La política española ha vivido este lunes una jornada que puede marcar un punto de inflexión en la legislatura y anticipar un rosario de citas electorales hasta verano de 2026.
Mientras María Guardiola convocaba elecciones anticipadas en Extremadura tras perder la capacidad de aprobar los presupuestos regionales, Carles Puigdemont certificaba desde Perpiñán la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Dos acontecimientos aparentemente desconectados que, sin embargo, plantean una pregunta incómoda para el presidente del Gobierno: si Guardiola ha tenido la valentía de acudir a las urnas cuando se ha quedado sin mayorías, ¿por qué Sánchez no hace lo mismo?
La presidenta extremeña se encuentra en una situación parlamentaria análoga a la del presidente del Gobierno. Guardiola gobierna en minoría desde que Vox abandonó la coalición en julio de 2024, y tanto el PSOE como la formación de Santiago Abascal han presentado enmiendas a la totalidad contra sus presupuestos de 2026.
Sin las cuentas públicas aprobadas, Guardiola ha llegado a la única conclusión democráticamente honrada: convocar elecciones para el 21 de diciembre y que sean los extremeños quienes decidan.
Porque sin presupuestos, la ley más importante de cualquier gobierno, no se puede gobernar. Es así de simple.
Sánchez se encuentra ahora en idéntica tesitura. Con la ruptura de Junts, el presidente ha perdido siete escaños imprescindibles que le dejan sin capacidad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026 ni ninguna otra iniciativa legislativa relevante.
La aritmética parlamentaria es implacable: sin el apoyo de los independentistas catalanes, no hay mayoría posible.
Y Carles Puigdemont, con toda la razón en este punto, lo ha expresado con crudeza: Sánchez «podrá ocupar sillones, pero no podrá gobernar».
La decisión de Guardiola y el respaldo de Alberto Núñez Feijóo representan, además, un movimiento político valiente frente a la «pinza» de PSOE y Vox que está bloqueando gobiernos autonómicos y municipales en toda España.
En Castilla y León, ambas formaciones tumbaron los presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco en un episodio sin precedentes.
En Aragón, Jorge Azcón se enfrenta al bloqueo presupuestario tras la ruptura con Vox.
Y en Murcia, PSOE y Vox coinciden sistemáticamente para dificultar la acción del Gobierno popular de López Miras.
Esta convergencia táctica entre extremos ideológicos opuestos está paralizando instituciones y generando una inestabilidad sin precedentes.
Guardiola ha decidido no someterse a ese chantaje permanente. Prefiere acudir a las urnas antes que prolongar una legislatura agónica en la que cada iniciativa depende del capricho de quienes la bloquean por razones ajenas al interés general.
La presidenta extremeña cuenta, además, con bazas significativas.
El PSOE regional atraviesa su peor momento en décadas, con su candidato, Miguel Ángel Gallardo, procesado junto al hermano de Sánchez por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El escándalo del caso David Sánchez planea sobre estas elecciones como una sombra alargada que debilita al adversario principal.
Guardiola aspira, legítimamente, a lograr una mayoría absoluta que le permita gobernar sin depender de Vox. Pero esta estrategia entraña riesgos innegables para el PP.
Si el adelanto electoral extremeño desencadena una cascada de convocatorias en otras comunidades autónomas (como Castilla y León y Aragón), los populares podrían verse abocados nuevamente a pactar con Vox dependiendo de los resultados, reproduciéndose el escenario de 2023.
Pero si la apuesta sale bien y los barones territoriales obtienen mayorías suficientes, el PP habrá logrado liberarse de la dependencia de la extrema derecha y gobernar con estabilidad, cumpliendo así la profecía de Feijóo de que el PP aspira a ocupar la Moncloa sin depender de Vox.
La ruptura de Junts coloca a Sánchez en una posición insostenible: sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria y sin capacidad de impulsar su agenda legislativa.
Por eso, el presidente debería tomar nota de la decisión de Guardiola. Porque la suya es la decisión responsable que exige la democracia parlamentaria: cuando un gobierno pierde la mayoría que lo sostiene, y cuando no puede aprobar la ley más importante del año, tiene la obligación moral de convocar elecciones.
Gobernar mediante decretos ley y prórrogas presupuestarias no es gobernar, sino ocupar el poder sin capacidad de ejercerlo, para garantizarse la supervivencia política personal al precio de condenar al país a la parálisis institucional.