NICOLÁS REDONDO TERREROS, EL ECONOMISTA 25/05/2013
· La crisis proteica que nos invade por todos los frentes ha puesto muy de moda la impugnación general a las instituciones públicas, a los partidos, a los sindicatos y a la patronal. No se salva nada ni nadie. Banqueros y sindicalistas, ayuntamientos y comunidades autónomas, la justicia y el parlamento, políticos y partidos, todos son presa de la demagogia más populista; ni siquiera la Jefatura del Estado ha quedado fuera de estas furiosas embestidas.
La necesidad de empezar de nuevo, muy al gusto de los españoles, se apodera de los discursos públicos, el diccionario se reduce a conceptos que tienen que ver con el descontento, con el radicalismo o con el adanismo y las voces serenas, reflexivas, reducen su influencia o se contagian de una especie de relativismo. Parece imposible desarrollar políticas alternativas moderadas en estas circunstancias.
Por una acción reformista clara
Contradiciendo el ambiente general, yo reivindico la necesidad de políticas radicalmente prudentes; es decir, de políticas que entronquen con el Espíritu del 78, políticas dirigidas a rectificar los posibles defectos o las consecuencias no deseadas ni previstas por aquellos responsables tan mencionados y a la vez desdeñados padres de la Transición?; en fin, defiendo la necesidad de una acción reformista clara, sin complejos.
Tal vez nos siga acechando una enfermedad secular en la historia de España: la desinstitucionalización del Estado español. Decía Montesquieu: «En las sociedades nacientes, los jefes de las repúblicas son los que hacen las instituciones y después éstas son las que forman a los jefes de la república», la crisis nos muestra que no hemos logrado fortalecer suficientemente las instituciones después de casi treinta y cinco años. El proceso descrito por Charles Luis de Secondat culminaría con la desaparición de la arbitrariedad de un complejo institucional que impidiera a los gobernantes incompetentes (a los que solemos elegir con frecuencia sorprendente) realizar un gran daño a la sociedad que gobiernan. Muchos no han tenido la calma suficiente para que arraigue el modelo definido por la Constitución del 78.
El reto de España
Parecerá poco importante, pero en la debilidad de las instituciones está el origen de todos nuestros problemas públicos o, por lo menos, de los más graves. Otros países, con parecidas magnitudes al nuestro, padecen la crisis económica como nosotros o con una intensidad mayor, pero su crisis política no es tan profunda como la nuestra. Debaten cómo salir de la crisis o cómo disminuir sus efectos en sus respectivas sociedades, pero no se enzarzan en una polémica sobre la forma del Estado o sobre la integridad territorial y no se pone en solfa la organización territorial, ni la legitimidad de sus instituciones ha disminuido tan gravemente.
Con esta situación, nuestro reto está en defender lo conseguido, sin evitar las reformas necesarias y urgentes; en reforzar la legitimidad de las instituciones, aumentando los espacios de transparencia, de tal manera que disminuya el margen de arbitrariedad de los responsables públicos; igualmente debe estar en acercar los políticos a la realidad, sin caer en los dos abismos que los enajenan. El primero tiene que ver con la tendencia al tenebrismo en el que caen, generalmente los de la oposición, y que les hace dibujar un panorama sin solución ni esperanza en el que no cree la mayoría; el segundo tiene que ver con la insensibilidad tecnócrata, carente de discurso político y presa de los números en los que termina convirtiendo a los ciudadanos. Todo ello dirigido a evitar la expansión excesiva de la acción partidaria a todos los ámbitos -los partidos siendo imprescindibles no pueden llevarnos a la asimilación total de la vida pública, hasta el punto de confundir la política con mayúsculas con el partido-, permitiendo el desarrollo de una vida pública y política complementaria a los partidos y un fortalecimiento de la legitimidad institucional en detrimento del sectarismo.
Para la consecución de estas pretensiones no es indiferente el papel de los medios de comunicación, contagiados no pocos con frecuencia de los males de la política partidaria, llevando en ocasiones al extremo un sectarismo, que suelen confundir con la defensa de determinados principios, y un populismo guarnecido bajo el paraguas de la libertad de expresión. Reflexionaré en otro momento sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad española y lo haré en éste que me permite hacerlo con una libertad absoluta, ratificando así una filosofía liberal que no se recluye exclusivamente en el espacio de la economía.
Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad.
NICOLÁS REDONDO TERREROS, EL ECONOMISTA 25/05/2013