ELCONFIDENCIAL 23/03/17
· La decisión del partido de Iglesias de calificar a los imputados tan de «víctimas» como los agredidos indigna al cuerpo, que habla de traición y vergüenza. «Estamos hartos», denuncian los agentes
“Que lo haga el PNV o Bildu no nos sorprende, pero que lo haga Podemos…”. En la Guardia Civil se resistían a pensar que alguien fuera del ámbito nacionalista se atrevería a traspasar determinadas barreras. Podemos ha cruzado este umbral hasta ahora considerado infranqueable,, al calificar a los agresores de dos agentes de este cuerpo y a sus parejas en Alsasua de tan “víctimas” como los atacados. “De todos modos, no sé de qué nos sorprendemos”, reflexiona en voz alta un agente con muchos años de plomo en Euskadi a sus espaldas.
Lo dice por todas las agresiones sufridas. Primero fueron las agresiones físicas recibidas la madrugada del 15 de octubre en un bar de Alsasua. Después se han sucedido los ataques morales y contra la integridad de este cuerpo con el respaldo público dado a los agresores por parte de instituciones, como el ayuntamiento de esta localidad navarra y los gobiernos vasco y navarro, y partidos políticos. El último golpe, a su entender, se lo ha infringido Podemos con su decisión de liderar este miércoles el acto de apoyo en el Congreso de los Diputados a los familiares de los nueve imputados por estos hechos y suscribir un manifiesto junto a las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas que exige que no se los juzgue por un delito de terrorismo y se ponga en libertad a las tres personas que se encuentran en prisión preventiva.
Los 89 diputados y senadores de Unidos Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT y Compromís que firman el documento se amparan en su “compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de derecho” para mostrar su “preocupación” por la actuación de la Audiencia Nacional al calificar los hechos como un delito de terrorismo. Según critican, la “falta de proporcionalidad” y la “interpretación extensiva” que se está haciendo “vulnera las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica” de los agresores, que se enfrentan a penas de entre 10 y 15 años de cárcel. Por ello, solicita a las autoridades competentes, caso de la Fiscalía General, la Audiencia Nacional y Provincial de Navarra, que “reconsideren sus actuaciones” para que “imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad”, al tiempo que hacen un llamamiento a las “administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos, y a la sociedad en general” para que “colaboren” para lograr la puesta en libertad de los tres jóvenes que permanecen detenidos y que la Audiencia Nacional traslade la causa al Juzgado de Instrucción de Pamplona.
Podemos asume como propia la tesis de los imputados de que la múltiple agresión a dos agentes y a sus parejas (participaron unas 40 personas, según refleja en el auto de procesamiento la magistrada Carmen Lamela) fue una mera “pelea de bar”. Su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, ha denunciado la “desproporción” de la actuación de la Audiencia Nacional contra unos jóvenes a los que ha vestido como “víctimas” tanto como los agentes agredidos por el “trato injusto” recibido. Su jefe le brinda todo su respaldo: “Es una irresponsabilidad decir que es terrorismo porque las víctimas sean guardias civiles”, sostiene Iglesias. Pero no piensan lo mismo algunos compañeros del partido, como el guardia civil en excedencia Juan Antonio Delgado Ramos, que se ha desmarcado de la declaración al defender que en Alsasua se produjo «un delito», o el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes, que si bien se ha adherido al documento, no suscribe las exigencias lanzadas a la Audiencia Nacional, al sostener que supone una injerencia a la separación de poderes.
La formación de Iglesias habla de “indefensión y amparo” de los imputados. La Guardia Civil habla de “traición” de Podemos y de “infamia”. Estos términos engrosan una larga lista de calificativos gruesos a modo de réplica dentro de este cuerpo. “Hay un sentimiento de ofensa muy grande”, resume Juan Fernández, portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que no oculta su “estupor y asombro” por la postura de la formación morada. “Es difícil de asimilar este tipo de comportamientos. No se entiende. En un Estado de derecho hay que posicionarse del lado de las víctimas”, asevera.
