Este jueves el presidente de la corporación de RTVE, José Pablo López, ha reconocido en la comisión de control en el Congreso que TVE trabaja para incrementar su oferta en lenguas cooficiales. Aunque se pretende también «ampliar la presencia del gallego y el euskera» en la televisión pública, lo que implica por lo pronto esta novedad es crear un canal propio para Cataluña, cuya programación será íntegramente en catalán.
Sobran los motivos para cuestionar la pertinencia de una nueva televisión catalana.
En primer lugar, el económico. Porque conllevaría reforzar el centro regional de RTVE de Cataluña, cuya producción está al 100%. Lo que obligaría a aumentar plantillas y, por tanto, a incurrir en nuevos gastos.
Y eso en una televisión pública que ya dedica a la emisión en catalán casi 25 millones de euros. Ampliarla supondría destinar más dinero a la corporación en los Presupuestos, para un órgano que cerró 2024 con unas pérdidas de 26 millones de euros.
Por no hablar del previsible efecto clientelar que tendrá la contratación de más productoras catalanas, al crear una nueva oportunidad de negocio subvencionado para la industria del nacionalismo mediático.
En segundo lugar, las dificultades técnicas y los problemas jurídicos que planteará la emisión dual.
En tercer lugar, que ya existe en Cataluña una oferta de contenidos en catalán de sobra, tanto en televisión como en radio. Cuenta con su propia televisión autonómica, que además está controlada por el mismo partido que controla La Moncloa.
En cuarto lugar, su motivación puramente política, que dista mucho de la vocación de servicio público que debe guiar a una televisión sufragada por todos los españoles.
El hecho de que fuera Miriam Nogueras quien este miércoles anunciara que se había llegado a un acuerdo para que La 2 en Cataluña pase a emitir en catalán las 24 horas del día, sin que ningún miembro del consejo de administración de RTVE tuviera noticia de ello, habla por sí solo.
En el origen de este canal catalán está, de hecho, la satisfacción de una petición de Junts, que lo exigió (junto con el nombramiento como consejero del expresentador independentista de TV3 Mikimoto) como condición para votar a favor de la renovación del Consejo de RTVE.
La decisión es conforme a la mayoría plurilingüística cuajada en ese Consejo, después de que el Gobierno se adueñase de él el pasado octubre mediante un cambio en el sistema de elección parlamentaria.
La justificación aducida para La 2 catalana es que «RTVE tiene que ser plural y diversa». Una argumentación análoga a la que esgrimió el Gobierno para dar entrada en el Consejo de RTVE a sus socios de Junts, ERC, PNV, Podemos y Sumar. Aunque esa sedicente pluralidad haya significado ladear al primer y al tercer partido del Congreso en el órgano decisorio de la corporación y sobrerrepresentar a fuerzas nacionalistas minoritarias.
Tampoco se ven atisbos de diversidad en los nombramientos del Consejo (ratificados para más inri el mismo día de la dana de Valencia), copados por nombres de marcada significación izquierdista y progubernamental.
Y es que esta es precisamente la deriva que ha operado Pedro Sánchez en España: la identificación irreversible entre la izquierda y la España plurinacional.
El avance hacia un plurinacionalismo de izquierdas (tamizado por la idea de la «España federal» del PSOE) es también el telón de fondo del nuevo canal. Algo que se atisba en los primeros movimientos planteados para aumentar la «oferta propia en catalán».
Porque, junto a la dilatación de la franja de los principales espacios de La 2 Cataluña, (los presentados por Gemma Nierga y Danae Boronat), se pondrá en marcha antes de que acabe el año una emisión dual, en castellano y catalán, de la programación infantil del canal Clan.
Resulta inquietante que entre las prioridades de este diseño figure el doblaje de todos los dibujos animados y las series para niños. Porque delata un propósito de instrucción para catalanizar, en un sentido excluyente, a las nuevas generaciones de la población de la región.
Una comunidad en la que, por si fuera poco, rige la discriminatoria escolarización en el sistema de inmersión lingüística, sin que se haya logrado hacer valer las sentencias de los tribunales sobre la obligatoriedad de impartir un mínimo del 25% en castellano.
Saludar la catalanización de TVE equivale a transigir con la idea de que, después de cincuenta años de plena libertad lingüística, el catalán debe ser no sólo protegido, sino priorizado frente al español.
Pero, con más razón cuando ya existen televisiones autonómicas que fomentan las lenguas cooficiales (y en el contexto de desnacionalización en el que se encuentra inmersa España), lo que compete al canal estatal es emplear la lengua de todos en todos los territorios.