Santiago González, EL MUNDO, 18/7/12
Ya tenemos presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Y nos ha tocado progresista. Laus Deo. La encarnizada batalla que hemos conocido entre los dos principales partidos de la democracia española ha encontrado un cierto remanso, un sosiego que permitirá, quizá, sólo quizá, encauzar debidamente los asuntos de la Justicia en el futuro.
La vida moderna es un fenómeno complejo. Un gobernante socialista, José Luis Rodríguez Zapatero impuso, con el consentimiento de Mariano Rajoy, a un presidente conservador y seguramente inadecuado para el cargo como Carlos Dívar. Los indómitos vocales –sí, también Margarita–, tragaron religiosamente y aguantaron estoicamente hasta el penoso lance de los viajes, un arrebato de virtud que se aplicó de manera exclusiva al pobre Dívar.
Ha tenido que llegar un Gobierno de derechas, conservador, o de centro reformista, o como quiera que se llame ahora ese espacio, para que nos hayamos dotado de un presidente del órgano de gobierno de los jueces progresista, aunque esta vez el impulso ha sido endógeno, después de tres fracasos seguidos. Habemus papam.
Gonzalo Moliner, el ungido, es uno de los fundadores de Jueces para la Democracia, un juez progresista, lo cual no significa demasiado en estos tiempos. El progresismo judicial y político tiene hoy enfilados a magistrados de biografía inequívoca, como Manuel Aragón Reyes, magistrado del Tribunal Constitucional que emitió sendos votos particulares a las sentencias mínimas que franquearon la entrada en la legalidad a Bildu y Sortu. Como si él, catedrático de Derecho Constitucional especializado en Derechos Fundamentales, pudiera enmendar la plana a una ponente con tan sólida formación en Derecho Internacional Privado como Elisa Pérez Vara.
Zapatero impuso, con el consentimiento de Mariano Rajoy, a un presidente conservador
Por no hablar de Luciano Varela, dueño de una biografía progresista irreprochable, fundador de Jueces para la Democracia y autor intelectual de la Ley del Jurado. Pero, ay, nadie es perfecto eternamente: fue el juez instructor del sumario contra el ex juez Garzón por haberse metido en camisas de 1.748 varas al instruir un sumario para el que no tenía atribuciones.
El órgano de gobierno de los jueces es hoy una institución notable, con 446 funcionarios en plantilla y un presupuesto de 74 millones de euros, y constituye una fuente de problemas, al mismo tiempo que una plataforma de poder para las asociaciones de jueces.
No es improbable que el enunciado del ministro de Justicia, abogando para devolver el arte a su estado anterior a la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/85, de 1 de julio, haya topado con un presidente poco receptivo después de que la asociaciones que podríamos llamar conservadoras hiciesen oídos de mercader a las sugerencias presidenciales de contener el asunto Dívar dentro de los cauces de la prudencia. Soy un entusiasta de la causa de la resurrección de Montesquieu, pero desgraciadamente, ninguna de las opciones alternativas ofrece ventajas incontestables: se trata de optar entre sartén o fuego.
Le acompaña una cierta reputación de ser buen tipo. A ver si tiene suerte.
Santiago González, EL MUNDO, 18/7/12