Guerra fría

EL Estado ha vencido a ETA aunque falte el trámite de su rendición, pero todavía no ha derrotado a su proyecto ni a su memoria. Esa batalla puede ser incluso más difícil de ganar porque no cuenta con la misma unanimidad democrática; la simple desaparición de la amenaza armada ha resquebrajado la cohesión social en torno al final de la violencia. Si durante los años de plomo hubo ventajistas que trataron de sacar provecho político del crimen, ahora que el terror ha dejado de preocupar a los españoles existe el riesgo serio de que un nuevo oportunismo se asiente sobre los restos del drama. No se trata sólo de una cuestión de mera narrativa histórica, de marcos mentales de opinión pública, sino de evitar que el pos-terrorismo consolide un statu quo favorable a los herederos del legado etarra.

Esa nueva «guerra fría» es relevante y está declarada. En un bando militan los testaferros políticos de ETA, el conglomerado tardobatasuno aupado a las instituciones forales; el nacionalismo experto en la recogida de frutos del chantaje y una cierta izquierda siempre proclive al síndrome de Estocolmo. En el otro se sitúan las víctimas, prácticamente solas en su esfuerzo por sostener la dignidad vestal de la resistencia más allá del holocausto. Se supone que el Estado también está de esa parte pero en el seno de las instituciones el tacticismo de la política produce titubeos letales. La justicia ya no tiene criterios unívocos, el Gobierno maneja una herencia legal envenenada por el proceso zapaterista y la sociedad, atribulada por la crisis, parece simplemente haber pasado página.

El conflicto por el relato, que en realidad dirime la hegemonía política del País Vasco después de cuatro décadas de coacción violenta unilateral, ha tenido esta semana en Madrid una escenificación intelectual significativa en el marco de apariencia inocente de los tradicionales cursos de verano. De un lado el Gobierno nacionalista y de otro las víctimas a través de Covite han trasladado a la capital su dialéctica sobre las condiciones del «tiempo nuevo». El desequilibrio de recursos ha sido notorio: mientras los arúspices de una paz negociada han contado con el respaldo de la Complutense, dirigentes institucionales y sensible refuerzo mediático, el colectivo de resistentes se ha tenido que arropar en el acostumbrado entorno de soledad civil sin más abrigo moral que el de su incombustible coraje.

En un escenario quedaron emplazadas las habituales propuestas de diálogo, reconciliación, favores penitenciarios y demás retórica del armisticio complaciente con la hoja de ruta abertzale. En el otro, un «Manifiesto por la dignidad» que llama a defender la memoria del sufrimiento como base de una paz justa. El Estado, teórico destinatario de todos los mensajes, no se ha dejado ver ni sentir, sin darse por interpelado, como si ésta fuese una causa que admite neutrales.