EL MUNDO – 14/03/16 – EDITORIAL
· Mientras la falta de entendimiento entre las tres fuerzas constitucionalistas mantienen paralizado el Parlamento y el Gobierno continúa con sus funciones limitadas, en Cataluña, la Generalitat está decidida a pasar de las declaraciones a los hechos. Espoleado por la CUP, la organización antisistema de la que depende la estabilidad del Ejecutivo de ERC y CDC, el Govern ha comenzado a construir uno de los pilares de su programa de «desconexión»: una agencia tributaria propia.
Una iniciativa independentista que debe tener una respuesta jurídica contundente y definitiva por parte de las instituciones democráticas. Porque con ella, la Generalitat pretende socavar la unidad del Estado, usurpando una de sus atribuciones esenciales, como es la recaudación de impuestos en todo el territorio nacional. Si la organización de un referéndum independentista era un asunto de máxima gravedad porque atentaba contra el principio de soberanía, de cruzarse esta línea roja estaríamos ante un punto de difícil retorno.
Si hace apenas un mes Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía, anunciaba la paulatina apertura de nuevas oficinas de la Agencia Tributaria catalana, de las cuatro actuales hasta un total de 140 en esta legislatura, la Generalitat pretende ahora forzar a miles de ciudadanos a pagar los impuestos a través de su propia Hacienda. Dado que por voluntad propia son muy pocos los particulares que tributan en el fisco catalán, el Govern ha decidido empezar a obligar a algunos trabajadores.
Para ello, a partir de una iniciativa parlamentaria promovida por la CUP el pasado mes de noviembre, la Diputación de Barcelona ha anunciado a sus casi 5.000 empleados que el pago del IRPF de sus nóminas será recaudado por la Hacienda catalana y no por la Agencia Tributaria. Se trata de un auténtico golpe de mano institucional que, además de ser arbitrario, abusivo e ilegal, ya que esta decisión no puede tomarse sin el consentimiento de cada uno de los trabajadores, deja a éstos indefensos jurídicamente ante la Hacienda Pública. Supuestamente, la Hacienda catalana sólo puede actuar de intermediaria, pero nadie garantiza que una vez haya recaudado el dinero lo transfiera en tiempo y forma a la Hacienda española, convirtiendo, de no ser así, en infractores fiscales, expuestos a recargos y sanciones administrativas, a estos trabajadores.
Pero el atropello es aún mayor si tenemos en cuenta que lo que la Generalitat pretende es elaborar sus propios ficheros con los datos fiscales de los contribuyentes residentes en Cataluña, que como los del resto de españoles están protegidos por la ley. La Agencia Tributaria ya ha alertado del riesgo que supone que estos datos estén a disposición de demasiados organismos diferentes.
Por todo ello, este nuevo desafío no puede quedar sin respuesta legal y tanto la Fiscalía como el Tribunal Constitucional deben ponerse a trabajar para que no se consuma esta nueva tropelía. Porque se trata de una de las aspiraciones más necesarias para un soberanismo que con su actitud irresponsable y despilfarradora ha llevado a Cataluña a las puertas de la ruina económica y a poner en riesgo los servicios públicos básicos. Con una deuda que asciende a más de 68.000 millones de euros, lo que representa el 33% del PIB, y una acuciante falta de liquidez, que ha llevado al Govern a pedir al Estado más de 7.500 millones procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), no es de extrañar que la Generalitat aspire a gestionar partidas fiscales que no tiene transferidas.
Es paradójico que mientras el Gobierno catalán pide a todos los españoles más dinero para evitar la quiebra, pretende sentar un precedente para ir creando de facto lo que por ley no le está permitido. Esta maniobra independentista que pretende consumar la Generalitat con la complicidad de la Diputación de Barcelona es coherente con la estrategia desplegada desde hace semanas en el Parlament para continuar tramitando las leyes de «desconexión» bloqueadas por el TC en sesiones secretas y evitar así que los servicios jurídicos de la cámara alerten sobre la ilegalidad de las mismos. Para el Govern, la legalidad vigente no opera en Cataluña y no pierden una sola ocasión de demostrarlo.
Es necesario, por tanto, que además de una respuesta jurídica acorde a la magnitud de este nuevo desafío, se dé una respuesta política contundente. Algo que por desgracia un Gobierno en funciones como el actual no puede hacer, por carecer de respaldo y autoridad suficientes. Los tres partidos constitucionalistas han de ser conscientes de que el avance del proceso independentista requiere de ellos una unidad de acción política sin más dilaciones.
EL MUNDO – 14/03/16 – EDITORIAL