los socios de España contra nuestro país, utilizando argumentos falsos como que existen varias vías constitucionales para celebrar una «consulta», ocultando el hecho de que ése es un referéndum de autodeterminación que pretende negar el voto al sujeto de la soberanía popular, que es el pueblo español.
Si no fuera tan grave sería ridículo. Es ridículo, por ejemplo, que el señor Mas tenga la cara dura de sostener ante los líderes de otros estados de Derecho que el que él plantea no es un problema legal sino meramente político, como si las leyes no tuvieran para él la menor trascendencia y todo se redujera a traducir en hechos el «clamor popular» que previamente han estado azuzando durante años.
Es ridículo que se empeñe en convencer a los líderes de la UE que les conviene mucho agenciarse un mecanismo hecho a medida para los independentistas catalanes, de modo que Cataluña se separe de España, para después aliarse con España y no dejar de estar en ningún momento en el seno de la UE. Es ridículo y como tal va a ser tratado.
Pero en algún momento el Gobierno tiene que responder a esta escalada de atropellos. La política de suministrar sistemáticamente todos los fondos que el Gobierno de Cataluña necesita para no dejar ahogados a sus ciudadanos es defendible porque los catalanes no tienen por qué pagar los desastres de gestión de sus irresponsables dirigentes. Pero no es de recibo que el Gobierno acepte que una parte del dinero que recibe la Generalitat se emplee en poner a punto esta campaña pro independentista en sus diferentes versiones.
En algún momento hay que poner pie en pared. No podemos estar todo un año contemplando la retahíla de deslealtades, trampas, traiciones y mentiras de la Generalitat hasta que el referéndum no se celebre. Porque no es cierto que el Estado deba permanecer impávido ante cualquier ataque.