La Constitución “en ningún caso” admite la federación de las comunidades autónomas y los acuerdos de cooperación entre ellas requerirán la autorización de las Cortes Generales (artículo 145 CE). Sin embargo, los constituyentes dejaron un portillo abierto ‘sine die’ para que Navarra se pueda incorporar al País Vasco (disposición transitoria cuarta) si así lo acordase la mayoría del “órgano foral competente” y la decisión fuese ratificada en referéndum convocado al efecto. Y mientras esa posibilidad de anexión de la Comunidad Foral de Navarra exista, el nacionalismo vasco en todas sus versiones —de EH Bildu a PNV— no cejará en su empeño de introducir factores de nacionalización en aquella comunidad —fundamentalmente el idioma— y de estar presente en su sociedad e instituciones. 

Navarra es la tierra prometida e irredenta para el nacionalismo vasco de todos los colores. En Pamplona (Iruña, en su denominación usada por los nacionalistas), el PNV celebró su primera gran asamblea en 1977, tras su legalización. Era un mensaje. Lo fue también cuando ese año en Alsasua se formalizó la mesa del ‘abertzalismo’ radical y favorable a ETA, presidida por Telesforo Monzón, y que al año siguiente desaguó en la coalición HB. El primer lendakari de la democracia fue Carlos Garaikoetxea (Pamplona, 1938) después de haber presidido la ejecutiva nacional del partido (EBB), quizá por ser natural de esa tierra. En Navarra, el PNV mantiene una de sus ejecutivas territoriales, el Napar Buru Batzar, además de en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava e Iparralde (tres provincias vascas de Francia). Las extraterritoriales están en Madrid, Argentina, México, Venezuela y Chile.

Navarra, con más de 10.000 kilómetros cuadrados, es más extensa que el País Vasco, con 7.300. Su población roza los 700.000 habitantes y linda con Francia (163 kilómetros de frontera), con Aragón, con Rioja y, su noroeste, con Euskadi. Esa zona lindante es la vascófona, integrada por más de 60 municipios para los que la Ley de Amejoramiento del Fuero —un particular estatuto autonómico foral— y la ley foral de 1986 establecen la cooficialidad del euskera y el castellano. Las otras zonas de Navarra —la mixta o media y la Ribera— son territorios con escasísimos hablantes en lengua vasca. La comunidad alcanza un PIB de poco más de 20.000 millones de euros, pero la renta per cápita es alta: 32.000 euros. El sistema paccionado de convenio le es tan favorable como al País Vasco el concierto.

Bildu ha conseguido una contrapartida del Gobierno en la negociación de los presupuestos de gran simbolismo para el nacionalismo en su conjunto: que el canal ETB3 —televisión pública vasca con contenidos infantiles en euskera— tenga cobertura completa en Navarra. Un asunto en el que los ‘bilkides’ han ganado por la mano al PNV. Hoy por hoy, EH Bildu es decisivo en Navarra, comunidad que ETA convirtió en uno de sus preferentes escenarios criminales: asesinó a 42 personas, la cuarta comunidad con más víctimas tras el País Vasco (576), Madrid (123) y Cataluña (54).

Aunque el partido mayoritario es Navarra Suma (20 escaños de los 50 que integran el Parlamento foral), los de Otegi (siete escaños), con su abstención y con los votos positivos del PSN (11 escaños), de Geroa Bai (nueve escaños, marca blanca del PNV allí), de Podemos (dos escaños) y de una ancilar Ezquerra-Izquierda (un escaño), hicieron presidenta a la socialista María Chivite, que depende por completo del ‘abertzalismo’ radical. En los presupuestos forales, se ha vuelto a demostrar. 

La implantación del euskera en Navarra es limitada, pero va en aumento: la mayoría de los escolares estudia íntegramente en castellano (61%) y una minoría que está creciendo (25%) íntegramente en euskera. El resumen es que el 14% de la población navarra habla vasco, el 8% tiene algún conocimiento y más del 77% lo desconoce, como informó con precisión Inés Pérez Chávarri en estas páginas el pasado sábado. El objetivo de EH Bildu —uno de cuyos cinco escaños en el Congreso es por Navarra— es mantener una política de euskaldunización de la comunidad foral hasta llegar a plantear con verosimilitud un acuerdo de anexión al País Vasco que pudiera ser luego refrendado.

Parece una hipótesis calenturienta, pero no lo es, porque la posibilidad constitucional está ahí y es habilitante jurídicamente para hacerlo. El acuerdo sobre ETB3 entre el Gobierno y Bildu es un síntoma más de que el expansionista nacionalismo vasco no se ha detenido. Sin prisa, pero sin pausa, Navarra se está transformando en un feudo de los nacionalistas. La lógica política de este arraigo lleva, inevitablemente, a que la iniciativa anexionista se convierta en un proyecto a medio plazo. Colaborar —como han hecho el Gobierno en Madrid y el PSN en Navarra— a que este propósito se haga algún día realidad forma parte de la lenta pero constante desintegración del proyecto nacional de España. 

Con el Gobierno de coalición, la galopada de EH Bildu es extraordinaria e inversamente proporcional al achicamiento del espacio del PNV. Sánchez está adoptando graves decisiones que pueden determinar consecuencias de envergadura y muy desgraciadas para la cohesión de España. Ya lo anunció en 2018 la anterior presidenta de Navarra, Uxue Barcos: si hubiese un referéndum, votaría sí a la incorporación de Navarra al País Vasco. 

Sigue vigente el grito de ‘Nafarroa Euskadi da’ (Navarra es Euskadi). Por eso no habría que olvidar suprimir esa disposición transitoria cuarta en una eventual reforma de la Constitución que, por cierto, el nacionalismo vasco no votó en 1978 y que desde su aprobación no ha dejado de combatir.