Guerra sucia probada = presidente fuera

El Tribunal Supremo ya ha decidido: el fiscal general del Estado es culpable de un delito de revelación de secretos y debe dejar su cargo e indemnizar al perjudicado por su acción delictiva, un ciudadano particular apellidado González Amador, que no ocupa ni ha ocupado cargo público alguno.

Ese es el terremoto judicial. Pero aquí hay además un tsunami político todavía de mayores dimensiones, pues en una auténtica democracia esa sentencia se habría llevado ayer mismo por delante al presidente Sánchez. Y es que con la condena del impávido carota García Ortiz, los magistrados del Supremo, el más alto tribunal de España, confirman que aquí ha existido un caso de guerra sucia política, que es de lo que va realmente toda esta novela de intrigas. El móvil de la inconcebible acción del fiscal resulta transparente. Se trataba de hacer daño a la presidenta de la Comunidad de Madrid, feroz enemiga política de Sánchez, utilizando como ariete los serios problemas con Hacienda que tenía su pareja.

Un día, cuando era un periodista veinteañero que estaba más verde que una col, cometí el error ante Manuel Fraga de poner en duda algo que era una evidencia. El viejo león me corrigió con voz tonante: «Mi querido amigo, ¡esto lo saben hasta los niños de parvulitos y los tontos de baba!».

Aquella expresión de Fraga es aplicable al caso de García Ortiz, el filtrador togado. Todo el mundo sabe que el fiscal general no se movilizaría de manera desesperada en la noche de un domingo para obtener datos sobre la situación tributaria de un particular si ese ciudadano no presentase un interés político, en este caso el de dormir con la presidenta de Madrid. Y todo el mundo sabe que al fiscal, un fiel servidor del inquilino de la Moncloa, no le habría entrado semejante frenesí dominguero si no hubiese recibido una orden directa de Presidencia para buscarle las cosquillas a Amador (y por ende, a Ayuso). Ya lo dejó bien claro Sánchez en su día en Radio Nacional: «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso».

En una democracia de verdad, y no en una emponzoñada por el PSOE, el presidente y su Gobierno habrían caído, porque la guerra sucia política es algo gravísimo que no se perdona (y quien no lo crea puede preguntarle al espíritu de Richard Nixon). Pero incluso existe un segundo motivo para exigir la dimisión de Sánchez, y es que presionó a los jueces del Supremo proclamando de manera preventiva la inocencia de García Ortiz, algo que además ha resultado falso.

Tenemos un presidente que instiga maniobras entre tinieblas de la Fiscalía contra una adversaria política y que a continuación, cuando pillan a su peón con las manos en la masa y lo juzgan, se permite el lujo de lanzarse a presionar al Supremo como si viviésemos en la más exótica satrapía.

Por desgracia, España está institucionalmente destrozada por obra de la radicalización antisistema de su izquierda. La operación de Zapatero y Sánchez de reabrir el guerracivilismo para dar oxígeno al alicaído PSOE ha convertido la política en una lucha de hinchadas, donde la izquierda aplica aquella máxima mafiosa de «es un hijo de…, pero es nuestro hijo de…». Todo vale con tal de que no gobierne jamás la derecha.

Estaba recién salida la sentencia del horno y ya un ex magistrado del Supremo, el exaltado izquierdista Martín Pallín, clamaba en el programa de Ruiz en TVE denunciando «un golpe de Estado». Al instante aparecía en el mismo espacio Arroyo, el bronco presidente del Ateneo, para ratificar la burrada: «Golpe de Estado». Huelga decir que el afectado seudo periodista que conduce ese programa en una televisión pública que nos obligan a pagar a todos, el mismo tipo que hizo pasar por médico a una cocinera para atacar a Moreno Bonilla, no arqueó ni una ceja para defender al Supremo y corregir semejantes animaladas dialécticas.

En cuanto Sánchez toque el cornetín, que será enseguida, los «ministros y ministras», los tertulianos del régimen y hasta el partido de ETA, que sabe lo que se hace, se lanzarán con furia a la cacería del Supremo. Hay que destrozar las instituciones de la Transición y abrir de facto un nuevo periodo constituyente, que instaure la confederación de la nación de naciones y otorgue el gobierno perpetuo a la coalición de la izquierda y el separatismo.

Sánchez dimisión y elecciones ya. Eso sería lo normal. Pero aquí bramarán contra el lawfare del fachosférico Supremo y hasta son capaces de recurrir al viejo Pumpi para que vuelva a enlodar su toga una vez más con otra amnistía prêt-à-porter. ¿Exagero? Denles tiempo… Están fuera de control.