La vigilancia de los mensajes digitales aconseja a las autoridades españolas cancelar permisos y vacaciones de las fuerzas de seguridad y militares destacados en el enclave norteafricano. El Gobierno de Pedro Sánchez trata de evitar nuevas acusaciones de imprevisión, por la preocupación de que Marruecos vuelva a hacer dejación de la obligación de vigilar su lado de la valla. O permita más salidas a nado de su territorio como las que ya se han cobrado más de un centenar de vidas.

Con la crisis humanitaria en Ceuta aún abierta de par en par, las sucesivas visitas de ministros no sustituyen al imprescindible plan que debe presentar el Ejecutivo para devolver la seguridad y la tranquilidad a los ceutíes. Un programa para el que tiene que recabar toda la ayuda que la UE pueda prestar en esta responsabilidad común, y que tiene como prioridad la atención integral a 1.400 menores no acompañados. Antes de abordar su conflictiva distribución entre las comunidades autónomas, se intentará el reagrupamiento familiar. Una ocasión inmejorable para que Rabat acredite su condición de «aliado fiable».

Para algunos miembros del club comunitario, el Pacto de Migración y Asilo que blinda las fronteras ya no basta, a juzgar por el comunicado suscrito por las primeras ministras de Italia y Dinamarca. En lugar de trasladar al ámbito institucional su inquietud por lo que llaman «inmigración ilegal descontrolada», Giorgia Meloni y Mette Frederiksen eligen la rentabilidad de lanzarse al populismo entre sus respectivos electorados. Las discrepancias de la ultraderechista y la socialdemócrata con las políticas de Sánchez no las habilitan para atribuir a los indocumentados, sin datos, actividades criminales. Menos aún para lanzarse a proclamar que los extranjeros legales aspiran a imponer estilos de vida alejados de los valores europeos, entre los que no figura la xenofobia.