José María Ruiz Soroa-El Correo

En el lío que ha montado Vox en Jumilla con su pretensión de algo así como volver a poner en vigor la Real Pragmática de 1609 de Felipe III, que acordaba la expulsión de los moriscos de sus Reynos, casi ninguno de los actores ha sido capaz de no caer en contradicciones flagrantes de esas que ofenden a una inteligencia normal. Parecen epígonos de Groucho Marx cuando decía aquello de «estos son mis principios, pero si no le gustan tengo estos otros».

La última es la del Gobierno de la nación amenazando con impugnar judicialmente la norma del Ayuntamiento de que el polideportivo municipal se use sólo para lo que es. Norma que, como consta hasta la náusea la han solicitado los concejales de Vox para excluir a los musulmanes y sus cultos, aunque tal cosa no aparece formalmente en ella. No importa, el Gobierno opina que es tan clara y pública la motivación política y discriminatoria de sus proponentes que basta para considerarla arbitraria.

Zoom atrás, sólo un par de meses: el Tribunal Constitucional de acuerdo con el Gobierno sentencia con rotundidad que las motivaciones políticas de los proponentes y sostenedores de una ley no deben siquiera tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre su constitucionalidad, lo único que cuenta es la norma misma y su contenido, ¿recuerdan? ¿Qué si la amnistía fue un cambio de cromos entre el aspirante al Gobierno y los dueños de los votos? Política al margen por favor, aquí sólo cuenta lo que dice la ley. Doctrina sentada. ¿Se le ha olvidado al Gobierno, tan pronto?

Pero es que un Ayuntamiento no puede decidir por mayoría que sus polideportivos se usen sólo para hacer deporte. Es arbitrario, clama el Gobierno. ¿Sí? ¿No quedó sentado que los poderes públicos en el ámbito de sus competencias pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba expresamente, tal que amnistiar a sus amigos políticos? ¿Dónde prohíben las leyes generales dedicar los polideportivos al deporte si lo quiere la mayoría de concejales?

Inefable Groucho, inefable España.