La cuestión en este caso es que, más allá de que Pablo Iglesias haya o no haya intentado situar al mismo nivel a Carles Puigdemont y a los exiliados de la dictadura franquista, el vicepresidente del Gobierno de España ha afirmado que este es, al igual que lo fueron aquellos republicanos ejemplares, un exiliado.

Pero Serra insistió, como Iglesias, en que todos ellos, aquellos y este, son exiliados. Cosa que, por cierto, uno no puede ser ni mucho ni poco, porque uno o es exiliado o no lo es. Y según Podemos, todos ellos lo son.

Ante el desvarío de Pablo Iglesias y Podemos, debe decirse que no lo es en absoluto. Un exiliado es alguien que debe abandonar su país porque en él no es posible defender las ideas democráticas en las que cree.

No es que sus ideas no puedan ponerse en marcha porque no alcanzan la mayoría necesaria. Sino que, siendo democráticas, no pueden ser siquiera defendidas, razón por la cual el Estado perseguirá y detendrá a quien pretenda expresarlas y defenderlas.

Y precisamente para evitar ser perseguido y detenido, se exilia a un país extranjero, lugar donde, durante un tiempo o para siempre, encontrará amparo y cobijo.

Los exiliados de la dictadura franquista huyeron de España para no ser detenidos y encarcelados, dado que no existía libertad de expresión ni posibilidad de defender las ideas en las que creían.

Carles Puigdemont no es un exiliado, sino un prófugo de la Justicia española, alguien que vulneró la legalidad democrática vigente y para nada menos que romper el Estado y la democracia. Razón por la cual decidió huir y evitar así ser juzgado por sus actos delictivos.

Un exiliado es quien debe irse de su país porque no puede allí defender sus ideas políticas, no el que incumple la ley democrática y decide huir para no rendir cuentas ante la Justicia.

Durante un tiempo, y todavía hoy, desde los círculos de Batasuna y el mundo nacionalista (y, cómo no, Pablo Iglesias y Podemos se sumaron a la idea de manera entusiasta), se calificaba a los presos del entorno proetarra o del independentismo catalán como presos políticos. Argumentaban tramposamente que estaban presos por sus ideas políticas.

No fuimos pocos los que alegamos que no están (o estaban) presos por sus ideas políticas, sino por vulnerar (y gravemente) la ley y por cometer delitos tipificados claramente en el Código Penal.

Las ideas políticas también deben ser defendidas respetando escrupulosamente la legalidad vigente, y los políticos no quedan al margen de la obligación de respetar la ley en cualquier caso, del mismo modo que cualquier ciudadano.

Es ciertamente un insulto para los republicanos y exiliados de la dictadura franquista que tuvieron que abandonar España para no ser encarcelados o eliminados que este Gobierno (o parte de él) los compare con Puigdemont.

Un político que pretendió dar un golpe de Estado contra la democracia española, partir en dos a la sociedad, dividir a los ciudadanos y lograr la independencia de Cataluña, detrayendo para ello recursos públicos de los ciudadanos que abonan sus impuestos y cumplen escrupulosamente la ley.

Es un insulto para aquellos republicanos y para cualquier demócrata, y especialmente para los que nos consideramos de verdad de izquierdas, de esa izquierda ahora sin representación institucional que no se vende ni a populistas ni a nacionalistas.

Pero no podemos esperar nada mejor de Podemos y, por lo que parece, tampoco del PSOE, que decidió incluir en el Ejecutivo a la formación populista y nombrar ministro y vicepresidente a una persona de la catadura moral de Pablo Iglesias, y que ahora parece dispuesto a indultar a los golpistas.

A estas alturas del partido, ya sabemos cuáles son las pretensiones de la formación morada. En lugar de ayudar a mejorar España y la vida de sus ciudadanos, confraternizar y dar apoyo a los independentistas que pretenden romperla, sin disimulo alguno, y añadir madera a las brasas del enfrentamiento y la división siempre que tiene ocasión.

Son los grandes defensores del cuanto peor, mejor.

Y siendo esto así, conviene que al menos los ciudadanos que todavía les votan, sepan qué están votando. Y que los que tenemos cierta voz en algunos medios de comunicación, clarifiquemos los términos y hablemos con propiedad. Y pongamos los puntos sobre las íes. Y digamos las cosas como son.

España no es una dictadura desde hace más de 40 años. No hay presos políticos sino políticos presos.

Y no hay exiliados, sino personas que, al vulnerar gravemente la ley y no querer rendir cuentas ante la Justicia, decidieron poner pies en polvorosa y, a diferencia de los exiliados de la dictadura franquista, que las pasaron canutas, vivir en el extranjero a cuerpo de rey.

*** Gorka Maneiro es exdiputado en el Parlamento Vasco y analista político.