Desde el frágil último Gobierno presidido por Rajoy hasta el día de hoy, España se dirige cada día más hacia una situación de discordia que hacia una situación de concordia que, mal que bien, más bien que mal, antes disfrutábamos. Esta concordia estaba basada en el respeto al texto constitucional de 1978 y al espíritu con el que fue elaborado, reflejo de los años de la Transición política, en el prudente desarrollo legislativo y en la interpretación amplia que de la norma suprema efectuaba el Tribunal Constitucional. 

Pero desde las elecciones de 20 de diciembre de 2015, con el paso del bipartidismo imperfecto al cuatripartidismo también imperfecto, hoy en fase agónica, por culpa de una sucesión de gobiernos parlamentariamente débiles, por las consecuencias de la insurrección de la Generalitat en septiembre y octubre de 2017 y, especialmente, a partir de la contradictoria mayoría de la moción de censura de 2018 que invistió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la convivencia política se ha deteriorado hasta el punto de entrar en una etapa que puede conducir a zonas peligrosas.

Día a día, a pesar de las inútiles invocaciones a palabras vacías como ‘reencuentro’ o contrarias a lo que realmente está pasando como ‘diálogo’, nos dirigimos hacia la discordia, a socavar aquella España que trabajosamente empezó una nueva etapa de su historia tras la muerte de Franco. 

Todo ello, es verdad, se debe en parte a factores externos, por ejemplo la crisis de 2008 que solo empezó a superarse en 2013 y a las consecuencias sanitarias, pero también económicas y sociales actuales o que están por venir. Pero lo grave son los factores internos, lo grave es que estamos en una alarmante crisis política de extraordinarias dimensiones.

Esta crisis política puede resumirse en un breve diagnóstico: inestabilidad gubernamental, gobiernos ineficaces, desgaste de la Constitución, crisis de la democracia parlamentaria y desconcierto general de los ciudadanos. También hay que añadir, naturalmente, la desafección de los ciudadanos a la política y a los políticos, un hecho que históricamente nunca ha presagiado nada bueno. Solo hay que pensar, y da vértigo hacerlo, en la Europa de entreguerras, hace tan solo un siglo.

Este panorama, que vamos desgranando desde hace meses en artículos sucesivos, tiene muchas vertientes. Hoy nos referiremos a un hecho actual y grave porque afecta a un aspecto medular del Estado de derecho: a ciertos aspectos de la politización de la justicia sin que, por supuesto, los jueces y magistrados tengan la culpa. Por el contrario, la culpa reside en el trato que reciben los poderes jurisdiccionales —con mayúscula— por parte de los partidos y los políticos, así como también de su eco en los medios de comunicación. Aludimos a las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal de Cuentas. 

Ante todo, decir que el retraso en las renovaciones pendientes de los órganos constitucionales es injustificable, una clara vulneración de la letra y el espíritu de la Constitución, va contra su misma esencia como órganos independientes de dirección o control. Sea el Consejo, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo u otros. Y la responsabilidad recae tanto en el PSOE como en el PP. Pero la politización en el sentido de que son órganos que aparentan desviarse de sus funciones específicas porque se pone en entredicho su imagen independiente es de los poderes políticos y, en este caso concreto, del Gobierno. 

En efecto, en el momento en que empezó a hablarse de los indultos, justo cuando se necesitaba el apoyo de ERC a la aprobación de los Presupuestos del Estado, tanto los cargos públicos del ámbito gubernamental como los medios de comunicación que les son afines se quejaban día sí y otro también de que se debía renovar el CGPJ, cosa absolutamente cierta. Una vez los indultos han sido concedidos, el tema ha desaparecido de las primeras planas y de los editoriales. ¿No deducirá de ello el ciudadano medio que les interesaba renovar el Consejo para facilitar los indultos, aunque esto no fuera verdad, que por otra parte no lo sé?

Ahora ya no se habla de renovar el Consejo, sino el Tribunal de Cuentas. ¿No sospechará este mismo ciudadano que la única razón para renovarlo es solucionar esta «piedra en el camino», según el ministro y secretario de Organización del PSOE, que supone haber controlado los gastos propagandísticos no justificados legalmente para apoyar la secesión de Cataluña por parte de las ‘embajadas’ catalanas y dentro de las Competencias del Tribunal exigir su devolución? ¿Las leyes son obstáculos a la acción política, «piedras en el camino», o son las vías por las cuales la política debe discurrir? 

¿Quién politiza los órganos jurisdiccionales en ambos casos? Sin duda, los políticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Empañan la honorabilidad de los miembros de estos órganos y hacen que los ciudadanos sospechen de su falta de independencia, en definitiva, de su politización. 

Solo un amplio acuerdo entre el PSOE y el PP puede reconducir a este país por las vías de la sensatez, la moderación y la centralidad 

Muchos españoles están desconcertados y desconfían de los poderes públicos, se sienten burlados cuando se les habla de la convivencia, del reencuentro y de la concordia. Y creo que tienen mucha razón: vamos en la dirección contraria. Este Gobierno, por su composición y, sobre todo, por sus apoyos y socios, no puede conducirnos a otra cosa que al enconamiento y a la discordia. 

Solo un amplio acuerdo entre los dos grandes partidos centrales —el PSOE y el PP— puede reconducir a este país por las vías de la sensatez, la moderación y la centralidad. Pero no se atisba en el horizonte ninguna señal de que ello pueda suceder antes de que lleguen unas elecciones generales. Habremos perdido ya mucho tiempo y en el campo se habrá sembrado mucha mala hierba.