El primer pleno políglota en el Congreso de los Diputados de este martes, además de los importantes problemas políticos que plantea, se ha celebrado gracias a una argucia parlamentaria heterodoxa. Porque la Mesa del Congreso ha permitido que se empleen las lenguas cooficiales antes de la aprobación de la reforma del Reglamento que lo autoriza.

En la misma línea seguida durante la última legislatura, el Gobierno se sirve de procedimientos excepcionales para aprobar como sea iniciativas cuyo gran calado desaconseja la tramitación urgente. Una muestra más del desdén que exhibe Pedro Sánchez hacia la dimensión procedimental del proceso democrático, tan importante como el contenido de lo que se decide.

Y es también una prueba de la disposición de Sánchez a impulsar, a cambio de ganancias coyunturales, reformas a la postre estructurales. En este caso, la inserción de España en un proceso de balcanización en el que el recurso a los pinganillos no es más que el emblema de una diferenciación entre compatriotas artificialmente resaltada.

Así lo han explicitado los socios separatistas del Gobierno, que han celebrado la pronta oficialización del catalán, el gallego y el euskera en el Parlamento como un «paso simbólico». Uno que sirve al propósito de contrastar fácticamente la «plurinacionalidad» de España.

La determinación con la que Sánchez está pretendiendo acelerar el pago a sus acreedores independentistas también está causando estupor en Europa, por la obstinación del Gobierno español en forzar un cambio que tendría un notable impacto en el funcionamiento de todas las instituciones comunitarias con tal de afianzar sus arreglos partidistas en la política nacional.

Y es que el ministro de Asuntos Exteriores ha acudido al consejo de ministros de Asuntos Europeos no a proponer una iniciativa sobre la pesca española, o sobre la PAC, o sobre la disputa territorial en Gibraltar, sino exclusivamente a proponer la oficialidad de unas lenguas minoritarias. Y enarbolando como principal argumento en su favor que ya son oficiales en el Congreso, algo que ni siquiera es cierto todavía.

Aún así, Bruselas ha salvado a Sánchez al no vetar sino simplemente prorrogar sine die la decisión sobre la propuesta española. De este modo, aunque el Gobierno no ha podido satisfacer la exigencia de Junts de formalizar la aprobación del catalán este martes, ha podido justificar que ha hecho todo lo posible por cumplir con su compromiso con Carles Puigdemont. Un juego de vana escenificación de lealtades que permite concluir que Sánchez está engañando a Puigdemont a cuenta del catalán en la UE. Y que éste se deja engañar para embaucar a los suyos.

Además, que José Manuel Albares haya planteado a sus socios europeos dar prioridad al uso del catalán sólo demuestra la ausencia de un interés genuino en solicitar el reconocimiento europeo de las lenguas regionales, dado que el Gobierno ya tiene amarrados los votos de quienes pujan por el reconocimiento del gallego y el euskera.

No en vano, desde Junts ya agradecen el gesto y el «esfuerzo» del ministro. Por lo que, según informa este periódico, dan por superados los mayores escollos de la negoción con Sánchez y ven más cerca la investidura.

Pero un puñado de votos para revalidar el Gobierno en una legislatura abocada a ser corta y precaria no parece un precio cabal a pagar por la transfiguración sustancial de la identidad nacional española.

Porque nada más que eso es lo que hay detrás de esta impostura lingüística sobrevenida. El viejo mito de Prat de la Riba recuperado por Jordi Pujol, sobre la necesidad de catalanizar España para sacarla del atraso. Un mito sobradamente desmentido, por ejemplo, por el sorpasso económico de Madrid a Cataluña a consecuencia del procés.

Con la exaltación del catalán en el Congreso y en Bruselas, el marco de la bilateralidad promovido por el nacionalismo para justificar la amnistía y el resto de mercedes ad hoc está dando sus primeros pasos. Porque si hubiera que aplicar el baremo que se quiere imponer en la UE, en España habría en la práctica dos idiomas oficiales a la misma altura. El preludio a que algún día todos los niños españoles tengan que aprenderlo como lengua vehicular.

Se trata, en definitiva, de la aplicación del concepto confederal por la vía de los hechos consumados.