EL MUNDO – 11/02/15
· Madina cuestiona que se haya cruzado esa «línea roja» en el pacto alcanzado con el PP.
El intento de la dirección del PSOE de explicar que el partido no ha dado cobertura a la prisión permanente revisable en el pacto contra el yihadismo firmado con el PP ha sido baldío. Ni sus propios diputados lo creen. La reunión de ayer del Grupo Socialista en el Congreso certificó la oposición de muchos parlamentarios a un acuerdo donde se consagra que «a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal». Y esta pena, en unas semanas, cuando el nuevo Código Penal concluya su tramitación parlamentaria, será la prisión permanente revisable o cadena perpetua.
El diputado Eduardo Madina, callado desde que en julio del año pasado perdiera la carrera interna para liderar el PSOE, capitaneó las críticas. Es cierto que acompañado de otros parlamentarios que le respaldaron en su competición con Pedro Sánchez por la Secretaría General. Pero su resurrección y la de los suyos dista mucho de ser un nuevo renacer del madinismo, por mucho que el partido tenga querencia por las teorías conspirativas. El malestar interno en este asunto es transversal.
Abrió fuego en la reunión el secretario de Organización del partido, César Luena, intentando convencer a los suyos –todavía 10 días después– de las bondades del acuerdo. «Somos un partido responsable y de gobierno y hemos dejado muy clara la oposición a la cadena permanente revisable», señaló. «Este pacto forma parte de la identidad del PSOE, de un partido responsable, leal y de gobierno y que siempre ha defendido la unidad contra el terrorismo», añadió.
Sus palabras produjeron una catarata de reacciones. Madina tomó la palabra para apoyar el acuerdo con el PP porque la política antiterrorista –defendió– es un «tema de Estado», pero también para apuntar que no comparte el aval dado a la pena de prisión permanente revisable. En su opinión, el PSOE ha cruzado una «línea roja». Nunca, recordó, se había introducido «carga punitiva» en un pacto.
Tras él, diputados de su entorno como Laura Seara, José María Barreda y Odón Elorza respaldaron esta posición. Frente a ellos, en 11 intervenciones más se defendió el pacto. En este grupo estaban José Enrique Serrano –uno de los muñidores del acuerdo–, Manuel Chaves, Trinidad Jiménez, Jesús Caldera, Antonio Trevín, Juan Moscoso, Diego López Garrido, Rafael Simancas, Herick Campos, José Segura y Manuel de la Rocha.
El número de alocuciones convirtió el debate posterior, tras concluir las tres horas de reunión a puerta cerrada, en una discusión matemática. Si 11 lo respaldaron y cuatro lo cuestionaron, la conclusión, según la dirección del partido, es que el acuerdo goza del concurso del grupo parlamentario. Sin embargo, fuentes cercanas a Madina aseguraron ayer que no hubo más intervenciones porque muchos diputados vieron reflejada su postura en la actuación del parlamentario vasco. Estas mismas fuentes señalaron que existe una «aplastante mayoría» de diputados en contra de que se haya avalado la prisión permanente revisable. «Hay un 80% del grupo que está en contra», sostienen, aunque admiten que nadie romperá la disciplina de voto.
A esa silenciosa mayoría no se le dio ayer respuesta. Ni ellos ni Madina lograron una contestación. El portavoz parlamentario, Antonio Hernando, cerró el encuentro sin mencionar el peliagudo asunto de la cadena perpetua. Su balance fue que «el PSOE siempre ha defendido la unidad contra el terrorismo, incluso en los tiempos en que el PP acusaba a Zapatero de traicionar a los muertos mientras eran asesinados concejales socialistas». Hernando recibió muchos aplausos, pero la inquietud se mantiene. Por la falta de debate previo en el grupo y de una explicación clara que se pueda trasladar a la militancia, y por el procedimiento, ya que la proposición de ley se tramitará por vía de urgencia.
Ayer superó su primer trámite en el Congreso, con el apoyo de PP, PSOE, CC, Foro, UPN y una sorprendente Unió, que se separó de sus socios de Convergència para respaldar la tramitación de la iniciativa.
EL MUNDO – 11/02/15