La lección del último mes, aunque obvia, podría resultar demasiado difícil de aceptar para un hombre con la perspicacia comercial de Trump. No todo el mundo tiene precio.

Ante este panorama, la hipótesis de una estanflación de carácter global, considerada hasta hace poco como una posibilidad marginal por el consenso de los analistas, se ha convertido en el escenario central.

La probabilidad de que ese escenario se materialice es alta y la forma de abordarle debería ser la principal preocupación de los gobiernos y de los bancos centrales en estos momentos.

En este contexto de tensión bélica, la tentación de buscar culpables externos –señalando a Europa– para justificar el fracaso estratégico de la operación Furia Épica (el intento de derribar la teocracia iraní) es un recurso político comprensible pero inconsistente.

Por un lado, las acciones desplegadas contra Irán por la coalición estadounidense-israelí han sido ejecutadas con una contundencia extraordinaria y sin problemas; por otro, la supuesta falta de disposición europea a colaborar en la apertura del estrecho de Ormuz es un argumento poco sólido.

Mientras Irán conserve la capacidad de realizar ataques no convencionales contra petroleros y metaneros, el riesgo residual es suficiente para que las flotas comerciales y sus aseguradoras se nieguen a transitar la zona.

De cualquier manera, la conversión de Europa en cabeza de turco es un paso más hacia la ruptura de la relación trasatlántica.

Guste o no, haya culpables o no, con razón o sin ella, la Administración Trump tiene una evidente vocación de desengancharse de sus compromisos con sus socios europeos y, con claridad, de su alianza de defensa y seguridad con ellos simbolizada en la OTAN.

Y este es un hecho geopolítico que se acelerará en el horizonte del corto y del medio plazo y cuya expresión será el abandono del apoyo norteamericano a Ucrania. Este será el primer daño colateral de la guerra con Irán.

Dicho eso, se está en vísperas de un shock de oferta de manual. La energía es más cara porque el flujo procedente del Golfo se ha cortado casi en su totalidad y su reanudación está siendo muy incierta y, en cualquier caso, no inmediata.

Ante esta realidad, es imperativo analizar qué debe y, sobre todo, qué no debe hacerse desde la política económica.

La lección de las crisis petroleras de 1973 y 1979 mostraron el fracaso de las recetas keynesianas de expansión monetaria y fiscal para afrontarlas y su resultado fue la estanflación.

¿Qué no debe hacerse? De entrada no hay que intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos mediante transferencias masivas de efectivo, subsidios generalizados al consumo o bajadas de tipos de interés.

Eso es una receta para el desastre. Si la oferta de energía y bienes está restringida y se ha encarecido a causa del conflicto en el Golfo, inyectar dinero para que la gente siga comprando lo mismo solo logrará que el nivel general de precios, la inflación, suba cada vez más.

Del mismo modo, el mantenimiento artificial de rentas resulta contraproducente; cuando el coste de los insumos básicos se dispara, la economía nacional es, de facto, más pobre.

Por añadidura, cualquier intento de ignorar esta pérdida de riqueza mediante el gasto público en un mundo con altos niveles de déficit y de deuda pública abocaría a una crisis fiscal en un buen número de países.

Asimismo, los controles de precios para la energía o alimentos solo conducen al desabastecimiento y a la creación de mercados negros.

Ante un shock de oferta, lo único que pueden y deben hacer los Gobiernos es facilitar el ajuste de la estructura productiva a la nueva realidad de costes.

Esto requiere, ya se ha señalado, la aceptación del empobrecimiento relativo; afirmación dura pero fundamental y es preciso decirlo con claridad.

Un shock de oferta exterior es un impuesto real y los gobiernos deben permitir que los precios relativos cambien para que el consumo se reduzca de forma natural en las áreas más intensivas en energía importada.

En el plano macro, el mantenimiento de la disciplina monetaria es imprescindible, incluso si ello conlleva una recesión técnica a corto plazo, pues ante un shock de oferta no hay ni siquiera a corto plazo una relación de intercambio entre crecimiento e inflación.

Por añadidura, una perturbación que afecta de manera negativa a la oferta exige adoptar medidas destinadas a estimularla para volver a crecer.

Ello implica liberalizar los mercados de bienes, servicios y factores para que la economía se ajuste al shock con los menores costes sociales y económicos posibles, así como reducir los impuestos para incentivar la producción y mejorar la posición financiera de las familias y de las empresas.

La protección debe ser focalizada y no universal, limitando el gasto público estrictamente a una red de seguridad para los más vulnerables, evitando así distorsionar las señales de precios para el resto de la economía.

El único camino para salir del túnel hacia el que vamos es permitir que la economía se ajuste por el lado de la oferta y aceptar que no se puede “imprimir” petróleo ni estabilidad geopolítica.

Solo las economías flexibles con disciplina macro podrán afrontar de manera eficaz el paradigma de una estanflación que, salvo un milagro, se impondrá por la fuerza de los hechos.