La Moncloa ha perpetrado todos los errores posibles en la crisis del caso Pegasus. Félix Bolaños es el responsable último del funcionamiento del denominado «complejo» de edificios que conforman el espacio de la sede de la presidencia del Ejecutivo en el que se ha encastillado un Sánchez al que se le estrecha el margen de maniobra. Por eso tratará de ampliarlo en los próximos días o semanas. 

Pedro Sánchez —y su larga mano, que ahora ya podemos intuir que nunca fue Iván Redondo, sino Félix Bolaños— puede desclasificar la resolución judicial que autorizó la intervención del teléfono de Pere Aragonès; puede cambiar la adscripción del CNI de Defensa a Presidencia para su control más inmediato y puede cesar a la directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban López, y a Margarita Robles. Su gelidez en el trance de prescindir de colaboradores ya la demostró el pasado mes de julio.

Antes de tomar cualquiera de estas decisiones se dará un tiempo hasta comprobar en qué nivel de verosimilitud se sitúan las posibilidades de una ruptura irreversible con el independentismo vasco y catalán y hasta dónde alcanza la esquizofrenia política e institucional de Unidas Podemos que forma Gobierno con el PSOE. Ayer ya advirtió que «las turbulencias pasarán». Veremos. 

Por el momento, las terminales del independentismo, con insólitas solidaridades, ya han enfilado su cañonería hacia un doble objetivo: la directora del CNI y la ministra de Defensa. Al tiempo, salvaguardan la posición del ministro de la Presidencia, que es la pieza clave de la fallida estrategia de la Moncloa en esta crisis, sin olvidar que nadie ha tenido en el entorno socialista ni una palabra crítica hacia Meritxell Batet, correa de transmisión de Sánchez y Bolaños, para que representantes del separatismo vasco y catalán accedieran a la Comisión de gastos reservados alterando a conveniencia de la Moncloa la mayoría de 3/5 vigente desde hace 36 años para formar parte de la misma. 

Pero en este tiempo de espera provisional, se ha dado barra libre para situar a la directora del CNI al borde del precipicio. La pieza que se quieren cobrar todos los que están desvencijando institución tras institución, con la colaboración del propio Gobierno, son conscientes de que la responsable de los servicios de inteligencia es de caza mayor porque el ejercicio de sus funciones afecta al núcleo duro del Estado.

La cabeza de Paz Esteban López sería un trofeo de tan extraordinaria envergadura que, posiblemente, y apenas añadiéndole una entrevista Sánchez-Aragonès, solventaría la crisis, al menos transitoriamente. Paz Esteban López es una funcionaria a la que se le adjetiva de «ejemplar», «discreta», «eficiente» y «disciplinada» a cualquiera que se le pregunte y tenga conocimiento de causa. 

A diferencia de sus predecesores, Jorge Dezcállar de Mazarredo (2002-2004), diplomático, Alberto Saiz Cortés (2004-2009), ingeniero de montes y exconsejero de la Junta de Castilla-La Mancha, y Félix Sanz Roldán (2009-2019), militar, la actual directora del CNI es funcionaria de ese organismo desde hace cuarenta años; es decir, desde la época del extinto Centro Superior de Información de la Defensa que se constituyó en 1977 y que fue sustituido por el CNI en 2002. 

Sus cualidades, sin embargo, importarán poco a Sánchez si la exigencia de rodar cabezas implica la decapitación de la directora del CNI, que ha actuado —hasta donde podemos y debemos saber— con arreglo a la ley del Centro y del Poder Judicial. Hay más: el Gobierno, al no respaldar a Esteban de forma explícita, está cuestionando también al magistrado del Supremo —Pablo Lucas— que dictó la resolución motivada que amparó la actividad del CNI. El desastre es completo porque si cae arbitrariamente la pieza que representa Paz Esteban, se derrumbarán otras que dejarían al Estado en un descampado institucional.

Pero a tenor de las siempre fiables encuestas de Metroscopia, los ciudadanos parecen más lúcidos que sus dirigentes. Según la encuesta que elaboran José Juan Toharia y Andrés Medina (‘Pulso de España’), cerrada ayer, el 51% de los consultados consideraba «desacertada» la incorporación de ERC a la Comisión de fondos reservados y el 57% la de EH Bildu. De lo que debería tomar nota la presidenta del Congreso. 

También según esta encuesta, el 67% de los consultados piensa que Margarita Robles no debe ser cesada ni dimitir; el 60%, tampoco Paz Esteban López, directora del CNI; el 56% no cree que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, tenga que irse por este asunto y el 62% de los sondeados opina que el caso Pegasus no debería tampoco llevarse por delante a Pedro Sánchez.

Sin embargo, el que menos consenso recaba es Félix Bolaños: el 50% cree que no debe dimitir o ser cesado, pero sí el 37% con un 13% que ‘no sabe no contesta’. O sea, que el que más lesionado ha salido de este envite es el ministro de la Presidencia, aunque según este sondeo, los consultados no quieren que los independentistas se cobren la cabeza de nadie. 

¿Cómo se explica este apoyo a miembros del Gobierno compatible con el incremento de las expectativas electorales del PP y Vox, es decir, de la alternativa a Sánchez? Sencillo: los ciudadanos de este país están más que hartos de los independentistas, de su prepotencia, de su abuso y de su deslealtad. Para resumirlo: hartos de que Puigdemont nos mande a la «mierda» (sic) cuando él es un prófugo incapaz de hacer frente a sus responsabilidades. A ver si Sánchez se entera, porque si no lo hace —quizás sea ya tarde— habrá que volver a recordar la encuesta de ‘El País’ y la Ser del pasado miércoles: mayoría absoluta de las derechas. Dato que el barómetro de El Confidencial, analizado por Ignacio Varela, viene apuntando desde hace tiempo en sus sucesivas entregas. Síganlas.