Kepa Bilbao Ariztimuño-El Correo
- El derecho pierde capacidad normativa frente a la lógica del poder
Vivimos una inflexión histórica: la guerra ha regresado al centro del escenario, no solo como hecho militar sino como lenguaje político y forma de ordenar el mundo. El siglo XX conoció la guerra total. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, los Estados proclamaron la prohibición de la guerra de agresión y situaron los derechos humanos en el núcleo del nuevo orden internacional. La promesa era clara: la violencia armada dejaría de ser un instrumento legítimo de la política y la paz descansaría sobre bases jurídicas estables. Pero el ‘nunca más’ resultó frágil. Las guerras no desaparecieron, los genocidios tampoco, y el derecho internacional mostró pronto sus límites.
Lo inquietante no es solo que la guerra persista, sino la facilidad con la que se recurre a ella. Ya entrado el siglo XXI, la destrucción sistemática y el castigo indiscriminado de poblaciones civiles vuelven a presentarse como medios eficaces para resolver disputas o imponer hechos consumados. No se trata de accidentes aislados, sino de la expresión de un orden internacional incapaz de imponer sus propias reglas, sobre todo cuando las grandes potencias deciden ignorarlas.
Mientras el uso de la fuerza siga percibiéndose como rentable para conquistar recursos, preservar poder o eliminar a adversarios, la paz será estructuralmente frágil. El derecho internacional es indispensable, pero insuficiente si no va acompañado de voluntad política y de mecanismos efectivos de cumplimiento. Cuando estos fallan, el lenguaje del derecho cede terreno al de la disuasión, el cálculo estratégico y la amenaza. Como admitía recientemente Stephen Miller, alto responsable político y asesor de Trump, en el «mundo real lo que cuenta es la fuerza, el poder… Son las leyes de hierro del mundo». La frase es cruda, pero revela una mentalidad cada vez menos excepcional.
Europa creyó durante décadas haber superado esa lógica. Tras siglos de guerras fratricidas, la integración europea se presentó como una comunidad de seguridad fundada en la memoria del horror y el rechazo de la violencia como herramienta política. La invasión rusa de Ucrania en 2022 quebró esa ilusión. El conflicto volvió al continente y mostró la vulnerabilidad de un proyecto construido bajo la premisa de que la guerra pertenecía al pasado. A ello se suman presiones geopolíticas en su entorno estratégico -Groenlandia- que evidencian la fragilidad de su posición en un mundo de grandes potencias.
La UE se enfrenta a una paradoja: haber edificado un orden posbélico en un escenario que parece regresar a lógicas de competencia imperial. Situada entre potencias que reivindican esferas de influencia -Moscú, Washington y Pekín-, intenta afirmar su autonomía mientras constata sus divisiones internas y su dependencia en materia de seguridad. Su identidad pacífica, una conquista histórica, hoy se ve tensionada por un entorno donde la fuerza vuelve a ser argumento central.
El resultado es una peligrosa cultura de la impunidad. Cuando la violación del derecho no tiene consecuencias proporcionales, la guerra deja de ser una excepción y recupera su condición de instrumento ordinario. La violencia, si no encuentra límites efectivos, tiende a reproducirse. Así se reactivan los ciclos del horror: las víctimas de hoy pueden convertirse en los verdugos de mañana. La impunidad erosiona la confianza en las instituciones, en la justicia y, en último término, en los límites que sostienen la convivencia.
En este contexto, la paz corre el riesgo de reducirse a un equilibrio inestable de disuasión armada. El derecho no desaparece, pero pierde capacidad normativa frente a la lógica del poder. Pensar la guerra y la paz hoy exige reconocer que ambas están atravesadas por relaciones de fuerza. La guerra no es solo el fracaso de la política; también es una forma brutal de ejercerla. Y la paz no es simplemente la ausencia de combates, sino un orden frágil que necesita instituciones, límites y voluntad para sostenerse. Pensar nuestro tiempo desde esta tensión exige, por ello, renunciar tanto a la ingenuidad moral como al cinismo resignado.
No hay garantías definitivas. La historia reciente lo demuestra. Pero tampoco es razonable renunciar a la búsqueda de límites morales, jurídicos y políticos al uso de la violencia. Entre la confianza ciega en el derecho y el cinismo político que solo reconoce la fuerza existe un espacio de responsabilidad crítica.
En un momento en que el derecho pierde autoridad y la fuerza recupera centralidad, la pregunta por la guerra y la paz deja de ser académica. Es un problema político y moral que nos concierne directamente. Pensarlo con lucidez no garantiza la paz, pero es ya una forma mínima de resistencia: la que impide que la violencia se imponga como destino y que el poder sin límites sustituya definitivamente al derecho como norma.
– Kepa Bilbao es autor de ‘Pensar la guerra, pensar la paz. Ética, derecho y poder en un mundo en conflicto’ (Catarata, 2026).