No se entiende que, habiendo un cambio de política antiterrorista (tomar la iniciativa de ofrecer negociaciones condicionadas), y reconociéndose que para que prospere se necesita el acuerdo del PP, no se comparta la información con Rajoy y, por el contrario, se ponga a votación una propuesta que intercambia el respaldo de al menos 312 diputados por el apoyo de 202.
La hipótesis del Gobierno para justificar su nueva actitud ante ETA es que la banda está madura para el abandono de las armas. El argumento principal es los dos años sin asesinatos, que interpreta como tregua tácita. Otros factores favorables serían la casi extinción de la kale borroka y los síntomas de interiorización de la derrota de ETA por parte de su entorno. Podría añadirse otro indicio favorable: como siempre que un sector de la organización se plantea dejar las pistolas, vuelve la grafomanía. A la espera de ponencias, el Zutabe ha dejado de ser boletín interno para convertirse en órgano externo, de amplia circulación en las herriko tabernas.
Pero esa visión queda matizada por hechos como la lista de atentados en los que no ha habido víctimas por razones azarosas, las detenciones de comandos listos para actuar, la continuidad de la extorsión, el robo de materiales químicos para fabricar bombas. Y también por las palabras: la carta de Txeroki ordenando «poner un muerto sobre la mesa», la reiteración de amenazas a los miembros del PSOE y del PP en el Zutabe de marzo, las declaraciones de los jefes de ETA en el diario Berria el 2 de abril en las que reiteraban su exigencia de reconocimiento de la autodeterminación y de Euskal Herria (con Navarra y País vasco-francés) como sujeto político antes de plantearse la negociación sobre la desmilitarización del conflicto. Pese a ello se insiste, incluso por personas consideradas expertas en resolución de conflictos (siguiendo en esto a los héroes de la retirada estética), en que es el momento porque nunca antes ETA había estado tan débil.
Es cierto que está débil, pero gracias a que no se hizo caso a esos expertos y héroes cuando, hace años, ya proponían la negociación por considerar imbatible a ETA. Un efecto de no haberles hecho caso es que la ilegalización de Batasuna ha creado una contradicción objetiva de intereses entre los jefes del brazo político y los del militar, lo que abre la posibilidad de nuevas iniciativas. Otegi ya sabe que si hay un atentado no sólo seguirá fuera de los ayuntamientos, sino que (seguramente) se encontrarán las pruebas para ilegalizar a los de las tierras vascas. También sabe que sus votos dependen de que no haya atentados: 14 escaños durante la tregua, 7 tras su ruptura, 9 sin tregua pero sin muertos. Sería lógico extremar la exigencia ante Otegi para que imite a Gerry Adams, que -a la fuerza ahorcan- ha reaccionado al descrédito cosechado por el IRA por su actividad mafiosa exigiéndole la retirada definitiva. Es posible que no logre convencer a los jefes de ETA -se especula con una posible línea Otegi-Ternera-, pero tal vez el resultado de esa partida sea la ruptura: que la banda se quede sin brazo político, lo que ha solido considerarse condición para su derrota definitiva.
Si puede decirse que estamos cerca de esa derrota no es porque ETA no pueda cometer asesinatos, sino porque no existe una estrategia para la que sea útil cometerlos. Esto es consecuencia de la decisión de las fuerzas democráticas de cerrar el paso a cualquier expectativa de negociación. Una decisión que culminó en el Pacto Antiterrorista, pero que tiene raíces anteriores: la eliminación (por Mayor Oreja) de todos los canales de contacto, tomas de temperatura, etc.; y la idea (expresada por Felipe González) de que había que eliminar cualquier esperanza de los etarras en obtener ventajas políticas de la violencia. La política antiterrorista de los últimos años se ha apoyado en ese rechazo frontal a la vía negociadora, y de ahí la oposición del PNV, por ejemplo. Por tanto, sí ha habido un cambio de política, con independencia de que se reitere que la oferta es sólo para el caso de abandono previo de las armas, y de que vulnere o no formalmente la letra del Pacto.
Las razones para ese cambio no han sido explicadas con claridad. Un argumento posible sería que la estrategia de firmeza y la negativa a cualquier negociación tenía el objetivo implícito de hacer posible una negociación viable (paz por presos). Carod-Rovira ha insinuado que hay cosas que no sabemos. Pero en tal caso aún se entiende menos que, habiendo un cambio de política antiterrorista (tomar la iniciativa de ofrecer negociaciones condicionadas), y reconociéndose que para que prospere se necesita el acuerdo del PP, no se comparta la información con Rajoy y, por el contrario, se ponga a votación una propuesta que intercambia el respaldo de al menos 312 diputados por el apoyo de 202.
Patxo Unzueta, EL PAÍS, 19/5/2005