Según parece, el propósito de Pablo Iglesias es aprovechar el bloqueo de la renovación de los órganos constitucionales para reproducir en el Consejo General del Poder Judicial la coalición política que ya es hegemónica en el Ejecutivo y en el legislativo. Además de un Gobierno Frankenstein y una mayoría parlamentaria del mismo signo, también una Justicia Frankenstein. En esto consiste fundar un régimen: cuando el bloque de apoyo partidario al Gobierno se expande, con voluntad excluyente, a todos los ámbitos y poderes del Estado.

Imaginen la secuencia. Consolidado el desacuerdo con el PP, el Gobierno procedería a hacer aprobar una ley para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios. Una situación particularmente esperpéntica, porque la nueva norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en un limbo extraño, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.

Promulgada la ley, se procedería a la elección de los 12 vocales por el nuevo método. Cabe suponer que el PP se negaría a participar en el enjuague. En consecuencia, todos ellos saldrían de una negociación interna oficialista. Tantos designados por el PSOE, tantos por Podemos y una porción para cada uno de los aliados nacionalistas: PNV, ERC y Bildu.

El adefesio resultante sería un Gobierno de los jueces compuesto por dos clases de vocales de legitimidades disímiles: 12 delegados del oficialismo y ocho procedentes del periodo anterior. Si, como se ha anunciado, la operación legislativa se consumara prohibiendo que los vocales con el mandato caducado puedan ejercer sus principales competencias (por ejemplo, la designación de magistrados), el paso siguiente sería inhabilitar en la práctica a esos ocho residuos del pasado pluralista y dejar operativos únicamente a los 12 nacidos de la Nueva Mayoría Progresista. Estocada hasta la bola.

Por el camino, se habrían subvertido un puñado de principios constitucionales, la independencia de la Justicia entraría en quiebra, el órgano de gobierno del poder judicial recibiría la hostilidad de la inmensa mayoría de jueces, magistrados y fiscales y la impugnación de medio Parlamento, la renovación de los demás órganos quedaría definitivamente paralizada y el cisma político proseguiría su avance destructivo. Por no hablar del quilombo gigantesco si un par de años más tarde el Tribunal Constitucional declarara inválida la norma.

Este disparate es una típica operación de diseño populista, verbalizada en sus propios términos por el vicepresidente del Gobierno. Se trata —reproduzco sus palabras— de sacar al PP de la elección del CGPJ (Iglesias habla de “sacarlo del Estado”) para meter en su lugar a ERC y Bildu. Exactamente lo mismo que prometió hacer e hizo con Ciudadanos en los Presupuestos, aunque en este caso las consecuencias institucionales serían mucho más graves. La experiencia de estos meses nos ha enseñado a no tomar en vano las cosas que dice Iglesias, porque tienden a hacerse realidad.

Quienes siempre están disponibles para excusar a Sánchez explicarán que este utiliza la bravata de su vicepresidente para forzar al PP a volver a la mesa

Quienes siempre están disponibles para excusar a Sánchez explicarán que este utiliza la bravata de su vicepresidente para forzar al PP a reabrir la negociación, pero que, finalmente, no se atreverá a consumar la cacicada. Puede que haya algo de cierto en lo primero, pero lo segundo no deja de ser una presunción voluntariosa. Lo mismo se dijo antes de que cerrara en 24 horas un pacto de gobierno con Podemos, de que formalizara una mayoría de legislatura plagada de fuerzas extraconstitucionales y de que entregara a ERC un certificado de patriotismo español y a Bildu otro de autenticidad democrática. Siempre hubo una legión de intérpretes avezados pretextando que solo eran amagos tácticos… hasta que dejaron de serlo. Si algo sabemos de Sánchez a estas alturas, es que no hay nada a lo que no se atreva cuando de expandir su poder se trata.

Se dirá, con razón, que en esta ocasión el PP podría enervar la maniobra retomando la negociación para renovar el CGPJ, como mandan la letra y el espíritu de la ley. Es cierto, puede y debe hacerlo. Para empezar, no debería aceptar que el Gobierno actúe como interlocutor en una negociación que corresponde a los grupos parlamentarios. Aunque el rostro negociador sea el ministro de Justicia, este habla en nombre de un Gobierno colegiado del que Podemos forma parte. Puedes exigir hablar únicamente con el Grupo Socialista, pero no sentarte con el Gobierno y pretender que estás vetando a Podemos. Por otra parte, bastante anómalo es que el legislativo decida sobre el judicial para completar la confusión de poderes metiendo también en el ajo al Ejecutivo.

Y si realmente el PP quiere un acuerdo, no puede sostener que no habrá vetos en la cuota de vocales propuestos por cada parte y, a la vez, prohibir al PSOE que incluya en su cuota a quien considere conveniente y cumpla los requisitos de la ley. Todas esas debilidades argumentales servirán para que, si llega a consumarse la fechoría institucional patrocinada por Iglesias, el aparato de propaganda monclovita endilgue la responsabilidad a Pablo Casado. Yo rompo la vajilla y culpo a la derecha del estropicio, una trampa que repiten porque siempre les sale.

La votación presupuestaria ha señalado un camino. La coalición gobernante se impone a sí misma un voto de castidad, se cierra cualquier vía de entendimiento con la oposición y se dispone a actuar durante tres años desde la unilateralidad de su mayoría parlamentaria. El precio a pagar en la práctica es la paralización de todas las grandes reformas que tiene pendientes el país (empezando por la de la Constitución), porque el sistema entero está diseñado para que las reformas estructurales solo sean posibles mediante acuerdos amplios y políticamente diversos. La transversalidad necesaria es parte de la herencia que dejaron los constituyentes del 78; acabar con ella, un obvio propósito destituyente.

La consolidación del bibloquismo en España puede afianzar el poder de Sánchez, pero conduce a la derrota política del reformismo y/o a la quiebra del sistema. Ello lo hace a la vez peligroso y objetivamente reaccionario. Un antirreformista como Iglesias puede defenderlo con coherencia; un reformista coherente no debería negarse a verlo por aquietar la conciencia.