Al tiempo que crecen los apoyos a los agresores, se incrementa la “tensión” en Alsasua. Los agentes destinados a la localidad navarra prefieren no hablar. “Hay mucho miedo y cualquier paso se debe dar con mucho cuidado”, afirma un guardia civil para justificar sus escasas palabras. Ya no queda huella de esa relativa normalidad, de esa cierta convivencia que existía antes de la madrugada del 15 de octubre. “La situación es muy dura y va a ir a más a medida que se acerque el juicio”, asegura, indignado por la “falta de apoyo” a nivel político e institucional.
“Los agentes estamos hartos”, sentencia. Duelen más las agresiones que provocan las críticas más allá del entorno nacionalista. Y este hartazgo tiene sus consecuencias prácticas. En Alsasua hay 10 vacantes por cubrir. Y no se prevén altas voluntarias en esta plaza. “Muchos no han aguantado y se han ido”, expone. “El que está destinado en Alsasua se quiere ir cuanto antes”, corrobora el portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), José Cobo, quien advierte de que “muchos más” se intentarán ir. «¿Quién va a querer estar ahí en esta situación?», se pregunta. El cuartel está en estos momentos “bajo mínimos” y de no ser por las altas forzosas “se quedaría vacío”. Y a pesar de que “la situación es la que es”, aquellos que se organizan en torno a un movimiento para “hostigar”, “perseguir” y “hacer la vida imposible” a la Guardia Civil en este pueblo reciben el respaldo político e institucional. “Es vergonzoso que la tercera fuerza del Parlamento español menosprecie a los guardias civiles”, denuncia Cobo. “Se está cogiendo un camino muy peligroso”, remarca al respecto Fernández.
· Al tiempo que crecen los apoyos a los agresores se incrementa la ‘tensión’ en Alsasua: “La situación es muy dura y va a ir a más con el inicio del juicio”
En respuesta a la actuación de Podemos, AEGC ha solicitado al Consejo de la Guardia Civil que reciba a los dos agentes agredidos en Alsasua, un teniente y un sargento, como un “desagravio” no solo para ellos y sus familiares, sino también para “todos los trabajadores del cuerpo a los que se ha menospreciado gratuitamente”. “Que no se equivoque Podemos. Las víctimas han sido y son los dos agentes y sus mujeres, y los agresores no son héroes a los que haya que homenajear”, sostiene el portavoz de esta asociación.
Han sido “innumerables” las quejas internas por esta nueva “ofensa” a la Guardia Civil. “No nos esperábamos esta actitud de Podemos”, sostiene el responsable de la AUGC, que critica que la formación de Iglesias no los «ha escuchado» antes de fijar postura a favor de los agresores. Fernández recuerda a esta formación que las diligencias realizadas en la Audiencia Nacional son “muy claras” y no dejan lugar a dudas de que la agresión a los dos agentes partió de un movimiento “coordinado y organizado”, denominado Ospa Mugimendua, con el objetivo de “hostigar” a un cuerpo.
Lamela dictó en noviembre el auto de procesamiento contra los nueve imputados, con edades comprendidas entre los 19 y 24 años, por delitos de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y delito de odio. En su argumentación, la magistrada puso de manifiesto que la condición de guardias civiles de las víctimas fue la “única y exclusiva” causa por la que fueron “insultados y golpeados” por los procesados, que “conocían con anterioridad” su condición de miembros de este cuerpo. “La agresión no fue ningún capricho de unos jóvenes”, enfatiza Fernández para lanzar un mensaje a Podemos. “No se puede pedir al PP que respete a la Justicia por los casos de corrupción pero luego criticarla cuando no se está de acuerdo con su actuación. No valen las dos caras de la moneda”.
Juan Antonio Delgado fue durante muchos años el portavoz nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la única asociación profesional que se ha personado en la causa abierta por la agresión de Alsasua. Desde las filas de Podemos, ha rechazado adjuntar su firma a la de los que son ahora sus compañeros porque, según defiende, el documento redactado supone un “uso político y miserable del terrorismo”. Recuerda que en Alsasua “se produjo un delito contra la Guardia Civil y sus familiares”. En todo caso, para no echar más leña todavía al fuego originado, pone en valor que su partido “condenó la agresión”. Pero en el documento suscrito en las Cortes no hay ni rastro de apoyo a los agentes agredidos y a sus parejas. “No todo vale por un puñado de votos”, lamenta en este sentido ese veterano guardia civil con muchos años de trayectoria en Euskadi, que hace mucho tiempo dejó de sorprenderse.